El sistema previsional argentino ya estaba en crisis a mediados de la década de los 80, cuandola cantidad de jubilados y pensionados era menos de la mitad que los actuales.
En ese momento, la “solución” del gobierno radical consistió en licuar, con lainflación, las jubilaciones más bajas y liquidar mal los pagos de las más elevadas, quebrantando laley y acumulando una deuda que recién se saldó, parcialmente, en la década de los 90 con elproducido de la privatización de YPF.
En esos años noventa, como un mecanismo para superar el problema “hacia delante”, sedecidió incorporar el sistema de capitalización, de manera que una parte de los compromisos con losfuturos jubilados se cancelaran con sus propios ahorros y no con recursos públicos. A lo largo delperíodo, como los aportes de los trabajadores al sistema de reparto no alcanzaban para financiarlos pagos comprometidos, aun después de establecer el sistema de capitalización, se fue agregandoparte de la recaudación del resto de los impuestos para cubrir el déficit de la Anses.
En otras palabras, coexistían un sistema de reparto quebrado, financiado con otros impuestos, yun sistema de capitalización complementario, con serios errores de diseño, aprovechable,básicamente, por los asalariados de mayores ingresos.
En los últimos años, el gobierno kirchnerista, acompañado por una mayoría diversa en elCongreso, avanzó en generalizar la jubilación aun para quienes no habían realizado, por diversasrazones, ningún aporte, convirtiendo dicha jubilación en un subsidio universal e indiscriminado ala vejez (moratoria previsional) para gente pobre y necesitada, pero también para gente rica conrecursos suficientes como para vivir sin un regalo del Estado. A la vez, se fue actualizando lajubilación mínima bien por encima de la inflación, financiando estas mayores erogaciones con la yaconocida solución alfonsinista: licuar las jubilaciones superiores a la mínima desactualizándolas yatrasándolas respecto de la inflación.
Cuando ese esquema se hizo insostenible y cuestionable en la Justicia, se decidió, también de lamano de una mayoría multicolor, expropiar los fondos acumulados por los futuros jubilados en elsistema de capitalización y convertir el flujo de sus ahorros en impuestos para financiar nuevosincrementos de la jubilación mínima (que ya alcanza, por el subsidio mencionado, a más del 70% delos pagos). Mientras tanto, como del stock de ahorros expropiado el 60% es deuda pública, se“vendió” que eso bajaba el riesgo país. Y la limitada liquidez de las inversionesexpropiadas se usa sin control, ni prioridades, como un mal sustituto de un Banco de Desarrollo.Mientras tanto, la contabilidad creativa logra que los cambios en la cotización de los títulospúblicos en tenencia del sistema y los intereses de dicha deuda pública, “pagados” a símismo por el Estado, se conviertan en “ganancias” para financiar el subsidio universala la infancia y respaldar un ficticio fondo de “garantía”.
Cualquiera que repase esta descripción podrá entender que el sistema de reparto que estabaquebrado en los ochenta, que siguió quebrado en los noventa, está ahora más quebrado que nunca, enpresente y en futuro. En presente, porque se le sumaron más de dos millones de jubilados nuevos sinaportes y se financia con más del 40% de impuestos que no tienen que ver con los aportes alsistema. En futuro, porque a esta situación se le suma el hecho de que los expropiados del sistemade capitalización son ahora acreedores de una jubilación futura que hoy no tiene coberturaactuarial, dado que los aportes de hoy, como establece un sistema de reparto que se precie, se usanpara pagar las jubilaciones de hoy.
Dicho de otra manera, aun antes de pretender reconocer un aumento importante de las jubilacionesmínimas para todo el mundo, sea rico o pobre, el sistema requería una discusión profunda para serreformado.
Pero la grave irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo, que inventa subsidios para todos sinfinanciamiento sostenible, obliga ahora a una responsabilidad extra de la actual oposición y futurogobierno. La sociedad argentina tendrá que definir a quién le paga la jubilación, y cuánto. Y aquién deja que ahorre por su cuenta. No hay para todos y, aunque lo hubiera, ¿tiene sentido que el40% del gasto público nacional se destine a pagar jubilaciones?
