Negocios sospechosos con Venezuela, sobreprecios en licitaciones, asociaciones ilícitas,enriquecimientos de todos los colores. Las causas judiciales que investigan a varios funcionariosde la administración kirchnerista son variadas. Pero todas parecen tener algo en común:concentradas en manos de un puñado de jueces federales, avanzan más lento cuando se trata deministros o secretarios que están ocupando sus cargos, y de manera mucho más rápida cuando losacusados se alejan del poder.
PERFIL muestra en estas páginas que la Justicia no suele citar a declaración indagatoria ahombres del Gobierno que permanecen en sus puestos, y que –en cambio– toma esa medidacon más frecuencia con ex funcionarios.
El llamado a indagatoria es útil para medir el avance de una investigación, porque es cuando seimputa un delito de manera formal, y se realiza cuando ya se recolectaron suficientes elementospara sospechar que se cometió una ilegalidad.
En los últimos años, los jueces federales indagaron a varios ex integrantes del PoderEjecutivo después de que se retiraran de la función pública. El caso más notorio es el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, que desde el año 2003 recibió más de una veintena dedenuncias penales, pero se le tomó su primera declaración de ese estilo en marzo de este año.
Otros que fueron citados luego de haber presentado su renuncia son la ex secretaria de MedioAmbiente Romina Picolotti (malversación de fondos públicos) y el ex titular del Organo de Controlde Concesiones Viales) Claudio Uberti (la valija de dólares “bolivarianos” de AntoniniWilson).
Al mismo tiempo, la Justicia todavía no indagó a funcionarios nacionales que siguen firmes ensus despachos, en decenas de expedientes donde se los investiga por distintos delitos y que seencuentran abiertos –en muchos casos– desde hace varios años. En ese grupo seencuentran figuras como el ministro de Planificación, Julio De Vido (Skanska, contratacionesirregulares, sobreprecios, entre otros), el jefe de Gabinete Aníbal Fernández (desobediencia deórdenes judiciales), el secretario de Comercio Guillermo Moreno (Indec, amenazas, abuso deautoridad) y la ministra Desarrollo Social de Alicia Kirchner (irregularidades en los fondos deplanes sociales).
El listado de ex funcionarios kirchneristas que fueron indagados luego de regresar al llano -un fenómeno que también se pudo observar durante gobiernos anteriores- es variado.
El primer ejemplo evidente corresponde al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, querealizó una gestión muy cuestionada y que fue uno de los primeros integrantes del Gobierno quecomenzó a recibir denuncias en los Tribunales.
Durante los seis años que el cordobés se desempeñó en esa función, acumuló un récord de más de25 presentaciones judiciales en contra, por varios delitos que incluían desde enriquecimientoilícito hasta múltiples irregularidades en contrataciones públicas y el manejo de subsidiosmillonarios, además de supuestamente haber recibido costosos regalos y atenciones de las empresasque debía controlar.
A pesar de la cantidad de judiciales que se mantuvieron abiertos durante varios años, estepolémico funcionario fue indagado recién después de que se retiró de su cargo. En efecto, presentósu renuncia el 1 de julio del 2009 y ocho meses después –el 5 de marzo pasado– letomaron su primera declaración indagatoria, en la causa donde terminó procesado por viajar envuelos pagados por empresas de transporte. En los últimos meses también se registraron avances enuna investigación por enriquecimiento, que averigua si es dueño de propiedades millonarias, dondese realizaron varios allanamientos y en abril pasado le trabaron un embargo de 40 millones depesos.
Algo similar sucedió con la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, que a mediadosdel 2007 fue denunciada en la Justicia por malversación de fondos públicos. A pesar del escándalo,el Gobierno la mantuvo en el cargo y durante los siguientes 18 meses no tuvo malas noticiasjudiciales. Pero cuando fue desplazada –en diciembre del 2008– el panorama cambió:menos de un año después fue citada a declaración indagatoria.
