Nuestro sistema tributario “histórico”, por oposición a “racional”, esdecir que responda con criterio técnico a las necesidades de la economía y que no esté sólodirigido a recaudar, vuelve a presentarse como una imperiosa necesidad. Su estructura en grandeslíneas responde a enfoques dominantes hace unas ocho décadas sin las correcciones que ha idodemandando nuestra evolución productiva. Para peor, se han registrado parches ocasionales yagregado gravámenes poco recomendables desde que desaniman a los contribuyentes, entre otras cosas,porque dificultan su normal desempeño.
El denominado impuesto al cheque siempre fue desestimado. No sólo se lo impugna por susintrínsecas debilidades, sino también porque según las provincias el Gobierno nacional se ha idoapropiando de la recaudación en desmedro de sus intereses. Como híbrido lo acompaña el Impuestosobre los Bienes Personales, que como he señalado durante años discrimina contra la población demenores recursos, simplemente porque bienes como la vivienda o el automotor son registrables y defácil localización. En cambio, los pudientes, cuya riqueza suele estar diversificada yterritorialmente dispersa, pueden sustraerse a parte importante de la contribución.
Entonces, la siempre reclamada equidad sigue pendiente. Son los efectos económicos y socialessus más severos inconvenientes. La discriminación mencionada apunta contra el principio de lacapacidad contributiva que rige universalmente como criterio rector. En el frente económico, el maldenominado impuesto sobre la riqueza, en la medida en que no contempla los pasivos, como es enpatrimonio neto, recae sobre los activos brutos y la tasa efectiva, en este caso, superaría lalegal, paradójicamente, agudizando la regresividad. Por ello, el eminente Edwin Seligmandescalificó la imposición patrimonial hace un siglo, afirmando que se trata de la peor contribuciónconocida en el mundo civilizado.
El Impuesto al Cheque, por su parte, ni siquiera configura una “reliquia bárbara” entérminos keynesianos, porque nunca trascendió entre los recursos gubernamentales corrientes. Algode verdad puede deducirse de esa observación, con respecto a la desaparición de la imposiciónpatrimonial en la legislación comparada. En cambio, el impuesto sobre débitos y créditos bancarios(al cheque) configura una suerte de “rara avis” porque, entre otras cosas, puedeestimular prácticas de pago al contado y sistemas financieros informales, además de favorecer laevasión vía ocultamiento de transacciones.
Por otro lado, este oneroso gravamen disminuye la bancarización en la economía, limita laliquidez y como consecuencia la base crediticia del sistema que, por definición, restringe lainversión, cuando no obliga a apelar al crédito externo, que frecuentemente crea distorsionescambiarias y potenciales devaluaciones que no son ajenas a la tasa de inflación. Ahora bien, elhecho de que este impuesto sea una rareza podría persuadirnos de que la eventual derogación opérdida de recaudaciones, coparticipadas o no, podría compensarse por dos razones, aunque conalguna demora. Primero por el cambio de humor social, nuevas expectativas reactivadoras y menorescostos fiscales que, además, amortiguarían presiones inflacionarias, sobre todo si la economíacrece. Segundo, si se reformularan los enfoques que deben regir en materia de gasto público, dondelos controles de legalidad y de eficiencia deberían prevalecer en obsequio de gestionestransparentes.
No sólo se trata de gastar menos eliminando los gastos improductivos, sino de gastar mejor, osea en erogaciones que respondan fielmente a satisfacer necesidades jerarquizadas por sucontribución a la utilidad, productividad y rendimiento económico y social. Hace años reclamo, sinresultados, la formación de un panel de expertos para que se pronuncie sobre estos temas y parafacilitar la tarea de funcionarios y legisladores, quienes tendrán la oportunidad de discutir yexpedirse para salir del marasmo. No es una fantasía. Es una práctica casi global merecedora deatención.
*Economista.
