Las conversaciones son cada vez más frecuentes. No es novedad que muchos intendentesjusticialistas de la provincia de Buenos Aires hablan a diario con Eduardo Duhalde. En esas charlasle expresan tanto el desamor que sienten hacia Néstor Kirchner como la sumisión que le profesan,producto del temor a un castigo que los deje sin caja y, por lo tanto, sin gestión y sin poder.Alguien que supo trabajar a su lado razona así: “La decisión de Duhalde está y se va a irconsolidando. Al ex presidente lo obsesiona la idea de regenerar un ámbito de buena convivenciapolítica entre los distintos partidos. Por eso el jueves próximo va a compartir la apertura delcoloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) con Rodolfo Terragno.Ahora, desde el punto de vista partidario, su primer objetivo es la reconstrucción deljusticialismo bonaerense. Después vendrá el despliegue de esa misma acción en el ámbito nacional.Imagina que con Néstor Kirchner como candidato, el peronismo no tiene ninguna chance de ganar laselecciones presidenciales de 2011; pero lo preocupa aún más el hecho de que, ante esa eventualidad,Kirchner quede posicionado como jefe de la oposición. En ese caso, piensa que la gobernabilidadpara la futura administración sería difícil; y si el nuevo presidente fuera Cobos, directamenteimposible”.
Por estos días, uno de los principales motores que ayuda al crecimiento de la opción Duhalde esla ausencia cada vez más notable de Carlos Reutemann.
“¿Dónde está?”, es la pregunta que se hacen muchos de los que quieren seguirapoyándolo, quienes ven con preocupación cómo, en la provincia de Santa Fe, dirigentes que aúnestán a su lado están comenzando a pensar en nuevos horizontes políticos. Ahí, entonces, aparecenno sólo Eduardo Duhalde sino también Felipe Solá y Francisco de Narváez.
Todas las iniciativas que viene impulsando en forma frenética el Gobierno nacional estánorientadas a un solo objetivo: la reelección de Néstor Kirchner. Hay que reconocer que, hasta aquí,el Gobierno viene ganando. La aprobación de la Ley de Medios y del presupuesto son muestrasindiscutibles de ello.
En ese sentido, vale la pena hacer hincapié en el acápite del presupuesto que contempla ladistribución de 1.500 millones de pesos entre organizaciones sociales con el objetivo de crear 100mil puestos de trabajo. El detalle, no menor por cierto, de que esto será manejado por losintendentes afines al kirchnerismo le da a la iniciativa un olor a clientelismo político queapesta.
En tren de lo electoral, el próximo instrumento que el Gobierno está queriendo imponer es elde la ley de reforma política. Hagamos aquí un poco de historia.
La Ley Orgánica de los Partidos Políticos lleva el número 25.611 y fue sancionada durante lapresidencia de Eduardo Duhalde el 4 de julio de 2002, a modo de respuesta a la profunda crisispolítica que en aquel tiempo quedó resumida por la frase “que se vayan todos”. La leyfue aprobada por 152 votos a favor, habiendo 34 en contra. La norma la votaron positivamentejusticialistas, cavallistas, frepasistas y radicales; en tanto que los que se opusieron fueronAutodeterminación y Libertad, el ARI, Izquierda Unida y los partidos provinciales.
La ley establecía, entre otras cosas, que los candidatos a presidente y vice de la Nación,senadores y diputados serían elegidos en comicios internos, abiertos y simultáneos para los que seutilizaría el padrón electoral nacional, con una campaña que no podría durar más de un mes y conuna restricción sobre la publicidad electoral que no podría ser emitida por más de diez días.
Lo curioso del episodio fue que la ley nunca se aplicó ya que, una vez promulgada, se lepidió a la Justicia Electoral la suspensión por “única vez” de la norma. Esto ocurrióen las elecciones de abril de 2003.
Esta fue una maniobra elaborada por Duhalde y destinada a perjudicar a Carlos Menem, quienhubiera sido el seguro ganador de esa interna.
El mismo Néstor Kirchner, que hoy se muestra, junto a su esposa, como fervoroso impulsor dela reforma política, suspendió también la aplicación de la Ley 25.611 en 2005 y, para laselecciones de 2007, directamente la hizo derogar a través de un proyecto de ley que fue aprobadomayoritariamente por ambas cámaras del Congreso.
No hay duda de que la Argentina tiene la necesidad imperiosa de regenerar un sistema departidos políticos bien consolidados, sin los cuales no hay posibilidad de implementar ningúnproyecto.
Las internas son instrumentos esenciales para propender a esa consolidación. Estos son ítemsindiscutibles.
El problema surge, otra vez, con las reales intenciones del matrimonio Kirchner. ¿Por qué esque ahora se muestran tan “entusiasmados” con impulsar una reforma que contiene muchasde las disposiciones que antes derogaron? ¿Por qué tanto apuro?
La verdad es que Néstor y Cristina Kirchner propulsan esta reforma como respuesta a laderrota del 28 de junio pasado.
Con esta ley, lo que buscan es un instrumento que los ayude no a convencer sino a someter.Esta iniciativa pide a gritos niveles de consenso que ni hoy ni nunca los Kirchner pretendieronlograr.
