Quien desee comprender la situación institucional argentina no puede limitarse a la percepciónexterna del diseño institucional, sino que deberá adentrarse en el estudio de la práctica de lasreglas que prometen algún éxito en una sociedad institucionalmente débil: un “país al margende la ley”, como lo calificara Carlos S. Nino ya en 1992. El fenómeno no era nuevo. Ya en1933, Ezequiel Martínez Estrada, en Radiografía de la pampa, había expuesto la estructurainstitucional argentina con la siguiente descripción del funcionario público: “Alcanzado elcargo, consigue automáticamente la impunidad, que siempre es inherente a cualquier posicióndestacada; impunidad es ponerse más allá de la sanción ordinaria, por arriba del silencio de losque aspiran a eso mismo. La carrera hacia el poder es la carrera hacia la impunidad [...] Pues sinesa arrogancia [...] se traicionaría un ideal de multitud: hacer fortuna y mandar [...] Elcumplimiento liso y llano del deber haría despreciable la función; en cambio el fraude y el impudorson signos de fuerza, porque en ellos se ve al hombre más poderoso que la función y mástemible”.
Buena parte de los argentinos desconfía de la eficacia de las instituciones, especialmente delas encargadas de formular y aplicar las leyes.
La llamada “desobediencia civil” es un recurso bien conocido que fue practicado conéxito en los Estados Unidos como protesta extrainstitucional en contra, sobre todo, de ladiscriminación racial. Se trataba de un delito jurídicamente injustificable que implicaba laprisión para los “desobedientes”. Más aún: ellos mismos exigían la imposición de unapena para subrayar el carácter de manifiesta desobediencia legal y la necesidad de que losfuncionarios competentes tomaran la Constitución en serio. Lejos de desafiar al Estado, su objetivoera reforzar la eficacia de las instituciones y estimular así la confianza a la que ellasaspiraban.
Muy distinta es la situación de las protestas de los llamados “piqueteros”, cuyaactuación es motivo de indignada e impotente reacción ciudadana y que muy poco tiene que ver con lade sus remotos antecesores en las ciudades petroleras de Neuquén y Salta. Se trata ahora de lamanifestación incontrolada de un factor de poder paralelo al institucionalizado que, invocando laineficacia del Estado para responder a sus reclamos, paradójicamente exige y recibe apoyo oficialpara que sus dirigentes obtengan a veces categoría de funcionarios y simultáneamente practicaformas de violencia callejera y vial que minan la capacidad de respuesta de los organismosencargados de asegurar el orden y hacer valer el Código Penal, que justamente les debería seraplicado a quienes pretenden cultivar esta curiosa forma de desobediencia civil impune. Surge asíuna espiral de confrontación que afecta negativasoludesinstitucionalización que ello implica es unelemento preocupante de la cultura política argentina. Cuando el diálogo y el compromiso en losParlamentos son sustituidos por la violencia y la intrasigencia en calles, plazas y carreteras, secomienza a transitar por una senda que conduce a la destrucción de la democracia representativa, esdecir de la mejor forma de gobierno que el hombre ha creado para asegurar el mayor grado deigualdad y libertad.
En los años treinta del siglo pasado, Herman Heller, el gran teórico del Estado, advirtió en laRepública de Weimar con angustiada certeza: “Si la ciudadanía comienza a creer que lasatisfacción de sus intereses no se logra a través de los recursos legales de la democracia, lo quenos espera es la dictadura”. Y tuvo razón. La historia no se repite pero algo se aprende deella. Conviene entonces no olvidar que estimular abierta o veladamente el surgimiento de sistemasparalelos de distribución de cargas y beneficios es propiciar el suicidio de la democracia y optarpor la alternativa que temió Heller y hoy aflige al demócrata argentino.
*Politólogo argentino, profesor emérito de la Universidad de Maguncia (Alemania).
