Se ha instalado el hábito, no ingenuo como veremos, de nombrar al ominoso Proceso deReorganización Nacional como “dictadura militar”. Al hacerlo, sin darnos cuenta,indultamos la esencial participación civil en el mismo.
Está demostrado el prematuro compromiso de políticos, economistas, religiosos y periodistasen la preparación del golpe de Estado favorecido por el pésimo gobierno de María Isabel Martínez dePerón y José López Rega que con su insólita ineficiencia, la violencia parapolicial de la Triple A,la corrupción generalizada, la licuación de salarios y ahorros, había creado un vacío de poder yuna disconformidad colectiva que facilitó el suave aterrizaje del golpe.
La designación de Martínez de Hoz y su equipo de colaboradores estaba decidida con muchaanticipación, como así también el proyecto de progresivo desmantelamiento del Estado a favor desectores concentrados nacionales e internacionales, sobre todo financieros, proyecto que seenraizaba en una nefasta tradición histórica del liberalismo argentino: liberal en lo económico yautoritario en lo políticosocial. En este caso ambos principios llevados a su exacerbación, puestoque el pretexto no era, como en asonadas anteriores, el supuesto reordenamiento de la vidainstitucional, sino que lo que se puso en marcha el 24 de marzo de 1976 fue el proyecto detransformación total de la organización económica, social y política de nuestro país
Una vez instalada la dictadura en el poder la complicidad civil fue, aún, más manifiesta.Ministerios clave como Economía, Educación, Relaciones Exteriores, Cultura, fueron ocupados porciviles que nunca fueron juzgados por ello; economistas de primer nivel que diseñaron, justificarony protagonizaron políticas económicas que les era obvio que conducían al desastre, pero que lespermitieron, mientras duraron, rentabilísmos negocios especulativos a favor del endeudamientosuicida y antipatriótico; empresarios que privilegiaron los negocios con el Estado facilitados porla absoluta falta de controles institucionales sin importarles el costo humanitario; artistas quese avinieron, con elevado provecho económico, a filmar películas exaltatorias del Mundial o amablescomedias con las fuerzas armadas de protagonistas; sindicalistas que aprovecharon el terrorismoestatal de ultraderecha para eliminar a sus adversarios del peronismo combativo o de izquierda;intelectuales de valía que, a pesar de que muchos de sus colegas habían desaparecido, se habíanvisto obligados a exiliarse o nutrían las listas negras que les impedían el derecho al trabajo,aceptaban almuerzos con Videla, embajadas en el exterior o escribían y opinaban sobre temasencubridores.
El olvido colectivo que ha garantizado impunidad a un factor tan esencial de aquella épocanegra, se debe a que muchos de los cómplices civiles del Proceso continúan, hoy, en actividad,ocupando posiciones de importancia, tanto en el área pública como privada.
Es claro que los uniformados deberán pagar por su responsabilidad en aquella inmensa tragedianacional, cuyas consecuencias perduran hasta nuestros días, pero reconozcamos que el ser hoy,paradojalmente, el sector social más indefenso de los que participaron los hace aptos paradescargar allí, expiatoriamente, toda la responsabilidad y así disculpar al otro socio, sin el cualel Proceso no hubiera sido posible: los civiles.
Por ello, aprendamos a denominar al período 1976-1983 como “dictaduracívico-militar”, para cumplir con lo que hace muchos siglos reclamaba Simónides de Ceos:“La justicia consiste en dar a cada uno lo que merece”. Y no cejemos en el reclamo deque los responsables civiles, autores intelectuales de aquel monstruoso drama nacional, seanllevados a los tribunales de Justicia para que rindan cuenta por su participación.
*Historiador.