Hoy se expande sobre la Argentina el germen de la intolerancia. Hay una repetición de prácticasviolentas que inquietan.
Lo sucedido al senador Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, en SanSalvador de Jujuy; la manifestación de repudio a su persona encabezada por el piquetero oficialistaLuis D’Elía, flanqueado por Fernando Esteche, el líder de Quebracho, una organizaciónparadigmática de la intolerancia y la violencia, y la toma del Concejo Deliberante de la ciudad deMar del Plata dan testimonio de un crescendo peligroso.
Son todos hechos tan repudiables e inquietantes como los escraches que debieron sufrir algunavez el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria, el diputado oficialistaCarlos Kunkel o el gobernador Daniel Scioli. La sociedad reclama poner un freno a esto.
El tema de la distribución de fondos destinados a la ayuda social a través de organizacionessociales afines al Gobierno es muy delicado. Es un hecho que, a la larga o a la corta, estametodología presenta el riesgo de derivar en conductas clientelares. ¿Con qué criterio se les da aunos lo que se les niega a otros? ¿Será sólo el criterio de la eficiencia? ¿Por qué es queorganizaciones sociales encabezadas por líderes que tienen posiciones críticas al Gobierno quedanexcluidas de esa ayuda? ¿Qué va a pasar el día que haya otro gobierno que pretenda encarar la ayudasocial de manera diferente?
La semana ha dejado en posición maltrecha al gobierno de Mauricio Macri a causa del episodiosuscitado con el ex integrante de la Policía Federal Ciro James, quien se encuentra encarcelado,acusado de llevar adelante tareas de espionaje contra Sergio Burnstein, cuya esposa falleció en elatentado contra la AMIA, y Carlos Avila, el ex propietario de TyC y el canal América.
La situación es delicada para el gobierno municipal, sea que haya existido quien, desde suinterior, montó un operativo para espiar al Sr. Burnstein durante el tiempo en que éste criticóduramente la postulación del comisario Jorge “Fino” Palacios como jefe de la PolicíaMetropolitana, sea que el gobierno de Macri haya sido sorprendido por una operación de inteligenciatendiente a minar las bases de esa nueva fuerza de seguridad. Las explicaciones del ministro deEducación, Mariano Narodowski, y sobre todo las de su colega de Seguridad, Guillermo Montenegro,fueron de una endeblez pavorosa. En el caso de éste, además, algunas de sus afirmaciones fuerondesmentidas por el hasta ahora jefe de la Policía Metropolitana, comisario Osvaldo Chamorro, quienafirmó que conocía los antecedentes de James como miembro de la Policía Federal y que esto constabaen su solicitud de ingreso, cosa que Montenegro había negado.
“Yo se lo presenté a Chamorro” reconoció ayer, en un reportaje a La Nación, elcomisario Palacios. Más claro, agua.
Es un secreto a voces que tanto en el Gobierno nacional como en la Policía Federal están quetrinan con la Policía Metropolitana.
La nueva policía va a tocar cotos que hasta aquí han sido exclusivos de la Federal. Unconocedor de ese submundo lo confirma para agregar que “el amateurismo de Macri, tanto con ladesignación de Palacios, insostenible por su delicada situación judicial en el caso de la AMIA, asícomo también por la forma de manejar este hecho, no deja de sorprender”.
La situación del comisario Palacios y la de Chamorro es posible que se complique en lospróximos días, si es que se confirma la versión que dice que el juez federal Norberto Oyarbide, acargo de la causa, piensa procesarlos.
En países con otra jerarquía institucional, un hecho como éste terminaría con las renunciasde los ministros Montenegro y Narodowsky, y del comisario Chamorro.
Hablando de complicaciones, también es de cuidado la posición del presidente de AerolíneasArgentinas, Mariano Recalde, quien perdió la oportunidad que tuvo de, por lo menos, hablar con laverdad cuando decidió salir a descalificar la información sobre el bochornoso vuelo AR 1204 en elque, junto a otros amigos del poder, viajó a Montevideo para darse el gusto de ver ganar a laSelección de la Argentina frente a la de Uruguay por 1 a 0. Pudo haber dicho la verdad y pedirdisculpas.
En cambio, se empeñó en señalar que estaba indignado, que un vuelo con una ocupación de 41asientos sobre 146 había dejado una rentabilidad de 10 mil pesos y que el valor del pasaje habíasido de 100 dólares. Hoy ya se sabe que, para ser rentable, un vuelo como el que abordó Recaldenecesita una ocupación mayor a la que se registró, que el vuelo tuvo una espera en el aeropuerto deMontevideo insólita para un servicio regular y que, más que ganancias, lo que quedó para lacompañía fueron pérdidas.
Como lo reconocían, con bronca, varios trabajadores históricos de Aerolíneas, “no hemosllevado adelante la lucha de todos estos años para rescatar la compañía de la desastrosaadministración del grupo Marsans para que después pasen estas cosas que nos indignan y nosdañan”.
Ante este cuadro, a Mariano Recalde le debería aguardar, también, la inexorabilidad de larenuncia.
Producción periodística:
Guido Baistrocchi
