Cualquier sistema penal realiza una selección de los casos en los que se concentrará: esimposible perseguir todos los delitos con la misma intensidad. Muchos países mantienen mecanismosde selección explícitos a partir de decisiones que fiscales y jueces hacen públicas. Otros, como elnuestro, no poseen criterio explícito y se rigen por factores ajenos a quienes deberían elaboraresas políticas. Así, la dificultad que implica investigar los delitos más complejos hace que nosean los prioritarios.
Nuestro régimen criminal no es precisamente benévolo. Su tasa de encarcelamiento se duplicóentre 1998 y 2005 (era de 84,2 presos cada 100 mil personas y pasó a 170). Más de la mitad de laspersonas privadas de libertad no tienen sentencia firme. Una simple recorrida por cualquier cárcelsirve para advertir que la inmensa mayoría de sus habitantes pertenecen a las capas sociales másbajas de la sociedad. La selectividad natural implica que los hechos que se persiguen con mayorimpulso sean los relacionados con delitos perpetrados por esos sectores (en general, contra lapropiedad o tráfico de estupefacientes a pequeña escala). En cambio, los delitos económicos (o de“cuello blanco”, como los de corrupción), representan la sección del Código Penal sobrela que el sistema ha decidido implícitamente no concentrarse. La impunidad sobre esta clase dehechos es una incitación a que se sigan cometiendo.
Pero concentrar energías en los eslabones más altos de la cadena implicaría que no se cometanlos delitos que están debajo (por ejemplo, perseguir la venta de autopartes robadas, disminuiría elrobo de automóviles), por lo que la selección es también ineficiente.
Las causas de que el sistema judicial perpetúe esta selectividad que cae con más peso sobre lossectores vulnerables son múltiples. La más evidente es la falta de voluntad política de los poderespúblicos –entre ellos, los tres poderes del Estado. Para modificar el status quo hacen faltareformas estructurales y hasta ahora nadie quiso tomar esa iniciativa.
*Codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
