Como vengo sosteniendo desde esta columna desde hace tiempo, la idea de que la inflaciónargentina es el precio a pagar por mantener alto el crecimiento y bajo el desempleo es interesante,pero falsa.
Gran parte de los países de la región están creciendo igual o más, con buena situación para sustrabajadores, mejor distribución del ingreso y muy bajas tasas de inflación.
Lo que sí es cierto es que este particular “modelo” de crecimiento necesita, sindudas, una tasa de inflación claramente superior a la media del mundo.
En efecto, el actual esquema de expansión se sostuvo, primero, con la amplificación delextraordinario contexto internacional, mediante una política cambiaria que maximizó el ingreso enpesos de los productores de exportables, protegió a los sustitutos de importaciones y le permitióal Gobierno recaudar retenciones a la exportación como “socio” de los exportadores.
En otras palabras, mientras la mayoría de los países de la región moderaron el efecto delfavorable “shock internacional” revaluando sus monedas, la Argentina devaluaba elpeso.
¿Por qué hubo que ir a “contramano” en materia cambiaria? Porque la falta de uncontexto institucional y de mercado de capitales razonable, y una política de gasto público(moratoria previsional, subsidios a los precios de servicios y ciertos alimentos, aumentos deempleo y salarios públicos, etc.) explosiva obligó, por un lado, a generar tasas de rentabilidadelevadas para los sustitutos de importaciones para que se autofinanciaran y, por el otro, mayoresingresos en pesos para los exportadores, también para que se autofinanciaran y, a la vez, podercobrarles más impuestos (retenciones).
La crisis con el campo frenó el intento de aumentar aún más los impuestos a la exportación, y lacrisis mundial, después, alteró el contexto de extraordinarios precios internacionales y frenó lademanda automotriz brasileña.
Este nuevo escenario obligó a medidas extravagantes de financiamiento del populismo, básicamentela expropiación de los fondos de pensión.
Cuando llegó la “calma” internacional, la tasa de inflación ya estaba desbordada porla imposibilidad de seguir sosteniendo artificialmente bajo el precio de los alimentos –porfalta de oferta, en especial la carne– y de los combustibles, y por la expansión de laliquidez del Banco Central, en su intento de sostener el tipo de cambio nominal y, simultáneamente,mantener una elevada liquidez para consolidar bajas tasas de interés y estimular el crédito decorto plazo.
La aceleración de la tasa de inflación vivida desde mediados de 2006 fue una combinación de unapolítica cambiaria a contramano de la región (devaluar versus apreciar), una política de desalientode la oferta de alimentos y energía –que terminó obligando a reconocer los precios que seintentaban mantener bajos a través de subsidios, controles y prohibiciones– y una políticamonetaria de expansión de la liquidez, todo esto puesto “al servicio” de un fuertecrecimiento del gasto público infinanciable de forma “tradicional”.
Hasta ahora, justo es reconocerlo, la indexación salarial en el caso de los trabajadoresformales, ajustes más o menos importantes en las jubilaciones mínimas, el mantenimiento de lossubsidios y precios políticos para un conjunto de bienes y servicios, y el bajo desempleo, hanlogrado disimular, al menos parcialmente, los efectos nocivos de la alta inflación sobre elcrecimiento y la distribución del ingreso.
Y les han permitido al Gobierno y a sus aliados minimizar los archiconocidos efectos negativosde esa alta inflación. Pero lo preocupante, en todo caso, es que recién ahora, a todo lo descripto,se suma el hecho de que el Banco Central tendrá que financiar más intensamente con emisión la faltade recursos genuinos para seguir aumentando el gasto, lo que obligará a medidas de absorción de esaliquidez excedente, si no se quiere que la inflación siga escalando.
Reformulando, entonces, el dilema del comienzo de estas líneas: la inflación de dos dígitosactual no ha sido el precio a pagar por crecer y mantener bajo el desempleo, sino que ha sido elprecio a pagar por crecer a través de una política intensiva en gasto público –ineficiente ymuy poco “progre”– y por tratar de compensar, con “pseudoheterodoxia”, la falta de instituciones, mercado de capitales y aliento genuino a lainversión y a la producción.
