Hace cien años, Argentina era uno de los ocho países mas prósperos de la tierra. El ingreso percápita era un 50% mayor que en Italia, 180% mayor que en Japón, y casi cinco veces mayor que enBrasil. En el año 2000, el ingreso per cápita en la Argentina era equivalente a menos de la mitaddel de Italia, según los datos de ingresos per cápita históricos reproducidos por Angus Maddison.Una de las razones de este proceso es que la Argentina se ha convertido –desde el golpe deEstado de 1930– en un país al margen de la ley.
La pregunta obvia es la siguiente: ¿es posible que una sociedad al margen de la ley, como laArgentina desde 1930, se convierta en una nueva sociedad que respete consistentemente la ley, comosucedió en el período 1912-1930? Ese cambio sistémico es posible, como surge de experienciasanálogas de otros países. Y aquí lanzamos una propuesta para producirlo –desde elBicentenario de la República– bajo el liderazgo de la Corte Suprema.
Son varios los ejemplos de cambios sistémicos de sociedades durante el siglo XX. Un ejemplo esel caso de Suecia, que modificó sustantivamente las reglas de tránsito cierto día de 1967. Hastaentonces, seguía el modelo inglés de conducir por la izquierda. Desde ese día, comenzó a conducirpor la derecha. Es significativo examinar el modo en que el Gobierno implementó este cambiosistémico: prohibió conducir vehículos en toda Suecia durante algunas horas ese día.Al cabo de esetiempo de parálisis nacional, comenzó a regir el nuevo modelo: conducir por la derecha. Esaparálisis obligatoria tenía el propósito de que los habitantes suecos pudieran internalizar lasnuevas reglas de juego. Y respetarlas consistentemente a pesar de ser sustancialmente diferentes delas que habían regido hasta entonces.
El 2010 puede ser para la Argentina, lo que 1967 fue para Suecia. Una fecha para introducir uncambio sistémico. En Suecia eso consistió en un cambio profundo de reglas de tránsito. En laArgentina debería consistir en otro cambio estratégico profundo: de país al margen de la ley, apaís dentro de la ley, tal como sucedió en el período 1912-1930.
Un modo para implementar ese cambio es el siguiente. La Corte Suprema debería desempeñarse comotribunal de primera instancia en todos los casos penales contra ex presidentes por actos vinculadoscon la función pública. Debería ser oral, público y por jurado de enjuiciamiento según el régimenvigente en la Provincia de Córdoba, a menos que el Congreso de la Nación prevea un sistema dejuicio por jurados diferente.
Esto tiene tres efectos positivos. Por un lado, ofrece a los ex presidentes la certeza de queeventuales juicios penales en su contra sean los más breves posibles y tramiten ante el mejortribunal que ofrece la República. Por otro lado, las eventuales apelaciones contra la decisión dela Corte deberían tramitar ante los foros extranjeros que prevé el sistema interamericano dederechos humanos previsto en la Constitución Nacional desde 1994. Finalmente, los ex presidentesdeshonestos serían realmente sancionados. Eso demostraría que quien no se comporta bien –pormás poderoso que sea– es efectivamente sancionado. Ese mensaje moral debería destilarse alresto de nuestra sociedad y daría origen a un círculo virtuoso de reconstrucción.
Una norma de esta clase requiere una reforma constitucional puntual, exclusivamente en elartículo 117 que regula el alcance de la jurisdicción originaria de la Corte Suprema. Sería buenoque esta reforma se implemente antes del 25 de mayo de 2010 a raíz del hondo significado simbólicode esta fecha y que fuera de aplicación prospectiva para que se convierta en una bisagra entre elpasado y el futuro de la República. Debería aplicarse desde el gobierno que asuma en 2011.
Si esta propuesta, o una similar, fuera aceptada por el nuevo Congreso, el Bicentenario daríaesperanzas de nacimiento de algo especialmente bueno en la Argentina desde el 25 de mayo de 2010.El nuevo Congreso que asumirá en diciembre de 2009 tiene el poder de abrir esta oportunidad.
*Profesor de Derecho, London School of Economics y Universidad Torcuato Di Tella.
