La madre de todas las batallas avanza.” Así expresaba con satisfacción una voz delGobierno después de la tensa reunión del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, eljueves pasado. Nada de buscar consensos. Nada que se oponga a la decisión irreversible de sacaresta ley antes del 10 de diciembre. La consigna es la de siempre: la del todo o nada.
“El núcleo duro no se toca”, es la orden que hasta el momento baja desde elmatrimonio presidencial. Esto significa que la autoridad nacional de aplicación dependerá del PoderEjecutivo Nacional, que tendrá mayoría de miembros designados por la Presidencia y que las empresasde servicios públicos podrán poseer medios. Este es un punto clave. El Gobierno aspira a que, trasla venta que los empresarios italianos deberán hacer de Telecom y su consiguiente adquisición porparte de grupos nacionales que le son afines, se pueda conformar un multimedios de indudableorientación oficialista. La otra aspiración del matrimonio presidencial es que Telefónica acceda avender Telefe a algún otro grupo económico de filiación K. Hay que recordar el fuerte rumor quehubo en ese sentido después de la caída de la Resolución 125. Estas acciones, por su similitud,traen reminiscencias de lo que quiso hacer el ex presidente Carlos Menem cuando, allá por 1998,estimuló la creación del CEI. La idea de este emprendimiento, encabezado por Richard Handley y RaúlMonetta, era la de comprar medios –lo hicieron con Canal 9 y lo intentaron sin éxito con LaNación– con el objetivo de combatir a Clarín y apoyar la re-reelección de Menem.
Estos puntos, y algunos otros, hacen que las cosas buenas de este proyecto –que lastiene– sean pulverizadas.
Esos dos puntos antes mencionados guardan, al día de hoy, la llave para obtener los votos que eloficialismo necesita para aprobar la ley. “Si esos dos puntos no se modifican en formasubstancial, y no con pequeños retoques, es muy difícil que votemos este proyecto”, reconoceuno de los diputados aliados a Pino Solanas, de quienes el Gobierno tiene la esperanza de obtenerun voto positivo.
Mientras el matrimonio Kirchner está enfrascado en esta “batalla”, algunosfuncionarios del Gobierno sintieron un ligero estremecimiento en las últimas horas. Fueconsecuencia de dos decisiones que adoptó el juez federal Norberto Oyarbide: una, la detención deNéstor Lorenzo, a quien la ex ministra de Salud Graciela Ocaña bautizó como “el Yabrán de losmedicamentos”; la otra, el anuncio de proseguir con la investigación concerniente alimpactante incremento patrimonial de los Kirchner. En el primero de los casos, además, el juezconfirmó el hallazgo de fotocopias de cheques hechos en calidad de aportes a la campaña de la Dra.Fernández de Kirchner. Ante esto, algunas luces amarillas se han encendido en la Casa Rosada.
Claro que éste no es el único problema que tiene el país. En las provincias las cosas estáncomplicadas. Y en la provincia de Buenos Aires lo están mucho más. Al primer Estado argentino losacude un déficit que, para el fin de este año, se calcula en cinco mil millones de pesos. Estasituación complica enormemente a Daniel Scioli, cuya gestión es materia de crecientes críticas nosólo dentro de la oposición sino también dentro de las filas del kirchnerismo. Scioli necesita, porlo tanto, el apoyo inexorable de la Nación. Por eso debió tragarse el sapo de forzar la renuncia dequien fuera, hasta el miércoles de la semana última, su ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó.“Lo hizo echar Néstor Kirchner”, confirmó, con tono ufano, alguien que habita la CasaRosada. La humillación política a la que los Kirchner vienen sometiendo al gobernador de laprovincia de Buenos Aires parece no tener límites. Es, en definitiva, la repetición de aquellasotras que le hicieron padecer cuando el ex motonauta era vicepresidente de la Nación.
El pecado del renunciado ministro Emilio Monzó fue el de haber abierto un canal de diálogo conlos sectores del campo. No es que se hubiera desmarcado totalmente de la línea establecida por elGobierno nacional. Tanto es así que había sostenido, incluso, el controvertido veto de laPresidenta a la ley que declaraba la emergencia agropecuaria en 22 distritos del interiorbonaerense. Lo que tenía de diferente Monzó era que abría la puerta de su despacho a los dirigentesdel sector agropecuario para escucharlos y dialogar con ellos, así como también visitarlos en susrespectivos distritos. Esto fue demasiado. “Nunca tuve la confianza de NéstorKirchner”, reconoció el hoy desplazado ministro. Si su salida produjo inquietud en el sector,la designación de su sucesor causó un desasosiego aún mayor. El nuevo ministro, Ariel Franetovich,quien hasta ahora se venía desempeñando como intendente de Chivilcoy, es un hombre que responde alministro del Interior, Florencio Randazzo. Como tal, tuvo una dura postura contra la Mesa de Enlaceen todo el episodio de la Resolución 125.
