Hablamos de salarios docentes, de inversión en infraestructura escolar. Hablamos de formacióndocente y de capacitación docente. Hablamos de la obligatoriedad de la sala de 5 años y del nivelsecundario. Hablamos de educación estatal pública y gratuita pero también de los aportes del Estadoa la enseñanza privada. Hablamos de desigualdad educativa en cada provincia y entre ellas. Hablamosde presupuestos nacional y provinciales. Hablamos de inversión en porcentajes del PBI. Hablamos decoparticipación federal. Hablamos de las leyes nacionales: de financiamiento educativo, de fondonacional de incentivo docente, de educación nacional, de educación técnica. Hablamos de educacióninicial, primaria, secundaria, terciaria y también universitaria. Hablamos de inclusión y decalidad educativa. Hablamos de todo eso y mucho más. El tema es lo suficientemente amplio yabarcativo, pero cuando se habla de financiamiento educativo la referencia inmediata es hacia elsalario docente. Y el salario docente es central, pero no es tema excluyente.
La ley nacional de financiamiento educativo (LFE), que caduca el año próximo y que abarca todoslos niveles del sistema (salvo la universidad), vino a poner en manos de la Nación unaresponsabilidad que las políticas de descentralización de los 90 había traspasado compulsivamente alas provincias. Dicha ley, aprobada en 2005, se sancionó bajo el espíritu de aportar a laresolución de los problemas de fragmentación, exclusión y desigualdad educativa que afectaban laestructura del sistema. Los resultados no son satisfactorios. La LFE propuso metas de inversión acumplir relacionadas con el porcentaje del PBI. En los últimos tres años, dichas metas secumplieron y superaron (5,4% en 2007). La meta final es llegar a 2010 con una inversión del 6% delPBI, sin olvidarnos que ese porcentaje incluye también ciencia y tecnología (C y T). Pero, ni auncon ley de financiamiento educativo, con ley de fondo nacional de incentivo docente, con ley deeducación nacional, con la implementación por parte de la Nación de un fondo compensador salarial alas provincias, con paritarias docentes acordando pisos salariales mínimos se logró evitar losconflictos educativos ni canalizar la crisis estructural del sistema. Habrá que repensar entoncestodo el sistema de financiamiento educativo y lograr desentrañar por qué el esfuerzo de la Nación ylas provincias no alcanzó para modificar las desigualdades ni atenuar los conflictos, aun cuando eltema del salario docente (insuficiente aún) fue parte de los avances logrados. Habrá que comenzar apensar una nueva ley de financiamiento que tenga en cuenta en forma integral el sistema educativo,basada en la corresponsabilidad entre la Nación y las provincias; pensándonos en un modelo desociedad solidaria y con tolerancia cero para la pobreza; un país con inclusión social yciudadanía plena. Una nueva ley que establezca taxativa y excluyentemente que el porcentaje deinversión en educación no podrá ser inferior al 6% del PBI, desagregado de la inversión en C y T,que no debería ser inferior al 1%. Dicha ley deberá contemplar también una nueva ecuación encuanto a la inversión Nación-provincias, revirtiendo la actual, donde la Nación se haga cargo del60% y las provincias del 40%.
Es necesario debatir responsablemente una nueva ley de coparticipación federal de aplicaciónefectiva, y que logre revertir las desigualdades entre las provincias, terminando con los manejosdiscrecionales de los gobiernos hacen de la distribución de los fondos coparticipables. Hay queponer énfasis en los fondos destinados a la formación docente y en la articulación entre Nación yprovincias, que permita avances significativos en la calidad educativa. Hablar de financiamientoeducativo es mucho más que hablar de dinero. Es hablar de un país que permita el acceso y lapermanencia en el sistema educativo de nuestros niños, jóvenes y mayores. Es hablar de un Estadoque cumpla con su rol de garante de la educación, considerada un bien social, como lo establece laley nacional de educación.
*Diputada nacional bloque Solidaridad e Igualdad.
