La reacción popular de los vecinos –recordemos, a los de Valentín Alsina y Lanús–,hastiados ante la ineficacia del sistema político dominante y de la Policía para garantizar elderecho a la seguridad, no debiera utilizarse para reinstalar soluciones simplistas que parecendecir que con sólo bajar la edad de imputabilidad de los menores se resuelve la situación. En estedebate hay algunos ejes que no pueden perderse de vista: ningún pibe nace chorro o asesino. Si unpaís acepta –como regla de su organización– que un 35% de la población esté ensituación de pobreza (14 millones de personas, de las cuales la mitad son menores de 18 años), esun acto de hipocresía social entender que la solución al delito pase por penalizarlo. En laArgentina, más de la mitad de los pobres son pibes y más de la mitad de los pibes son pobres.
Suponer que con encerrar de por vida al menor (o, incluso matarlo, aplicando la pena demuerte) que asesinara al vecino de Lanús para robarle un auto se soluciona el problema puede tenerdos interpretaciones. Por un lado, la ignorancia absoluta sobre las características del delito quese estaba consumando y, por el otro, la decisión política de no hablar de los problemas quedeterminan las situaciones de seguridad terminan poniendo parches que cortan por lo más delgado.Debiera entenderse que el menor que robaba el auto no lo hacía de manera autónoma para mejorar sumovilidad personal. Es, en realidad, el eslabón más débil de una cadena comercial y económica quees capaz de reingresar el auto completo o transformado en repuestos al mercado automotor legal,haciendo pingües ganancias.
Dicho de otro modo, detrás de la violencia y el crimen hay un mercado con una organizaciónempresarial que lucra con esta manifestación de inseguridad. Mercados son también el narcotráfico,los secuestros, el tráfico de armas, la prostitución, la trata de personas y el juego, que enmuchos casos actúa como articulador de los negocios mencionados.
¿Dónde están las políticas de Estado que, identificando el funcionamiento de esos mercados,actúen desarticulándolos con el uso del control policial, con la fiscalización impositiva yaduanera, y con la decisión política de clausurar desarmaderos, prostíbulos, laboratoriosclandestinos, etc.? Si el crimen violento es expresión del funcionamiento de mercados concretos,que se reproducen ampliando sus beneficios, es obvio que por más castigo que exista sobre un menorde 14 años, habrá siempre otro menor dispuesto a todo (entre otras cosas, a matar o morir) parasalir de la situación sin horizonte ni perspectivas que esta Argentina de 14 millones de pobres–y sólo cuatro de cada diez trabajadores en blanco– le propone.
Por último, no pueden quedar afuera del análisis las responsabilidades políticas y de laspropias instituciones de seguridad (Policía y demás fuerzas de seguridad, Sistema Penitenciario,Poder Judicial, etc.). Es obvio que ningún desarmadero de autos puede funcionar sin protecciónpolicial y política, y es claro, por lo tanto, que el desafío que tiene la democracia es romper undoble pacto. Aquél por el cual segmentos del poder político protegen y otorgan impunidad a unaccionar policial que, a su vez, vía control territorial, protege al delito.
No es necesario dar nombres. Está claro que si existen estructuras políticas que hace décadasgobiernan el Conurbano, la ineficacia se parece demasiado a la complicidad. Difícilmente, si losmismos de siempre siguen gobernando el Conurbano, la seguridad pueda mejorar. Por otra parte, hahabido un pacto entre el gobierno de Kirchner y el de Macri, por el cual se ha postergado el avancede la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, para mantener intacto el poder de la Policía Federal.Sin cambios en la Federal, sin replanteo institucional en el Conurbano y sin identificar a losmercaderes de la violencia y el crimen no habrá seguridad en la Argentina.
*Diputado nacional de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur.
