Cuál es la posición política de la oposición y la futura actitud que asumirán en caso de ganaren las próximas elecciones respecto de los juicios a los represores de la dictadura? ¿Qué dicensobre este tema el radicalismo cobista, el de Ricardo Alfonsín, el Peronismo Federal, PRO,dirigentes como De Narváez, Reutemann, Macri, Carrió, Solá, Binner? ¿Qué es lo que creenintelectuales enfrentados al kirchnerismo y periodistas críticos del poder que debe hacerse en casode que asuma un nuevo gobierno ante los pedidos de justicia de las Madres y las Abuelas de Plaza deMayo? ¿Cómo seguir con las centenas de juicios a los acusados de violaciones de los derechoshumanos y crímenes de lesa humanidad en los tiempos del Proceso?
¿Qué proponen en relación a la ampliación de los juicios a quienes han perpetrado actos deviolencia en tanto pertenecientes a organizaciones armadas como el ERP y Montoneros durante losaños setenta?
¿Están a favor de un nuevo indulto como dice Duhalde? ¿O, por el contrario, les aseguran a lasasociaciones defensoras de los derechos humanos y a Estela Carlotto, Hebe de Bonafini y otrasmadres y abuelas de desaparecidos, que sus reivindicaciones y exigencias en materia de justicia yverdad serán mantenidas en caso de asumir un nuevo gobierno?
Hoy en día, nos llega una cascada de acusaciones sobre el uso político que hace este Gobierno dela defensa de los derechos humanos. En realidad, este uso y abuso comenzó con el acto de la Esma en2004, hace seis años, momentos en que el vigor de las llamadas de atención que se hacen escuchar enla actualidad, apenas se oían con sordina. Más aún, muchos de los espantados de hoy aplaudíanaquella conmemoración e inauguración en la casa de torturas, cuando ya era claro para quien queríaverlo, la nefasta demagogia de Néstor Kirchner. No se trata, entonces, sólo de denunciar este uso yabuso de la tragedia de la década del setenta con fines de apropiación de espacios de poder yconsolidación de intereses corporativos, sino de manifestarse respecto de qué cambios opermanencias deben suceder en el futuro en relación con la política de los derechos humanos.
Intentaré precisar mi posición en este tema tan complejo. A fines de los noventa estabaentusiasmado con la candidatura a presidente de la Nación de Graciela Fernández Meijide. La voté enlas internas de la Alianza cuando fue derrotada por Fernando de la Rúa. Era conmovedora su lucha ysu disposición a asumir responsabilidades políticas mayores en un escenario de decadenciainstitucional, corrupción sistemática y frivolidad característicos de los finales de la eramenemista. Lo hice público en declaraciones y por escrito. Años después esta adhesión se trasladó ala acción de las abuelas y de Estela Carlotto. Pero hoy mi apoyo no es el mismo, a la vez que siguesiendo el mismo. No creo que sea ésta una confusión personal. La confusión ideológica es un armaaceitada del kirchnerismo y es la epidemia contagiosa de nuestros días. Los Kirchner necesitabanabsolutamente a las Madres y Abuelas para legitimarse y presentar un rostro y manos pulidas, tantoadentro como afuera del país. Muchos ciudadanos también necesitaban esta reivindicación moral, parahacer olvidar la historia de un pueblo que en menos de veinte años había aplaudido el derrocamientode dos presidentes elegidos, votado un par de veces a quien había indultado a los represores yapoyado en las urnas el llamado desguace del Estado.
Esta necesidad funcional a distintos sectores de la ciudadanía y del poder permitió que esteescudo moral cubriera a un personal político que avasalla instituciones, que usa todo tipo demedios para concentrar dinero y atribuciones, que se burla de normas y reglas democráticas, quehace negocios corporativos y luego los extiende o anula de acuerdo a sus conveniencias, que generapermanentes odios entre argentinos para fortalecerse, que usa los ideales de una generacióninspirada en la Revolución Cubana de hace medio siglo, de su ilusión de crear un hombre nuevo y unasociedad más justa, para calentar corazones y crear culpas tan fáciles de sembrar en una cultura enla que el martirologio ajeno justifica cobardías propias. Hay que asegurarles a las madres y a lasabuelas de las víctimas del terror que no necesitan de un gobierno corrupto e inescrupuloso paraseguir en la defensa de sus derechos y su búsqueda de culpables. Son los Kirchner y sus acólitoslos que necesitan de ellas. Las fuerzas políticas alternativas al poder actual deberíancomprometerse a apoyar con los medios jurídicos que establece nuestra constitución en la búsquedade hijos y nietos, con los juicios a torturadores y criminales de Estado, al tiempo que abre unanueva etapa en la construcción de una verdadera democracia republicana. Es decir con una nuevapedagogía respecto de los usos que debemos hacer de las instituciones para detener el deterioro dela esfera pública, para que haya un control efectivo sobre las acciones de los gobernantes y paraeliminar del escenario político a quienes usan el poder para vincularse con sectores financieros,productivos y mediáticos gracias a la conformación de lobbies y asociaciones en beneficio propio.En suma, contra el fraude kirchnerista.
Este gobierno no debe ser una tabla de salvación o la única opción para la búsqueda de la verdadde parte de las víctimas del Proceso.
En lo concerniente a los pedidos de trato equitativo para los derechos de las víctimas de losactos de violencia de las organizaciones guerrilleras, ¿qué posición tener? Desde mi punto de vistahabría que hacer un plebiscito y trataré de explicar el por qué de esta distinción respecto de lasvíctimas del terrorismo de Estado. Desde 1955 hasta 1973, la sociedad argentina vivió bajo unrégimen militar. Las mayorías estaban proscriptas. La juventud que se educó en esa época no teníala posibilidad de bregar por una sociedad más libre y justa con mecanismos garantizados por la Leyy la Constitución. Fue responsabilidad de las fuerzas armadas la militarización de la políticanacional. La elección de la vía armada, por parte de un sector de la juventud de la década delsetenta, es un hecho subordinado a esta responsabilidad mayor de los uniformados institucionales ysus apoyaturas civiles. No se trata ni de uno ni dos demonios, sino de responsabilidadesdiferenciadas. Un plebiscito acotará el debate sobre el tema que hace años se sostiene en lasociedad argentina con trampas ideológicas y conveniencias ajenas a la tragedia de aquella época.Se lo hará con un acto democrático vinculante en el que decidirá la mayoría.
Es cierto que las Madres y las Abuelas no tienen por qué tener confianza en la dirigenciapolítica nacional. Su pasado no la favorece. Pero no por la Ley de Obediencia Debida o Punto Final,en momentos en que un Aldo Rico era golpista y con poder de fuego y no, como ahora, un miembrocómodo, bien financiado y sostenido por el PJ, sino por el deterioro de la clase política en suconjunto. De ahí que deba comprometerse públicamente con un documento escrito.
*Filósofo www.tomasabraham.com.ar
