Ni con el mejor disfraz de guapo de Balvanera, incluyendo cicatriz en el pómulo, Mauricio Macrisería aceptable en ese rol. Más bien se lo distingue por desconfiado, tímido, retraído, calculador–quizás por su condición de ingeniero–, medroso tal vez. Nunca, por más que ahoraenfrente a Aníbal Fernández como un pugilista de barrio, se lo podía imaginar osado, atrevido oaventurero por designar como jefe de Policía Metropolitana al ex comisario Jorge “Fino”Palacios. Por el contrario, evaluó sus óptimos antecedentes, privilegió el agradecimiento porhaberlo salvado del sonado secuestro que padeció, las condecoraciones recibidas, también elreconocimiento que Palacios recolectaba en el ámbito empresario y, especialmente, el carácter depolicía preferido que le había reservado en más de una oportunidad la embajada de los EstadosUnidos. Precavido como es, a pesar de estos datos, Macri igual tomó dos salvaguardas por lomenos:
1. Como lo habían vinculado a Palacios con el atentado a la AMIA –por una desgrabación deotra época–, seguramente preguntó en las organizaciones israelitas si éstas se iban a oponera la designación de éste como jefe de la aún nonata Policía Metropolitana. Parece que huboconsentimiento implícito, aunque nadie se comprometió a saludar con banda musical esa llegada.
2. Debido a esa dificultad judicial que arrastraba Palacios, el jefe de Gobierno también ordenóinvestigar el estado de la causa en la que estaba involucrado y, según mentas, sus expertos–recordar que tiene a un ex juez como secretario de Seguridad– le aseguraron que nohabía elementos para su condena o procesamiento.
Sin embargo, desde que instaló a Palacios, la oposición se le montó encima a Macri, algún sectorde la comunidad judía cuestionó al flamante funcionario y la Justicia le impuso un procesamiento.Por si no alcanzaba, en el medio de ese proceso de repente se descubrió que el ahora detenido enMarcos Paz había cometido otros pecados que nadie imaginaba antes de su aparición pública. Hubo,entonces, un doble error del Macri desconfiado, tímido, retraído, calculador –quizás por sucondición de ingeniero–, medroso tal vez. Se le debe añadir, por lo menos, la condición decándido político.
Y una tercera falla: ni el jefe de Gobierno, se supone, había advertido el nuevo perfilpsicológico de Palacios, quien incursionaba escuchando la vida de terceros y se prometía venganza–cual Gustavo Béliz– de quienes, según él, lo acosaban y perseguían desde hace años (laSIDE, el gobierno Kirchner). Si Béliz terminó expatriado, él en un pabellón especial. Al mismotiempo de este raid, propiciaba el adecentamiento desde su cargo metropolitano de la propia PolicíaFederal a la que supo pertenecer, creyendo que por comparación administrativa desmontaría negociosy anomalías de esa institución que lo despidiera por el caso AMIA, arrastrando en aquella salida apor lo menos medio centenar de policías cercanos a su figura. Hombre de empresas aguerridas, por lovisto, aunque flojito de instrumentos para emprenderlas.
