El Inadi recibe unas 200 denuncias mensuales por violación a los derechos de la personalidad enlas redes sociales. La necesidad de las víctimas de reportar estas violaciones muestra laineficacia de los dispositivos de las empresas (“notificación” o “denuncia”de abusos) para impedir la circulación de ofensas en la Red.
Pero la acción de las instituciones estatales resulta muy limitada, ya que no pueden ordenaradministrativamente la baja de grupos, páginas o contenidos que causan daños. La jurisdiccional esla instancia que permite actualmente satisfacer los reclamos de los usuarios, a pesar decomprometer unos tiempos y requisitos que no son los dinámicos que caracterizan a los de laRed.
Esta protección judicial de los derechos personalísimos se desenvuelve, primordialmente, en elmarco de lo que jurídicamente denominamos tutela inhibitoria, que tiene por objeto hacer cesar laproducción de la actividad ofensiva que se ha iniciado y cuya continuación o reiteración resultaprevisible, evitando la réplica de los contenidos ilícitos en las plataformas virtuales.
La protección inhibitoria satisface, así, la necesidad del usuario de lograr la inmediataremoción de contenidos o el bloqueo de actividades virtuales que se han organizado en torno apremisas antijurídicas lesivas del honor, la fama, la imagen, la intimidad, etc. de las personas.Esta tutela puede plantearse por medio de diversas acciones que el ordenamiento jurídico pone adisposición de las personas, tales como: medidas cautelares, autosatisfactivas, de amparo y dehábeas data, por ejemplo.
Así, la tutela inhibitoria direcciona la responsabilidad civil hacia la prevención antes que ala recomposición; es decir, antes que a la indemnización del daño –aunque no la excluye sinoque la complementa– evitando los daños futuros o suspendiendo los efectos de los que se haniniciado, lo cual armoniza con uno de los principales cometidos de los juristas y los jueces deestos tiempos, cual es el de que frente a los daños, mejor que resarcir resulta inhibir oprevenir.
*Abogado.
