El doctor Julio Raffo, diputado de la CABA por Proyecto Sur, propone una ley para regular elfuncionamiento del Bafici. En los fundamentos del proyecto se destaca la amplia audiencia delfestival y “el prestigio internacional obtenido gracias al especial perfil artístico de suprogramación”. Luego de trazar el elogio del Bafici tal cual lo conocemos, el articulado dela ley propone aplastarlo bajo una burocracia administrada por el poder político y lascorporaciones.
El Bafici es un caso extraño de supervivencia: en sus 12 años ha funcionado bajo cincointendentes, cinco secretarios de Cultura y cuatro directores artísticos. A pesar de esos cambios,creció sostenidamente, sostuvo su radicalidad estética, aumentó su audiencia y se mantuvo comoprincipal referente del cine alternativo.
El Bafici ha sido, además, el refugio de muchas películas argentinas que no tienen relación conel Incaa, películas que se filman sin subsidios, productores ni abogados, desde Mundo Grúa(ganadora del premio al mejor director en la primera edición) hasta Invernadero (mejor películaagentina del 2010). Al festival no le vendría mal una ley que le otorgue autonomía financiera ylibertad artística, que lo haga menos dependiente de cambios políticos y de presiones externas.Pero el proyecto de Raffo va en la dirección contraria.
El cine es en todo el mundo una actividad esencialmente comercial. La llamada industria del cinenacional está organizada alrededor de empresas y de asociaciones profesionales. Sus representantesson los que deciden qué películas habrá de subsidiar el Estado argentino, ya que el funcionamientodel Incaa establece –de un modo un tanto medieval– que son las cámaras empresarias ylos sindicatos (productores, directores, técnicos, actores, etc.) quienes detentan el poder. Lomismo ocurre con la Academia del Cine, integrada por los miembros corporativos más prestigiosos deesas entidades. Pero el Bafici, orientado hacia el aspecto artístico, marginal del cine, fue hastaahora una excepción a esa regla, estuvo exento del tironeo industrial y del reparto corporativo queregula el funcionamiento institucional del cine argentino.
La ley Raffo, contrariando una tradición fructífera y democrática, establece que las películasque participen en el Bafici deben ser “producidas por empresas”. Es una disposiciónequivalente a la de requerir que las obras del Museo de Bellas Artes tengan como responsables amarchands, agentes o galeristas en lugar de los artistas plásticos o a que los libros presentadosen un concurso literario provengan de las editoriales. Pero hay cosas peores en la ley. Estareconoce explícitamente que el prestigio del festival proviene de su programación. Y es cierto: losprogramadores son el corazón de un festival moderno e independiente, los que ejercen un trabajo decuraduría que requiere dedicación, conocimiento y contacto con en el mundo a partir de líneasestéticas coherentes y avanzadas. Sin embargo, en todo el proyecto no figura la palabra“programador”. Para elegir las películas se propone, en cambio, un comité de selecciónecléctico similar a los comités del Incaa e integrado por directores, productores, actores otécnicos designados por sus respectivas entidades.
De aprobarse la ley, ninguno de los programadores actuales del Bafici –críticos,académicos, docentes y especialistas–, cuya idoneidad ha quedado demostrada a lo largo de lasseis últimas ediciones, podría continuar ejerciendo su trabajo en el Bafici de Raffo que, por otraparte, seguiría dependiendo de las pesadas estructuras municipales. La ley aparece como el vehículoperfecto para un viejo sueño del pensamiento dominante en materia cultural: terminar con esaspelículas raras que sólo les interesan a los críticos.
