Hay en el país un mar de fondo por la discusión en torno a los criterios utilizados para asignarlos subsidios a personas desocupadas correspondientes al plan Argentina Trabaja que lanzó elGobierno nacional.
Un conocido dirigente piquetero cercano al Gobierno amenazó con poner 80 mil personas en lacalle en el caso de que el Gobierno no haga algo para prevenir la presuntamente distorsivaasignación de planes por parte de los intendentes del partido del Gobierno, mientras otro conocidointendente de un importante distrito del Gran Buenos Aires le contestó que habla de cosas que noconoce. Tradicionalmente, un conjunto de actores sociales con un estelar protagonismo de losmovimientos de derechos humanos y de los grupos piqueteros, pero también de los partidos opositorestanto de izquierda como de derecha han deslizado que el reparto de esos planes podría ser orientadocon fines clientelares por parte de los intendentes del Conurbano bonaerense.
Esa acusación no es novedosa: el propio Gobierno nacional, cuando en el año 2003 ponía alpaís bajo los auspicios de la transversalidad y la nueva política, solía presentar a esosintendentes, los llamados barones del Conurbano, como sujetos más bien oscuros y poco dispuestos acomprometerse honestamente con el nuevo relato que el kirchnerismo proponía a la nación. Puede ser,como pretenden algunos dirigentes sociales, que los intendentes procuren beneficiarse políticamentedel reparto de los subsidios del plan Argentina Trabaja pero, ¿quién podría asegurarnos que ellosmismos harán algo demasiado diferente? De hecho, la puja angustiosa entre diferentes versiones delmovimiento por conseguir cupos nos dice algo del modo en que ellos mismos conciben ese reparto comouna variante de ejercicio del poder y la influencia política.
Toma y daca. Es un lugar común la percepción generalizada acerca de cuán extendida está lapráctica de la política como intercambio de favores, algo defenestrado por el discurso peroconvalidado por la práctica de manera habitual. Lo paradojal es que la denuncia y la indignaciónmoral frente a estas prácticas auténticas no son algo cada vez más extraño al ejercicio de lapolítica en sus versiones más tradicionales y es un hecho que quienes son receptores de estosprogramas lo tomen como un dato de la realidad semejante a la humedad ambiente.
En otras palabras, puede que en una Argentina reformada de acuerdo a unos criterios dehonestidad e imparcialidad de esos que cada tanto pregonan las autoridades de la Iglesia o losexpertos en políticas sociales, los planes sociales se asignen de acuerdo a un estricto criterio denecesidad y mérito. Algo que, de acuerdo a la opinión de los entendidos, dista de ser una tareasencilla. Pero, en las presentes circunstancias, eso no parece demasiado factible y, lo que es másimportante para nuestro argumento, no parece estar en los objetivos de ninguno de los grupos querivalizan en las presentes circunstancias por el reparto de subsidios.
Si esto es cierto, no tendríamos en esta disputa puntual un conflicto entre una políticaclientelista y otra universal, sino un contrapunto entre distintos proyectos clientelistas.
Así y todo, los datos de nuestras encuestas de opinión sugieren que los intendentes sonampliamente preferidos a la hora de asignar los planes sociales o subsidios.
En efecto, en un relevamiento reciente, conducido en la provincia de Buenos Aires, un 33% delos entrevistados contestó que prefería que los municipios administren los planes sociales, contraun 20% que preferiría que lo haga el Gobierno nacional y un 16% que escogió a las organizacionespiqueteras y los movimientos de derechos humanos; el resto se repartió entre la Iglesia Católica,otras opciones o no tenía una opinión formada –¿Cómo se explica estas preferencias? Por unlado, los gobiernos municipales son estructuras institucionales sujetas a la fiscalización popularmediante el voto. Se supone que la ciudadanía ha conferido a los intendentes un poder paraadministrar la cosa pública. En todos los casos, la sociedad puede utilizar el voto para penalizaraquellas cosas que juzga que se han hecho mal o para premiar aquellas que se han hecho bien. Delotro lado, no se observa que los llamados movimientos sociales dispongan de un mecanismo defiscalización popular equivalente. En última instancia, mejorar la manera en que la sociedad ayudaa aquellas personas que tienen más necesidades es un imperativo moral de primer orden. Pero noparece que esa agenda vaya a avanzar mediante la competencia desaforada entre aquellos que han sidoelegidos por medio del voto popular y aquellos que se postulan como los verdaderos portavoces delos intereses populares.
El camino hacia la autonomización de la asignación de subsidios, planes y otrascompensaciones respecto de la riña política y sectorial debería ir de la mano de la creación deinstancias públicas no partidistas que permitan al conjunto de la sociedad y, desde luego, a susrepresentantes electos cerciorarse de la idoneidad, la honestidad y la transparencia con que seutilizan los recursos del presupuesto.
*Directora de Graciela Romer y Asociados/Director de proyectos.
