El proyecto oficial sobre los medios audiovisuales va a ser aprobado, seguramente, por unCongreso que no es representativo de la opinión popular expresada en los comicios del 28 dejunio.
Si la oposición espera hasta diciembre para derogar la iniciativa, pierde el rumbo adecuadoporque una futura ley derogatoria será vetada por la Presidenta, según ya lo han anticipado losvoceros del Gobierno.
En cambio, si los bloques opositores, que serán mayoritarios en diciembre, declaran que noaceptan votar esta ley y se reservan el derecho de nulificarla en diciembre, la cosa cambia enforma sustancial.
Argumentos para tachar de nula esa ley abundan: es manifiestamente inoportuna, tiende aconstituir un Estado autoritario por el lugar donde permanece la autoridad de aplicación y, porsobre todo, la sanciona un Congreso que no sólo no es representativo sino que contradice lavoluntad recientemente expresada por el pueblo.
Se sabe que éste no gobierna sino a través de sus representantes, pero la pregunta es cuálesrepresentantes: los que se van el 10 de diciembre o los que vienen con un mandato recientementeotorgado.
Que haya dos Congresos durante medio año es un despropósito engendrado por este gobierno, quellamó a elecciones anticipadas por estrictas razones de política.
Se dirá que el Poder Ejecutivo también puede vetar la ley que declare la nulidad del proyectooficial. Eso es cierto, pero quienes se vean afectados pueden plantear un conflicto de poderes, yla cuestión pasaría entonces a la Corte Suprema.
En otros términos, el proyecto K quedaría diluido en el tiempo, y, lo más importante, losempresarios que esperan sacar tajada de estos proyectos en vez de consultar a sus abogadoscomercialistas o administativistas empezarán a hacerlo con los penalistas.
En definitiva, buscarán otras inversiones, tal vez menos rentables, pero más seguras desde elpunto de vista jurídico y también político, dado la proximidad del recambio de legisladores.
*Abogado.