Otro caso corresponde a Claudio Uberti, el ex presidente del Occovi, que en agosto de 2007 fuecompañero de viaje del venezolano Antonini Wilson y, pocos días después, renunció a su puesto. Fueel único hombre del kirchnerismo que llamaron a declaración indagatoria –terminósobreseído– en la causa de la famosa valija. El presidente de la empresa Energía Argentina SA(Enarsa), Exequiel Espinosa, viajó en el mismo vuelo y fue responsable de alquilar ese avión, perotodavía continúa en el cargo y fue citado a declarar como “testigo”.
La palabra “declaración indagatoria” y “funcionario” no se combinan,hasta tal punto que el Gobierno prefirió desplazar autoridades que fueron o que iban a ser llamadasa indagatoria. Eso fue lo que sucedió en mayo del 2007, con dos hombres muy comprometidos con laspresuntas coimas de la constructora Skanska: el presidente del Enargas Fulvio Madaro y el gerentede Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Y la misma decisión se tomó dos meses después con FelisaMiceli, que salió eyectada del Ministerio de Economía apenas se conoció que el fiscal GuillermoMarijuan la había citado por el dinero encontrado en el baño de su oficina.
Sin embargo, la Justicia parece avanzar a un ritmo más lento cuando se trata de funcionarios queejercen un cargo, porque no llamó a declaración indagatoria a altos integrantes del PoderEjecutivo, en decenas de causas judiciales donde son investigados por distintos delitos.
El ejemplo más notorio parece ser el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que enla actualidad se encuentra en la mira de más de diez expedientes judiciales, donde se lo investiganpor irregularidades en contrataciones, sobreprecios en obra pública y supuestas coimas.
Pero como si esto fuera poco, además fue el jefe directo de ex funcionarios que están bajo lalupa de la Justicia por supuestos hechos de corrupción: Claudio Uberti (comisiones con Venezuela),Fulvio Madaro (caso Skanska) y el secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Otro integrante del club es el poderoso jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el ministro conmás antigüedad del Gobierno y que ya recibió más de una decena de denuncias.
En los últimos tiempos acumuló varias por desobedecer órdenes judiciales: cuatro por nodesalojar la sede del gremio de aeronavegantes y una que presentó Martín Redrado en el veranopasado, cuando la Policía Federal no lo dejaba entrar al Banco Central.
Entre las denuncias más importantes que enfrentó el ex intendente de Quilmes se encuentra unapresentación por enriquecimiento ilícito, que fue presentada por el abogado Ricardo Monner Sans amediados del año 2008. Y también quedó vinculado a la delicada causa por el triple crimen deGeneral Rodríguez, desde que el principal sospechoso declaró que es amigo de AlejandroGiancristóforo, un integrante de la corriente política liderada por el ministro.
Dentro del listado se encuentra el secretario de Comercio Guillermo Moreno, que tampoco fuellamado a indagatoria en varios expedientes que se abrieron para investigarlo. Acumuló denunciaspor delitos de intimidación, amenazas y abuso de autoridad, tanto hacia empresarios como afuncionarios públicos.
Además, fue denunciado por incumplimiento de deberes y por su actuación en el InstitutoNacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En ese expediente, estuvo cerca de ser indagado: en julio de 2007, el entonces fiscal CarlosStornelli lo citó con ese objetivo, pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral no concretó esepedido.
La ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner es otra funcionaria que no fue llamada aindagatoria. La hermana del ex presidente fue denunciada por supuesto enriquecimiento ilícito, porla compra de tierras fiscales en El Calafate y distintas irregularidades en el manejo de los fondosdestinados a planes sociales de su ministerio.
La lista incluye a Carlos Zannini, el secretario Legal de la Presidencia y hombre de extremaconfianza del matrimonio Kirchner. Está siendo investigado en una megacausa por asociación ilícita,que tiene en la mira a los hombres más importantes del kirchnerismo y en ese mismo expediente fuemencionado por el senador Luis Juez como la persona que le programó una reunión con CristóbalLópez, donde -según su testimonio- el empresario kirchnerista le habrían ofrecido dinero a cambiode hacer negocios en la ciudad de Córdoba.
