El debate sobre el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual prestó un servicio inesperado ala sociedad. Las recíprocas acusaciones, antes que ayudar a la comprensión del marco legal,vinieron a develar la compulsa de poderes que fue configurando un sistema de medios a la medida deunos y en detrimento de otros. Especialmente, de la sociedad que padeció decisiones discrecionales,servicios ineficientes, información de mala calidad, limitaciones en el acceso a señales y todaslas demás cosas que se hoy se incriminan recíprocamente.
La discusión sobre la libertad de comunicación, que involucra por igual a ciudadanía, políticosy medios, se limitó a un cruce de artillería gruesa de consignas políticas o eslóganespublicitarios, pensados más para calzar en un titular que para aportar claridad a la población.Estos días nos cansamos de escuchar legisladores aclarando que trabajan por el interés público, ymedios repitiendo en avisos publicitarios que se dedican a publicar la verdad. ¿Acaso podrían hacerotra cosa?
Tres décadas tardó en armarse este sistema de medios y bastaron unos pocos meses para que laciudadanía se enterara de todos los defectos que lo hacen incompatible con su derecho a lacomunicación: medios públicos al servicio del gobierno de ocasión, concentraciones empresarialesincompatibles con leyes vigentes, límites de acceso de una parte de la población a las señales queya no se reciben por aire, brecha tecnológica agravada por factores sociales y educacionales. Todosestos años, políticos y medios no pudieron siquiera con medidas tan simples y necesarias como elhorario de protección al menor o los límites de publicidad por hora.
Si medios y políticos no pudieron, no quisieron, no consiguieron construir un régimen querespetara en todo los derechos de la sociedad, es porque se olvidaron que ésta es el actor centralen el sistema. Y no sólo como consumidora de servicios e innovaciones, o como administradora defrecuencias. Sino como la única parte que puede actuar con libertad en estos asuntos. Ahora yaconocemos un poco más de los intereses que atan a políticos y medios en la cadena de favores queconfiguró el actual sistema de radiodifusión. Pero también sabemos que sus acuerdos duran labrevedad del poder, y que cuando éste se acaba, medios y políticos sólo subsisten si les quedó algode la confianza social. Que hoy tienen herida de gravedad.
Los mismos medios y políticos que disputan sus mezquindades más públicamente que otras vecesparecen no darse cuenta de que están un poco más desnudos que antes. Y que poco podrán hacer sin elrespaldo de la sociedad, sin que ésta tenga pleno conocimiento de sus cabales derechos encuestiones de medios, sin que la ciudadanía pueda actuar legalmente para reclamar su derecho a lacomunicación, sin canales funcionales para que pueda hacer escuchar su parecer. Se sancione o sederogue el actual proyecto; se reglamente o no; se acate o se impugne en los tribunales, nadacambiará sin una sociedad que reclame en cuestiones de medios con el mismo derecho y vigor que lohizo con las facturas del gas.
Los medios no recuperarán la confianza alabándose a sí mismos, sino con periodistas que hablendesde su conciencia y ofreciendo espacios genuinos para que sus audiencias se expresen, condefensores o consejos de lectores que puedan discutir lo que los medios producen. Como tampoco loslegisladores recuperarán el respeto social por su tarea observando a sus caudillos en lugar demirar a sus representados. Los medios y políticos que hoy se dedican a explicarnos lo quenecesitamos deberían convencerse que sólo la presión social podrá proteger al sistema decomunicación de las conveniencias de los pocos. El mejor marco legal necesita apoyarse en una éticade la comunicación que priorice a la ciudadanía, y que le permita elegir en libertad medios ypolíticos que no le hagan esperar 26 años para contarle los atropellos que recibe a diario a suderecho a la comunicación.
*Docente e investigadora en comunicación.
