La sospecha sobre una diplomacia paralela provocó una discusión vívida sobre la confidencialidaden la actuación internacional del Estado. Nuestra Ley del Servicio Exterior admite cierta reservaen las relaciones exteriores, aunque, por supuesto, también exige de los funcionarios el estrictorespeto a la ley.
El secreto diplomático, de tal forma, no es absoluto. Como cualquier acto de Estado, debeadecuarse a estándares de transparencia y ética públicas. Puede justificarse en interés de laseguridad de la Nación o para preservar la discreción en negociaciones sensibles, pero esinaceptable cuando ampara cuestiones ajenas a los intereses legítimos de la Nación.
El alcance de la confidencialidad puede ser precisado en cada caso concreto por vía deinterpretación legislativa o judicial. Y el enfoque correcto reclama acotar o prohibir lasinterpretaciones exageradamente restrictivas del escrutinio público. La regla es la transparencia yel secreto excepcional para permitir el control del Ejecutivo por parte de los otros poderes. Elartículo 27 de la Constitución manda al gobierno federal afianzar sus relaciones de paz y comerciopor medio de tratados “en conformidad con los principios de derecho público establecidos enesta Constitución”, y éstos principios reclaman el acceso a la información. El secreto sóloabarca a aquellos asuntos cuya publicidad pueda comprometer la seguridad de la Nación o laconducción de sus relaciones internacionales. La discreción diplomática no justifica elincumplimiento de nuestras obligaciones para la protección de los derechos humanos, o la prevencióny lucha contra la corrupción.
La diplomacia como instrumento de avance de intereses es incompatible con una democraciarobusta. El contenido y la forma de nuestra política exterior deben participar de una visióncomprometida con valores universales. Un Estado moralmente defendible exige control y el ámbitodiplomático no es su excepción. La diplomacia transparente debe ser nuestra política de Estado.
*Diputado de la Unión Cívica Radical.
