El Congreso Nacional está debatiendo el presupuesto social para el año 2010. Más de 10 millonesde personas –según estimaciones privadas– están viviendo bajo la línea de pobreza yexiste un escenario económico global que ofrece grandes dificultades para generar trabajo formaldecente. Con este panorama, resulta evidente la necesidad de fortalecer los fondos destinados alárea social, para enfrentar los problemas de exclusión y vulnerabilidad de un gran porcentaje de lapoblación.
El desafío reside en cómo se implementan estos fondos. Es decir, con qué condiciones(formales e informales), cuándo y de qué manera llegan los recursos sociales a las personas queviven en situación de pobreza. Desde un enfoque centrado en los derechos, esto implica generarpolíticas que reduzcan las posibilidades del uso discrecional y que generen mecanismostransparentes para acceder a sistemas de protección social que sean inclusivos y amplios.
Para ello, no hace falta inventar la rueda. México, con una larga historia de clientelismo ydiscrecionalidad en el uso de los recursos sociales, logró cambiar esta tendencia en la últimadécada. Se logró mediante la inclusión de medidas legales y acciones específicas de transparencia yrendición de cuentas para el gasto social. El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cubre amás de 5 millones de familias (lo que equivale a 25 millones de personas, 25% del total de lapoblación mexicana).
Tuvieron grandes desafíos para implementarlo, propios de las intervenciones de gran escala yque involucran a distintos niveles de gobierno. Pero a pesar de estas dificultades, diversasevaluaciones realizadas por actores externos, académicos y hasta la prensa ratifican que no hanestado condicionados a los vaivenes políticos ni electorales. Similares estándares de transparenciaacompañan al programa Bolsa Familia, en Brasil, que llega a 11 millones de familias. En amboscasos, los resultados positivos de las evaluaciones de impacto lograron que los programas setransformaran en verdaderas políticas públicas, manteniéndose a través de distintas gestionespolíticas.
Frente a esta experiencia, la historia reciente de las políticas sociales en la Argentina puededarnos algunas claves sobre las dificultades que enfrenta la implementación local de estosprogramas sin mecanismos de rendición de cuentas. Distintos estudios realizados a los programas concondicionalidad de empleo en el país han evidenciado las oportunidades de manipulación política enlos niveles municipales.
Para el caso de las mujeres, en particular, estos programas han reproducido la divisiónsexual del trabajo, ofreciendo empleos de muy baja calidad y pocas posibilidades de desarrollopersonal y no han tenido en cuenta la carga desproporcionada del trabajo reproductivo no remuneradoque enfrentan diariamente. También han culminado en múltiples tipos de violencia, hasta llegar, enalgunos casos, a denuncias de acoso sexual. En esta línea, cabe preguntarse y repreguntarse sobreel rol que juegan las políticas y organismos específicos de promoción de derechos de las mujeres eigualdad de género.
Es interesante aprender de otros países de la región que, teniendo similares o mayoresíndices de pobreza, han logrado mantener y profundizar sus políticas sociales. Vale la penaprofundizar el debate (tanto a nivel nacional, como provincial y municipal) sobre la importancia deestablecer mecanismos de monitoreo y evaluación transparentes, que permitan aprender, mejorar yprofundizar el impacto del presupuesto social del año 2010. Para que el camino recorrido tengasentido.
*Coordinadora del Programa de Protección Social de Cippec.
