El petróleo es un recurso fundamental que de riqueza virtual puede convertirse en uno de losresortes del desarrollo futuro.
La llamada Ley del Petróleo de 1997 reservó el monopolio del Estado nacional sobre elsubsuelo, pero autorizó la concesión de la exploración, distribución, refinación y transporte delpetróleo y sus derivados a empresas privadas, además de Petrobras, que antes tenía la exclusividadde las operaciones en esas áreas.
Para regular el sector se creó la Agencia Nacional del Petróleo (ANP). Dentro de los mismoslineamientos aparece el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), órgano de asesoría de laPresidencia de la República. En ese marco institucional, el gobierno determina el ritmo de aperturade nuevas áreas de exploración.
Otro aspecto importante de la legislación actual es la existencia de criterios que, en laslicitaciones, favorecen a las empresas que se comprometen a comprar productos nacionales para losproyectos de exploración.
Ha tenido mucho éxito la experiencia de más de 10 años de funcionamiento de ese modelo. En1993, producíamos 693.000 barriles de petróleo al día; en 2002, logramos los 1,5 millones debarriles; en 2009 alcanzamos los 2 millones de barriles. El principal salto de la producción se dioentre 1997 y 2002.
Los recursos obtenidos por el Estado fueron substanciales y mucho mayores que los dividendosdistribuidos a los accionistas privados. El Estado recibió en 1999, como pago de bonos deasignación, regalías y participaciones especiales, cerca de 2 billones de reales. En 2007 fueronmás de 17 billones, la mayor parte de los cuales se derivaron de participaciones especiales,susceptibles de ser aumentadas por medio de un simple decreto.
Entonces, ¿por qué cambiar ahora de régimen? El tema, de hecho, requiere discusión, dado elnuevo equilibrio de los riesgos posibles (menores) y de los ingresos esperados (mayores) querepresenta la capa ¨pre-sal¨.
Hay un punto respecto del cual parece haber convergencia: siendo voluminoso el rendimientoque sería generado por la exploración de la capa ¨pre-sal¨, gran parte de él en dólares, esprudente crear un fondo soberano. Eso para minimizar dos efectos negativos: un gasto indiscriminadoque impidiera a las generaciones futuras beneficiarse de los frutos de una riqueza natural común; yuna valorización enorme del real, en detrimento de la competitividad de nuestra economía en generaly de la industria de las exportaciones, fuera del petróleo, en particular.
Lo mejor sería hacer en Brasil algo en la línea de que hace Noruega con su fondo soberano.Aquí, ¿por qué no dejar la gestión en manos de la Tesorería Nacional y del Banco Central, queposeen equipos altamente especializados, bajo la supervisión de un pequeño grupo de personasdesignadas por el presidente y aprobadas por el senado, que presentaran cuentas anuales al Congresoy al Tribunal de Cuentas?
La legislación relativa al fondo podría prever el destino de sus ingresos financieros para elárea de la educación, en especial investigaciones para el avance científico y tecnológico,particularmente en fuentes limpias de energía y en tecnologías que ahorren gas carbónico.
No obstante, el proyecto del gobierno de Lula no va por ahí. Para la gestión del fondo, lapropuesta es crear un consejo con personas nombradas por el Presidente. Sometido al ejecutivo, sinreglas claras, el fondo podrá aplicar sus recursos en activos en Brasil o en el exterior, recursosque podrían acabar alimentando los presupuestos anuales y plurianuales del Estado, lo que abre elespacio para que haya injerencia política en su destino. Ciertamente no es éste el modelo noruego.
El riesgo mayor de politización todavía está en la creación de una nueva empresa estatal,Petro-Sal, subordinada directamente al ministerio de Minas y Energía. Sería este ministerio el quele indique al Consejo Nacional de Política Energética las áreas en las cuales se aplicara elrégimen de reparto (incluso fuera de la capa ¨pre-sal¨). Sería el ministerio también el queindicara la dirección ejecutiva de la nueva empresa.
A Petro-Sal correspondería la presidencia del comité gestor que supervisaría cada proyecto deexploración, bajo el régimen de reparto. En suma, el nuevo arreglo reduce al mínimo el papel de laANP, crea una empresa estatal más sin que se sepa de dónde saldrá su competencia técnica y le damuchos poderes al Ministerio de Minas y Energía.
En conclusión: sobran aspectos poco claros en el proyecto, sobre todo en cuanto a susconsecuencias, y falta todavía un debate prolongado y profundo para que podamos aprobar, conconvicción y tranquilidad, una ley que pretende alterar un régimen de exploración hasta ahoraexitoso. Es preciso discutir más y mejor, tanto en el Congreso como en la sociedad.
*Presidente de Brasil entre 1995 y 2002, distribuido por The New York Times Syndicate.
