Veamos las tarifas de los servicios públicos (transporte, energía, agua, comunicaciones) en losaños post crisis de esta década, los subsidios del Estado a las mismas, y los efectos políticosengendrados. Y anotemos algunas observaciones generales, que por supuesto pueden tener excepciones.
En el momento de la crisis, con independencia de la discusión sobre si esos servicios eran“caros” o “baratos” en relación con costos o comparaciones internacionales,los subsidios que recibían del Estado acompañaban la regresividad impositiva, beneficiandocomparativamente más a los sectores medios y altos en detrimento del contingente pobre. La crisisque acompañó al default llevó a mantener tales subsidios sin que, en términos generales, semodificara su estructura social.
Cuando comienzan a soplar vientos de bonanza, y a pesar de las aspiraciones decentroizquierda del nuevo gobierno (2003), tal estructura se mantiene en lo esencial, sin permitir,además, aumentos significativos de las tarifas a lo largo de varios años. Naturalmente, nadieprotesta, salvo los proveedores de los servicios, que claman que la inflación, aunque lerda, sigueviva, que no se puede invertir en modernizar y ampliar la cobertura, y que si se sigue así van atener que volver a manos del Estado, que es la única empresa que puede trabajar a pérdida (porqueel quebranto lo pagan los contribuyentes).
A tales diatribas por cierto impopulares se contesta desde la política, oficial o de ciertosopositores “progresistas”, que ya han lucrado en exceso los protestones en los años delreino del FMI, del Banco Mundial y (como cita literaria) el Consenso de Washington, y que hallegado la hora de que ayuden a un pueblo castigado en la década de los 90 por un gobierno queequivocó el rumbo del tren de la historia. (En esta última alusión, por delicadeza política, sesuele personificar en quien presidió la década y no en el partido al que pertenecía y gobernó.) Ladifuminada derecha política, cuidando la imagen (en la Argentina han sido erradicados losconservadores, son mal vistos), participa poco en el debate, aunque se sospeche que está del ladode los expoliadores.
En realidad, la postergación del ajuste tarifario no se origina en la búsqueda de aplauso–que no ocurre, para lograrlo habría que rebajar–, sino en evitar la protesta, teniendoa la vista las elecciones que tenemos cada dos años.
Claro que un gobierno en serio progresista podría haber efectuado ajustes estudiados enfunción de mantener la salud presente y futura de los servicios públicos y mejorar la estructuraredistributiva de los subsidios, haciéndolos mayores en los grupos medio bajos y bajos de la escalasocial. Pero el Gobierno quería ganarse a la esquiva clase media urbana, irritable y consentida, yera más sencillo postergar.
El resultado electoral de 2007 estuvo condicionado a múltiples influencias como para unaevaluación de cuánto pesó cada una, pero en razón de que la única verdad es la realidad, llegó lahora en que los costos y beneficios invirtieron su relación, y la economía impone algunasdecisiones que la política cortoplacista –¿hay otra en el país?– preferiría evitar. Enmarcha ya el ajuste tarifario. Ahora sí se intenta hacerlo redistributivo: pagarán más los queestán mejor y no se modificará en general la situación de los que están peor.
La consecuencia política visible de todo esto es que los ayer sobreprotegidos gritan sudisgusto en la calle, y el resto permanece indiferente, sin conciencia cabal del beneficio. Losgobernantes que se ufanaban por la “sensibilidad social” (¿o electoral?) que inspirabala prórroga sienten cortadas las alas de su vuelo facilista, pero difícilmente aprenden uno de losaxiomas fundacionales de la buena política: gobernar implica siempre costos políticos por disgustode sectores de la ciudadanía, pero cuando esa impopularidad surge de iniciativas que promueven elbien común, tarde o temprano se recuperan como reconocimiento.
*Ex ministro de Salud.