Te escucho
Al margen del ajetreo político que se incrementará en estos días entre los dos gobiernos, conpedidos de renuncias, posible imputación de asociación ilícita para Palacios (lo que implica seguirpreso) con otras personas, más procesamientos y testigos a convocar, dimisiones en la gestiónMacri, cambios inevitables en la Federal, y hasta quizás en la propia área de Seguridad delGobierno nacional, quedan una multitud de preguntas que nadie formula y menos, claro, sonrespondidas. A saber, entre otras: ¿sólo el oficial Ciro James, proveniente de la Federal,colaboraba con el destituido responsable de la Metropolitana en las escuchas a personajes comoSergio Burstein (uno de los reclamantes por las víctimas del atentado a la AMIA y en franca disputacon Palacios), el empresario Carlos Avila y el cuñado de Mauricio Macri? ¿No hay más policías en lanómina, a quién representan, para quién trabajaban, realmente? Ni una palabra al respecto del yacontrovertido juez Norberto Oyarbide, de quien proliferan versiones sobre almuerzos en quintas conaltos funcionarios –o no tan altos de estatura– y otros enviados de la oposición (nofalta recordar que Oyarbide, por la trascendencia de este proceso, casi ha debido sepultar en sudespacho otros episodios resonantes, de los medicamentos truchos y los aportes a la campañaoficialista, al avión u otras posesiones del renunciado Ricardo Jaime, sin descartar elenriquecimiento ilícito denunciado a los Kirchner). Tampoco hay información sobre otros personajesseguramente espiados y escuchados por la empresa de Palacios, ya que –se supone– ésteno debería contar en su elenco de afectados sólo a las tres personas mencionadas, inclusive porquesi así fuera carecería de sentido económico la organización del ex comisario, pues funcionaría apérdida desde hace más de dos años. ¿Con una pyme en bancarrota pensaba manejar la PoliciaMetropolitana? No se explica, tampoco, la demora en la difusión de esos ciudadanos agraviados, esadilación encierra suspicacias. Menos se sabe de otros jueces complicados en este ejercicioviolatorio de la intimidad –ya que Palacios se amparaba, al parecer, en esas proteccionesjudiciales para sus objetados quehaceres–, apenas trascendieron dos magistrados de Misiones,tierra en la que alguna vez casi capciosamente tuvo domicilio el actual jefe de Gobierno. Demasiadovacío por el momento.
Virtudes públicas, vicios privados
Interrogantes aparte, hay dos cuestiones de fondo a observar en este cuadro: la repugnantevinculación entre lo público y lo privado que ofrece esta profesión de “inteligentes”y, también, las consecuencias de un decreto –de los tiempos de Carlos Menem– quepromueve y consagra un monopolio informativo sobre la vida de los ciudadanos en un solo organismo yal cual no pueden limitar ni controlar poderes superiores, judiciales o legislativos. Ni siquierael propio Ejecutivo, aunque éste sea el que parece estar por encima de esa responsabilidad.
La primera cuestión, entre lo público y lo privado, se revela entre dos funcionarios designados(Palacios y su segundo, el dimitente Chamorro) que conservaban dos oficinas vecinas –que seconectaban en los fondos– no sólo para “escuchar” a privados sino también paraotro tipo de tareas (averiguar patrimonios vía Internet, lo cual es legal y –dicen– esejercitado en más de una empresa para descubrir evoluciones extrañas de dinero). Esta actividadmixta se nutre con la participación de los jueces que avalan esos procedimientos (por desidia uotras motivaciones), casi un atavismo del espionaje y que se entiende por una confusión de roles yresponsabilidades: ¿o acaso, sin ese propósito venal, instituciones como la Federal, la Bonaerenseo la Gendarmería prestan servicios al sector privado en todo tipo de menesteres (custodia,protección, etc) que finalmente perjudican al Estado? Ya que, por ejemplo, una fuerza de 40 milhombres, en verdad consta de un tercio dedicado a la seguridad, otro al descanso y el último a unmundo de terceros que lo reclama y paga, aunque a tasa reducida, ya que este servicio de“adicionales” tan común no implica, si ocurre un episodio violento, que laindemnización la pague el contratante sino que la solvente como siempre el Estado. Por lo tanto, lode Palacios y Chamorro –al margen de otras implicaciones– responde a una cultura yaremota y absurda del entrecruzamiento de virtudes públicas y vicios privados, o viceversa,disparatada en su concepto tanto para la seguridad como para el reino de otros sectores públicos,en los que los funcionarios se apropian y abusan de bienes estatales como si les perteneciera.Usted haga la lista.
