Los derechos humanos deben abarcar también la seguridad de todos los ciudadanos, que es underecho social fundamental. Engloba una multiplicidad de otros derechos, pero fundamentalmente elde tener una vida digna por el solo hecho de ser personas. El Estado debe garantizarla tanto en lostérminos del derecho a la vida, a la libertad, como el derecho a la integridad física, el derecho alas garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes.
En un momento en el que la inseguridad ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de losciudadanos/as, debemos mirar cómo nació esta situación. En regímenes autoritarios que arraigaron lacostumbre institucional de dejar la elaboración y conducción de estas políticas públicas en manosde las mismas fuerzas de seguridad que adoptaron el estilo castrense para definir su función, suestructura interna y su modo de actuación.
También debemos identificar a las políticas de ajuste de los noventa, en detrimento del Estadocomo garante de la seguridad social, con el consecuente desmembramiento de las instanciastradicionales de socialización (la escuela, la familia, el trabajo) y el aumento sideral de losíndices de pobreza, de desigualdad y exclusión social.
Este clima enrarecido es el que heredamos de aquellos años. Debemos enfrentarlo con propuestascreativas. Volver a viejas recetas de mano dura no nos conduce a ningún lado mejor, sólo aalimentar este circuito de incremento de la violencia en contra de la construcción de unaconvivencia pacífica entre todos y todas. Ya en estos días, el adalid de De Narváez, el senadorJorge D’Onofrio, titular de la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense, confesó que dudaque el mapa de la inseguridad de su ex jefe político durante la campaña aporte a la resolución delos problemas de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, ya que el intento de constituir uninstrumento para saber qué zonas son la más peligrosas terminó siendo una medida confusa donde semezclan los datos de los supuestos delitos y las denuncias se repiten varias veces con fechasdiferentes. Caer en este tipo de iniciativas “blumberianas”, de dar más poder a quienesya lo detentan en forma indiscriminada, es un despilfarro grosero de recursos y un insulto a lasvíctimas de los delitos y hechos de violencia, las instituciones democráticas y al mismo tiempo, undesconocimiento total de los estudios serios y recomendaciones de los especialistas en el área queabogan por la necesidad de instaurar una seguridad ciudadana.
Las autoridades civiles legítimamente elegidas debemos construir amplios consensos y poner enmarcha las herramientas de control civil a disposición para eso. En ese sentido, insistimos en laposibilidad de constituir la Comisión Bicameral de seguimiento y control de las fuerzas deseguridad como habilita la Ley de Seguridad Interior. Desde los distintos poderes del Estado,debemos participar en la reforma de las fuerzas de seguridad para transformar su estructura yfuncionamiento bajo los nuevos paradigmas de la democracia.
También debemos concentrarnos en un sistema integral de seguridad pública que la defina como unafunción irrenunciable del Estado de derecho, se establezcan principios democráticos para todas lasfuerzas de seguridad del país, de prevención, de actuación y de planificación estratégica de lastareas que implique; donde el control legislativo y de las instancias de la sociedad civil tenganun rol principal dentro de la gestión.
Desde Proyecto Sur creemos que una seguridad democrática para una convivencia pacífica y plurales posible. Tenemos herramientas, ideas e iniciativas, sólo necesitamos más compromiso y voluntadpara lograrlo.
*Diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur y presidenta de la Comisión de DD.HH. de laCámara Baja.
