A partir de la declaración del ministro de Economía, Amado Boudou, afirmando que la inflación esun problema sólo para las clases medias y altas, se desató una polémica con críticas provenientesdesde distintos sectores del pensamiento económico y de la vida política nacional (incluso delpropio oficialismo).
Está comprobado que la inflación es un fenómeno regresivo, que erosiona directamente el poderadquisitivo de aquellos que viven de ingresos fijos. Se genera, en consecuencia, una redistribucióndel ingreso desde los asalariados hacia el resto de los sectores. Una inflación impulsada por elaumento de los precios de los alimentos es aún más regresiva, dado que, además de reducir elsalario real, arremete contra el ingreso de aquellos que tienen una mayor propensión a consumir loesencial.
Nuestra inflación genera más pobreza e indigencia porque encarece el precio de los bienesbásicos, que representan –en la mayoría de los casos– la totalidad del consumo de lasclases sociales de menores recursos. De acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor elaboradopor Economía&Regiones (IPC E&R), entre octubre de este año y el mismo mes del año pasado,los precios minoristas habrían acumulado un incremento promedio del 25,3 por ciento.
Sin embargo, al analizar el impacto de dicho aumento en las distintas clases sociales, seobserva que los más afectados por la inflación son los de ingresos más bajos: los indigentes (28%)y los pobres (26,9%). Por otra parte, la variación fue inferior para el grupo de mayores ingresos:la clase media alta (25,7) y la clase alta (24%).
La diferencia se explica en el aumento de los alimentos y en el crecimiento más moderado de losprecios de los servicios, que tienen una mayor incidencia en la canasta de consumos de las clasesmedias y altas. Esta tendencia se explica al considerar que las tarifas públicas se encuentrancontenidas por el Gobierno nacional que intenta, por ese medio, frenar la inflación.
Los alimentos y bebidas, por su parte, no dejaron de estar en la mira de la secretaria deComercio, pero en estos rubros la política antiinflacionaria se limitó a intervenir en el mercadotratando de frenar, sin éxito, los precios de los productos más importantes de la dieta de lapoblación.
El caso más serio es el de la carne. La faena presenta una merma del 23% para el primer semestrede este año, respecto del mismo período del año anterior. La política de precios máximos (y cuposde exportación) que instauró esta administración para intentar contener la inflación a partir delaño 2006, trajo aparejada una caída en la rentabilidad del sector; que además de generar unacontracción de la oferta, fue disipando los stocks existentes y llevándolos a niveles mínimoshistóricos.
En la Argentina, el fenómeno inflacionario es multicausal. Deviene de las políticas públicas deimpulso a la demanda agregada (política fiscal expansiva, inyección de liquidez) en un contexto deinsuficiente inversión y con una alta utilización de la capacidad instalada.
El impacto de la suba del precio de las materias primas en el mundo también tiene susconsecuencias internas. Sin embargo, el caso más relevante para el consumo local, el valor de lacarne vacuna, no responde a los vaivenes globales: el precio internacional mostró en los últimosdoce meses un aumento del 19%, contra el 114% de incremento en las góndolas de nuestrossupermercados.
Por otro lado, la falta de competencia y las conductas censurables respecto de acuerdos deprecios entre las empresas tienen siempre secuelas inflacionarias, pero no en una magnitud quepueda explicar una suba de precios de más del 25% anual.
Hoy no están dadas las condiciones para una espiralización descontrolada de los precios. Noobstante, hay que entender que la inflación es un problema grave.
Tanto la teoría económica como la evidencia empírica han demostrado que, si bien puede en elcorto plazo impulsar artificialmente el nivel de actividad, reduce la tasa potencial de crecimientoeconómico de largo plazo, ya que desincentiva el ahorro (el crédito) y la inversión. Por otraparte, la estabilidad de precios es condición necesaria para reducir la pobreza y laindigencia.
Hay otro aspecto, menos analizado, y que tiene correlatos políticos: es el efecto de lainflación sobre la ética ciudadana. Entre los más humildes, se está produciendo una sustitución deingresos que resultan del trabajo (en general del sector informal), por planes asistencialesoriginados en una caja pública que –todavía– luce robusta. El ingreso por el trabajo selicua.
En su lugar, las familias viven de recursos repartidos, más o menos discrecionalmente: loschicos aportan las asignaciones universales por hijo; la abuela, la jubilación para amas de casa;el abuelo, una jubilación inesperada, producto de la moratoria previsional de 2009; todo esto sincontar con la posibilidad de que alguno de los padres sea beneficiado por el Programa Familias, opor alguno de los tantos programas que manejan con probada eficacia el Ministerio de DesarrolloSocial o el de Trabajo.
Estos planes sufren también la desvalorización por la suba de precios, pero sumados, permiten aesas familias transitar circunstancialmente este contexto.
Pero, en esa sustitución de trabajo por asistencia social, la comunidad argentina pierdeautoestima, capacidad de trabajo y conciencia ciudadana.
