Una discusión seria sobre el modelo de política de seguridad, sobre todo cuando conmovedoressucesos alertan cotidianamente a la sociedad, no puede evadir cuestiones que hacen al delito en símismo y a los fenómenos sociales que conforman el mapa del mismo.
Tampoco puede obviar cuestionarse las políticas que están vigentes y deberían reformularse o lasgrandes carencias que hacen del sistema de seguridad una maquinaria tan ineficiente comoinjusta.
¿Las villas del Conurbano donde se instalan las cocinas del narcotráfico no son el resultado dela ausencia de políticas de Estado? ¿No son los delitos del mundo adulto los que mantienen ajóvenes como rehenes con el consumo de paco que termina matándolos? ¿La venta de armas que seutilizan para delinquir, para matar, acaso no es patrocinada por adultos (con formato de mafiasorganizadas)? ¿La trata de niños, niñas y adolescentes no es otro tema que los pone como víctimasde adultos organizados? ¿La ausencia de fuerzas de seguridad capacitadas velando por los derechosde los ciudadanos no son decisiones del mundo adulto? ¿La administración de justicia no debe serrevisada por adultos? ¿La violencia institucional a la que debe enfrentarse cualquier ciudadanocuando solicita hacer efectivos sus derechos no genera más violencia y reproduce nuevasdesigualdades sociales?
La necesidad de una legislación específica, un verdadero hábeas normativo para jóvenes enconflicto con la ley penal debe superar las concepciones y prácticas actuales altamenteineficientes, y tener en cuenta la real dimensión del problema social.
El Congreso de la Nación discutió, durante los últimos años, intensamente la ResponsabilidadPenal Juvenil. Con el objetivo de terminar con la ley vigente desde la dictadura, que no resuelvelas cuestiones básicas en la materia, se ha buscado establecer un régimen especial para jóvenesinfractores –entre 14 y 18 años– con las garantías del debido proceso junto a unconjunto de medidas socioeducativas para atender la problemática.
El Senado de la Nación consiguió en 2007 construir los consensos necesarios, incluso con laparticipación de diputados y la consulta de numerosos expertos. No obstante, el Ministerio deJusticia y Derechos Humanos conformó por resolución a una comisión. Con el objetivo dedesnaturalizar el ámbito de creación y sanción de las leyes, el ministro Aníbal Fernández mantieneen una suerte de “cajoneo” el trabajo parlamentario obstaculizando y paralizando eltrabajo realizado no sin esfuerzo.
Consecuentemente, la UCR decidió insistir y presentó en mayo del año pasado otra iniciativa querecupera esos consensos con la meta puesta en abrir nuevamente el debate, aún frente al silenciooficialista.
Alejándonos de las ideas simplistas y mediáticas que aparecen como reacciones espasmódicas sobrela baja de la edad de imputabilidad dentro del régimen penal de adultos, las políticas públicas nopueden quedar libradas, como ha ocurrido hasta ahora, a la discrecionalidad. Tradicionalmente, seha ido desde no hacer nada a encarcelar a todo niño, niña o joven en conflicto con la ley penal.Esta ausencia absoluta de reglas ha posibilitado y legitimado los peores abusos y arbitrariedadesy, también, ha profundizado la desconfianza de la población en la administración de justicia.
La adopción de medidas estructurales y de fondo es imprescindible. Estos temas son ineludibles ala hora de diseñar una verdadera política de seguridad. Se requieren políticas sociales universalese inclusivas que busquen superar la desigualdad.
En la provincia de Buenos Aires, cada año quedan 500 mil chicos fuera del sistema escolar;aumentan los índices de embarazo adolescente; numerosos grupos de jóvenes con sus credencialesdevaluadas encuentran mayores dificultades para ingresar al mundo del trabajo y, por ende, sonexcluidos de sus mínimos derechos.
Con 22 años en el gobierno de la Provincia, el justicialismo debe ser claro, sensato y madurocon su propuesta. Abandonar el facilismo y el oportunismo es la clave, porque la solución debe irde la política para el conjunto social.
En materia penal para jóvenes infractores es esencial abandonar la concepción tutelar punitivapara asumir definitivamente la perspectiva de una justicia participativa, que sustente laconcepción de responsabilidad mediante procesos socio educativos y restaurativos, considerando quese trata de personas en desarrollo. La intervención del Estado debe tener siempre como fundamentoel interés supremo de los más jóvenes y en el marco de su protección integral.
La judicialización de la pobreza debe superarse con una propuesta de protección integral. Larespuesta posible y responsable, en democracia, a las cuestiones complejas es un régimen penalespecífico para personas entre 14 y 16 años. La solución está íntimamente ligada a un incremento enla calidad de vida de los sujetos y los pueblos.
*Senador. Titular Comité Nacional UCR.