Muchas manos en un plato
El otro punto a discurrir, enlazado a estos acontecimientos, proviene de un decreto que habilitaa que la SIDE concentre y disponga sin restricciones de todas las comunicaciones a investigar,hecho no habitual en el resto del mundo, actividad que se controla por el propio organismo,generando una obvia y obligada polémica entre los derechos civiles y aquellos intereses de laNación centralizados en un solo lugar, en un mismo edificio. Hagamos una precaria historia.
Hasta los noventa, las intervenciones telefónicas eran reclamadas por los jueces a distintasfuerzas de seguridad, las que procedían, resguardaban y transcribían el material; cada magistradoelegía la fuerza según su confianza, gusto, prestación o lealtad. A través de ese método, no habíaconfusión de causas, éstas se tabicaban y la Justicia controlaba esa actividad telefónica queabrevia la tarea de los pesquisas. Con el cambio tecnológico de la digitalización –que sepotenció con la privatización de ENTEL, seguramente otro de los demonios de los 90–, hubo demudar el sistema porque las empresas telefónicas eran un tercer sujeto a participar, ya que sóloellas –más con la aparición de los celulares– podían capturar la información requeriday, a su vez, retransmitirla por fibra óptica en un cable con terminal en un único edificio de laSIDE (determinado por un decreto). Mismo sistema para plataformas de SMS, MMS, e-mails, Facebook,etc. Con los celulares, la culminación de las comunicaciones es la misma, aunque otro el mecanismo:cuando suena el celular elegido, esa llamada también se desvia automáticamente a un receptor deledificio clave. Para tener una idea de la alta complejidad de todo esto, baste saber que Movistartiene capacidad para intervenir 7 mil celulares en forma simultánea.
Con la vieja práctica, jueces y fiscales ejercían control sobre las intervenciones, había tratodirecto entre el magistrado y la fuerza encargada, se evitaban pérdidas de casetes, interferencias,deslealtades o traiciones; ahora, por la magnitud de las intervenciones es imposible que unmagistrado observe los procedimientos, por la monopolización en un solo lugar, burocrático sinduda, se corre el riesgo de supresión de mensajes, CD, otras desapariciones, cercenamientos oadulteraciones. Cualquier tipo de imputación le cabe a este sistema: nadie sabe si esto es cierto,pero tampoco nadie puede probar lo contrario.
Lo concreto es que todas las comunicaciones requeridas ingresan a la SIDE y, más allá de lospropósitos leales de sus funcionarios, es obvia la tentación frente a lo que desfila en esamegacentral, más cuando depende del Poder Ejecutivo: parece impensable que esa tarea tan delicadaque compromete garantías constitucionales sea realizada por el propio Ejecutivo, el que a su vez seresponsabiliza o atiende las investigaciones que pesan sobre su propio cuerpo (afortunadamente,esto no es frecuente en la Argentina, casi todas las denuncias no avanzan por falta de mérito). Undislate, claro, que no se observa en otras partes del mundo y que se añade a la complicación de quela SIDE sabe todo lo que se investiga en la Argentina, lo cual alienta no sólo a la obtenciónilegal de información en espíritus inescrupulosos, sino al privilegio de conocer lo que se pesquisalegalmente (arma peligrosa también). Este poder que puede embriagar a cualquier burócrata,seguramente no contribuye a que el organismo se encuadre –por más decretos que lojustifiquen– en un razonable sistema democrático.
Por otra parte, si a esta realidad se le incorporan propósitos comerciales –¿de qué modohay que interpretar la escucha al empresario Avila?–, además de políticos, la participaciónsospechosa de algunos jueces que se prestan a todo tipo de enjuagues (caso de que un juez del norteargentino haga intervenir el teléfono de un ciudadano con domicilio en la Patagonia), el casoPalacios como operador o no de Macri es apenas la punta de un iceberg, no sólo por las preguntasque faltan formular sino porque la complejidad de las escuchas supera a los partidos, a los trespoderes y, por supuesto, estimula la sospecha de que el ciudadano no es una persona protegida porel Estado sino a merced del experimento que el Estado quiera hacer de él.
