Desde 1983 hasta la fecha nadie hizo tanto uso y abuso de los servicios de inteligencia comoNéstor Kirchner. En una clara violación de la Ley de Seguridad Interior, hasta sus amigos máscercanos confiesan que deben cuidarse porque saben que el Gran Hermano Pingüino los espía día ynoche. Confirman fuera de micrófono que Néstor consume compulsivamente carpetas reservadas condatos sobre la vida privada de muchos argentinos.
El mismísimo Alberto Fernández, quien fuera casi un integrante más del matrimonio presidencial,bebió de su propia medicina el día en que tuvo la osadía de encontrarse a solas con Julio Cobos.Los K consideran a ambos los máximos traidores a su “proyecto revolucionario” y por esolos monitorean constantemente. Donde Néstor y Cristina exhiben fisuras es en el seguimiento de lavida personal y patrimonial de Ricardo Jaime. Fue la Presidenta quien eyectó del poder al exsecretario de Transporte y fogonea la investigación: lo acusa de ser compañero de la noche ycómplice de algunos deslices de la vida íntima de Néstor. De ello se encargaría en persona FernandoPocino (director de Reunión de la ex SIDE), quien tuvo a su cargo las operaciones contra Juan JoséAlvarez, Enrique Olivera, Francisco de Narváez y Luis Juez, entre las más conocidas.
Todos estos casos fueron difundidos en primera instancia por medios y periodistas muy vinculadosal Gobierno. Lo único cierto fue el paso de Alvarez por la SIDE durante la dictadura, pero eldiputado modificó su postura opositora y hoy trabaja para acercarle ovejas descarriadas a Néstor K.Lo de Enrique Olivera y su lavado de dinero en el exterior fue una mentira grande como una casafacilitada a los medios por Alberto Fernández cuando era jefe de Gabinete. La campaña electoral yajugaba minutos de descuento y el aliado de Elisa Carrió pudo probar su inocencia tiempodespués.
El ex juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez, que involucró a De Narváez enla mafia de la efedrina, terminó destituido. Fue el mismo magistrado que mandó al freezer una causapor el descubrimiento por parte de la Policía Federal de una centralita ilegal desde donde la SIDEintervenía unos 20 mil teléfonos.
Lo de Luis Juez fue más burdo. El senador nacional recibió el martes pasado unacarta membretada del Bank of America con la firma de George C. McLaughlin en nombre de la gerenciaresidual del banco que está en proceso de liquidación. Allí se asegura que “el equipo deinteligencia financiera y los investigadores asignados no encontraron en sus archivos una cuenta anombre de Lantral Inc”. El 3 de junio pasado, una misiva similar de Bart Barringer,representante legal del Delta Bank de Manteca, California, también negó la existencia de una cuentaa nombre de Juez o de su hermano Daniel. La numeración a la que se hace referencia no coincide nisiquiera con el tipo de nomenclatura utilizado por el banco, que no tiene sucursales en las IslasCaimán. La información publicada acusaba a Juez de tener más de 5 millones de dólares en esosbancos. La única prueba fue un panfleto anónimo, un mail-cadena, que una señora de 80 años llamadaRamona Sánchez recibió a la salida de misa en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, donde tambiénconcurre la jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo de la causa, según reveló este mismodiario.
Estas historias, entre cientos en las que políticos opositores, jueces o periodistas sonespiados, constituyen el principal activo de Mauricio Macri para su defensa. Eduardo Duhalde, otroopositor que el Gobierno tiene en la mira, dijo que las acusaciones a Macri son “una obramaestra de la SIDE”. La causa por las escuchas la puso en funcionamiento un agente deinteligencia que advirtió a Sergio Burstein (familiar de una víctima de la AMIA) de lo que estabapasando a menos de 24 horas del comienzo de esa pinchadura. Por eso gran parte de la opiniónpública da crédito a las excusas de Macri en el sentido de que su procesamiento tiene la autoríaintelectual del ex presidente. La defensa a rajatabla que el kirchnerismo hace del juez NorbertoOyarbide también es un punto a favor de la victimización que hace crecer a Macri en las encuestas.Horacio Rodríguez Larreta no tuvo empacho en afirmar que “el Gobierno le pidió a Oyarbide queprocese a Macri”.
Por el contrario, al jefe de Gobierno porteño lo condena cierta tradición arraigada en su propiafamilia de usar agencias privadas o estatales de espionaje. Desde el secuestro al que fue sometidoMauricio, utilizan escuchas telefónicas con una naturalidad que explican por motivos de seguridadpero que se filtran también a temas de la vida privada. No es casual que la principal espadalegislativa de PRO, Federico Pinedo, haya dicho: “Mauricio es Macri y Franco esKirchner”. Antes recordó que el propio Franco había confesado que él mismo ordenó espiar a suyerno.
Tal sería el principal pecado político (y delito, según Oyarbide y la Cámara Federal) del jefede Gobierno. Defendió a capa y espada, incluso contra la opinión de grandes amigos, la designacióndel comisario Jorge “Fino” Palacios, un experto en investigaciones con gran acceso atodo tipo de información producto de sus múltiples contactos cosechados a lo largo de una vidaadentro de la Policía Federal. En su empresa, que entre otros servicios proveía de data calificadaa quien la pagara, trabajó con el comisario Osvaldo Chamorro y, dicen, con el 007 del subdesarrolloCiro James. Palacios y James están detenidos y procesados. El otro tema que compromete a Macri esque los jueces que dispusieron las escuchas son de Misiones, provincia a donde Mauricio cambió sudomicilio para apoyar al ex gobernador Ramón Puerta.
Cuando la invasión de la intimidad se convierte en el corazón de la política del Gobierno,empieza a consolidarse un Estado policial incompatible con las instituciones democráticas. No hayotro camino que ejercer controles y poner los límites republicanos. El submundo de las operacionessucias es el peor destino que puede tener un país. La buena noticia es que los mecanismos defiscalización se han activado. La diputada Carrió y varios legisladores están a la cabeza de esosreclamos. La Comisión Bicameral respectiva deberá disponer todo lo necesario para conocer la listade teléfonos intervenidos, de agentes secretos y del manejo de los 514 millones de pesos depresupuesto que tienen para este año. Tanto Héctor Icazuriaga como Francisco Larcher, comoautoridades de la ex SIDE, tendrán que rendir cuentas.