Solucionar el problema de miles y miles de productores pequeños es algo que al Gobierno nole interesa. Su único objetivo es que la protesta continúe y, a través de ella, el sectorse desgate y se divida. Estuvo a punto de lograrlo el jueves pasado. Fue durante la reunión que laMesa de Enlace tuvo en la sede de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Allí, la FederaciónAgraria (FAA) sostuvo la necesidad de prolongar el paro. Esto fue producto de la presión enorme ycreciente que ejercen las bases, en las que el nivel de descontento y bronca crece día tras día.Las otras tres entidades –es decir la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y CRA–se opusieron. La FAA perdió la votación, a pesar de lo cual sus dirigentes comprendieron que unaruptura debilitaría fuertemente al sector. “Le hubiéramos dado al Gobierno un triunfopolítico que no estamos dispuestos a conceder”, reconoció una voz de la dirigenciaruralista.
Volviendo a la situación de la provincia de Buenos Aires, hay que decir que una crecientedesazón atraviesa a buena parte de las segundas líneas políticas de la administración Scioli. Allíhay dos hechos que alarman: uno es la falta de cambios en la gestión del gobernador, a la que secalifica de decididamente mala; el otro, el “rojo” de las cuentas fiscales, que seestima en cinco mil millones de pesos. El gobernador está buscando sacar plata desde abajo de laspiedras. Por eso es que está pensando en nuevos impuestos. Uno de ellos es el de la herencia. Hubouna consulta al ex director de la Agencia Recaudatoria de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya.“Eso reportaría, a lo sumo, unos 400 millones de pesos; sería como querer tapar el sol conlas manos. Lo que hay que hacer es una reforma tributaria en serio”, fue la lapidariarespuesta del hombre a quien Scioli también tuvo que echar por imposición del ex presidente enfunciones.
En la oposición las cosas también están complicadas. Y en donde lo están más es enla Coalición Cívica. Habrá que ver qué pasa con las gestiones de última hora que el titular de laUCR, Gerardo Morales, está llevando adelante para evitar la que parece ser, hasta ahora, la crónicade una ruptura anunciada entre Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. Es curioso, y a la vez patético,observar un nivel de intolerancia tal que hace imposible la existencia de la más mínima de lasdivergencias. Es, además, paradojal, porque éste es un de los rasgos característicos delkirchnerismo, del cual la Coalición es tan fuertemente crítica.
En la semana que pasó, hubo una importante reunión dentro del radicalismo.Participaron de ella Julio Cobos, Gerardo Morales, el senador por Mendoza Ernesto Sanz y el exgobernador del Chaco Angel Rozas. Allí se buscó consensuar un candidato de unidad con vistas a lasinternas de la UCR. Cobos sostenía la candidatura del ex diputado mendocino Raúl Eduardo Baglini.Esto no fue compartido por los otros. Así, pues, y con la intención de generar acuerdos, surgió elnombre del senador Sanz como candidato de unidad.
En el medio del fárrago de tanta pelea, pasó inadvertido un hecho no menor. Fue la decisión delos profesores de la Universidad de Buenos Aires de no participar del consejo asesor con el que elGobierno quiso darle un disfraz de credibilidad al surrealismo que impera hoy en día en el INDEK.Fue éste un final cantado, ya que ningún docente quiso arriesgar su prestigio al servicio de unacausa con rasgos de cruzada y destino de abismo. Algunos pocos que dudaron terminaron deconvencerse de la inconveniencia de decir que sí cuando escucharon al actual director delInstituto, Norberto Itzcovich, comunicar que no se revisarían los índices, dando por tierra con lapromesa hecha, en el sentido contrario, por el ministro de Economía. Al respecto, en lafinalización del congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología que se desarrolló en laFacultad de Medicina, en el que participaron especialistas en las mediciones que desarrolla elINDEK, se aprobó una resolución condenatoria de la actual situación que se vive en el Instituto yse les pidió a las universidades del país que no se prestasen a participar, a través de susprofesores, en ninguna tarea de asesoramiento.
Como dijo alguna vez uno de los predecesores de Boudou: “Pobre Amado, le está pasando lomismo que a mí; se la creyó”.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
