En 1998, escribí una nota en Clarín titulada “Las mentiras del sistema penal”, en laque denunciaba las graves fallas legislativas que permitían la impunidad de la delincuencia, alamparo del mal llamado “garantismo”. Anticipaba allí que, si no se modificaban lasleyes, llegaríamos a un nivel de inseguridad insoportable. Tiempo después, un sector de laconducción del Colegio Público de Abogados promovió contra mí una acción disciplinaria a causa deese artículo periodístico. Los hipergarantistas querían penalizar la opinión, objetivo que noconsiguieron gracias a la oportuna reacción del periodismo.
La situación hoy es mucho peor. No hay una persona que lo ignore.
Durante una conversación sobre recientes hechos de violencia en un área del Gran BuenosAires, un joven oficial de Policía me decía que –debido a órdenes recibidas de unafiscalía– se había visto obligado a liberar de inmediato a un grupo armado a quienes suscompañeros de uniforme sorprendieron penetrando en una casa. Otro oficial –según surelato– se habría enredado en serios problemas judiciales por herir a un delincuente que leestaba apuntando con un arma, sólo porque su atacante no había disparado primero.
En comparación, los días demorados para liberar a un jubilado que mató a dos de sus agresorese hirió a otro –que estaban armados– revelan el estado de una Justicia enferma.
Los engorrosos requisitos legales para que un ciudadano común pueda tener un arma no sepueden comparar con la facilidad con la que los delincuentes la obtienen sin preocuparse porpermisos reglamentarios.
La percepción popular de que quien hiere o mata en defensa propia es tratado con mayor rigorque los propios criminales concuerda con la indignante pero verificable realidad.
La dureza de ciertos funcionarios contra el que se defiende corresponde a un odio ideológico,no a una posición jurídica. Si se tratara de una posición jurídica, tendrían con quien se defiendela misma liviandad que emplean en favor de los agresores. Pero desde esa visión, el que se defiendeexitosamente es un burgués con alma de represor que se ha salido con la suya y cuyo ejemplo no debecundir.
La situación que vivimos hoy, en materia de seguridad, es peor que la de una anarquía. Sirealmente hubiéramos llegado a una anarquía, cada ciudadano, consciente de esa situación, buscaríalos medios para defenderse por sí mismo, adoptar acciones preventivas, organizar patrullas civiles,como todavía hoy se hace –frente a una autoridad incomparablemente más eficiente– enmuchos poblados de los Estados Unidos y como –descartada la eficiencia de la autoridad–ocurrió la semana pasada en Villa Lugano, cuando los vecinos impidieron por la fuerza la ocupaciónde un predio por usurpadores.
Pero no, no hay anarquía. Lo que hay es un Estado que amarra las manos del honesto por detrásde su espalda, para que la delincuencia lo golpee impunemente en la cara.
Si en el fundamento de una nación existe algo que se parezca a un pacto social, ese pacto estároto en la Argentina. Hasta para el pensamiento pactista más proclive a la concentración de poderpor el Estado, como el de Thomas Hobbes, el ciudadano se ve desligado del contrato cuando laautoridad no defiende su vida. El contrato está quebrado y el poder se sostiene ilegítima yúnicamente contra la gente honrada. Para completar esa quiebra nacional, no sólo se tolera sino quese incentiva una inmigración indiscriminada que no distingue entre trabajadores y delincuentes.
En este contexto, el fallo de la Corte despenalizando la tenencia de drogas para consumorepresentó una señal nefasta en favor de la criminalidad; la antítesis misma de la función docentede la ley. Pero a los poderes públicos siempre les quedará el recurso de decir que la sociedadtiene la culpa, por su insolidaridad. Mientras tanto, ciudadano, si no quiere perder la libertad enmanos de esos poderes, procure que el ladrón dispare primero y que tenga mala puntería.
*Abogado y escritor.
