Como si el problema fueran las leyes y no su cumplimiento, ahora el Gobierno promete que laArgentina se apresta a establecer un nuevo marco normativo para organizar el fenomenal caos en elque coexisten las diferentes industrias audiovisuales.
Es mentira que, con una nueva ley, ahora sí habrá progreso y equidad en radio y televisión. Elberenjenal actual, la anomia estructural en que viven los medios electrónicos, no es el resultadode esta, ni otra ley en vigencia.
En la Argentina las leyes y normas son promulgadas de manera prácticamente virtual. La claveestá en el escaso, accidentado o nulo cumplimiento de todo instrumento que se proponga aportarorden, racionalidad y criterios a los medios de comunicación.
El argumento preferido del Gobierno en esta inminente elevación de un proyecto de ley de mediosque pagaría la “deuda” de la politica con la sociedad, es que la norma teóricamente envigencia fue perpetrada por un gobierno de facto, y su subsistencia de casi 30 años es una reliquiamaloliente.
Es sencillo y popular afirmar que nada puede tener de bueno una “ley” descerrajadapor una dictadura y que al pie llevaba, en ese hoy remoto 1979, las firmas de Videla, Harguindeguyy Martínez de Hoz. Argumento eficaz y taquillero, sí, pero esencialmente engañoso.
Si los medios electrónicos operan hoy en un demencial desquicio, no es por esa ley, sino porque,en lugar de derogarla y reemplazarla por una nueva, moderna, democrática, rigurosa y realista, lafueron remendando con parches y ajustes que terminaron en el actual desesperante panorama.Concentrados, vitalicios, empujándose unas a otras, radios y televisiones libran hoy una batallasin códigos, una guerra sin normas ni poder de policía.
Tras cinco años y nueve meses de gobierno, Néstor y Cristina Kirchner van ahora por los mediospor mera y ramplona necesidad. Pero hasta ahora, ¿qué hicieron en la materia? ¿Cuáles fueron suspasos desde mayo de 2003 para preparar la inminente elevación al Congreso de un proyecto del quenazca, tres décadas más tarde, una nueva ley, que –ésa sí– sería cumplida?
El decreto 527, “de necesidad y urgencia”, firmado por Néstor Kirchner el 20 de mayode 2005, a menos de dos años de asumir la presidencia, suspendió “por el plazo de diez añoslos términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o susprórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y sus modificaciones”. Ese decretoK se emitió a pocos meses de que vencieran las licencias de varios medios. Fue una prórrogacolosal, porque a los quince años (con posibilidad de prórroga por diez años más) otorgados por Ley22.285 de 1980, se agregaron diez más, beneficiando así de modo impresionante y directo a loslicenciatarios de televisión abierta, radio y TV por cable.
Kirchner pretendió, toscamente, justificar el regalo de la extensión de las licencias en unasupuesta necesidad de otorgarle a los medios “un horizonte de previsibilidad que involucrelos plazos mínimamente necesarios para recomponer su situación económico-financiera”. De modoque, antes de cumplir dos años de vida en la Casa Rosada, Kirchner no sólo no había derogado elDecreto-ley 22.285, sino que lo blindaba y potenciaba. Telefe (Telefónica) y Canal 13 (GrupoClarín) conservaron sus licencias hasta 2025, América (Vila, Manzano, De Narváez) hasta 2022, yCanal 9 hasta 2019, mientras que la estratégica Radio 10 (Daniel Hadad) la retenía hasta 2025.
Para los abogados Ricardo Porto y Claudio Schifer “los aspectos sustantivos de laradiodifusión en rigor no son regulados por la Ley 22.285 en su versión original. Por el contrario,las sucesivas modificaciones a esa ley fueron consagrando otros criterios, en muchos casosdecididamente opuestos, a la redacción original. De modo que es incorrecto afirmar que laradiodifusión argentina se encuentra regida por la Ley 22.285”.
Kirchner siguió fielmente los pasos de su padrino político, porque a poco de iniciar su cortagestión, el presidente Eduardo Duhalde obtenía del Congreso una modificación de la Ley Nº 24.522(concursos y quiebras), extendiendo plazos de negociación y evitando que un acreedor se apropie deuna compañía con anterioridad a una eventual quiebra.
Esa decisión benefició a las principales corporaciones de medios. Kirchner complementó a Duhaldey promulgó la Ley 25.750, que limita al 30% la participación extranjera en las empresaspropietarias y licenciatarias de medios de comunicación. Ahora se desgañita y enrojece de furia,gritando desde los atriles: “¿Qué te pasa, Clarín?”.
Esas medidas de Duhalde y Kirchner fueron precedidas en 1998, cuando Carlos S. Menem autorizó latransferencia de licencias de radiodifusión, hasta entonces prohibidas, para legalizar almultimedio oficial CEI (Citibank, grupo Moneta y Editorial Atlántida) que entre 1998 y 1999 compróocho canales de TV abierta, aun cuando la ley vigente sólo permitía un máximo de cuatro.
Además de 3.000 emisoras de radio con licencia normalizada, 2.500 con solicitudes en tramitacióny otras 170 a la firma del interventor del Comfer, surgieron entre 600 y 700 radios en las zonasmás pobladas, y hay 4.000 radios más que para la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas(ARPA) son directamente “truchas”, además de unas 500 radios comunitarias.
Se estima que en la Argentina pululan, grosso modo, hasta 10.000 estaciones de radio que sesuperponen, ocupan frecuencias no adjudicadas, entran y salen del aire, interfieren y operan dehecho, facturan publicidad o favores políticos, configurando un desbarajuste radioeléctricomonstruoso.
Nada más revolucionario en la Argentina que evolucionar con urgencia hacia el gobierno de laley. Sin embargo, nada más fraudulento y perverso que “vender” a la sociedad la idea deque más leyes cumplirán el milagro de superar la anomia jurídica, algo que en la radio y TVargentinas es especialmente escandaloso, porque funcionan en un marco jurídico extravagante,concubinato de hecho con rasgos a la vez dictatoriales, pluralistas, ordenancistas, liberales,nacionalistas y propicios al capital extranjero.
Por eso, los anuncios del Gobierno sobre medios de comunicación me provocan suspicacia y temor,porque ya ha nacido y avanza con viento en popa un conglomerado oficiosamente gubernamental confachada privada, y los pocos y débiles medios oficiales son botín del partido de gobierno.
Desenlace sombrío: hay que ser muy optimista y candoroso para imaginar que esta gente y esteliderazgo político se proponen aportar a los medios solvencia técnica, seguridad jurídica,consistencia democrática y normas equitativas que habiliten una radio y una TV superadoras de loque hay ahora, que es –desde luego– calamitoso.
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