En una de las audiencias públicas de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Morales se burló de loslegisladores de la oposición porque pedían más tiempo para tratar la Ley de ServiciosAudiovisuales. Según el relator y periodista, ésta podía ser estudiada por cualquier alumnosecundario en un par de tardes. Algo parecido pensó evidentemente el oficialismo, que decidió darleal proyecto un tratamiento relámpago. En la misma audiencia en que Morales sugirió que losremolones simulaban no entender la ley para servir a los intereses del Grupo Clarín, intervinotambién el cineasta Juan José Campanella, director de El secreto de sus ojos entre de otros éxitos,quien solicitó una modificación del artículo 59 en nombre de la industria cinematográfica.
La ley contempla una serie de derechos y reivindicaciones para sectores hasta ahora ausentes oinsuficientemente representados en los medios. Entre los favorecidos, junto con las cooperativas ylos pueblos originarios, no podían faltar los productores cinematográficos, a cuya satisfacciónestá dedicado ese artículo 59, que propone una cuota de pantalla para la difusión de cine argentinoen la televisión. Se establece así para los licenciatarios de televisión abierta o por suscripciónla obligación de estrenar seis películas nacionales al año o, en su defecto, de lo que resulte decomprar derechos de antena por un valor equivalente al 0,5 por ciento de la facturación bruta de laempresa.
Como se indica en las notas al pie de página, los redactores de la ley acudieron a la eficazlegislación francesa en la materia, pero se perdieron un poco en las sutilezas de un sistemaverdaderamente complejo y balanceado. Fue así que convirtieron esa obligación de difundir cinenacional en la obligación de producirlo. En efecto, nuestra futura Ley de Medios establece que esoslargometrajes deberán ser adquiridos antes de comenzar su rodaje. Esto tiene menos que ver con unacuota de pantalla (que establecería un porcentaje de filmes nacionales en el total de películasprogramadas según criterio aplicado para la música nacional en la radio) que con un aporte dedinero que transforma de hecho a todos los licenciatarios en coproductores de películas argentinas.Es difícil hacer números dada la cantidad de variables en juego, pero un cálculo apresurado revelaque sólo los cinco millones de abonados a la televisión por cable deberían aportar una cifra delorden de los cincuenta millones de pesos anuales. De hecho, si se agrega la televisión abierta,estaríamos hablando probablemente de más de cien millones.
Ahora bien, ya existe un fondo para producir películas argentinas: es el que establece la Ley17.741, que fomenta la actividad cinematográfica mediante un impuesto cuya fuente más importante esla facturación por publicidad de las televisoras. Por ese motivo, resultaba lógico que quienesredactaron la ley excluyeran, como de hecho lo hicieron en un principio, “las obrasaudiovisuales que hubiesen obtenido los beneficios establecidos por la Ley 17.741”. Esa es laexcepción que Campanella y otros colegas suyos trataron de corregir. Según se informó, lo hanlogrado y ahora no sólo aumentará considerablemente el dinero para la producción de cine, sino quelos mismos proyectos podrán recibir dinero por las dos vías. Pero así como el INCAA tiene laobligación de subsidiar películas de acuerdo a sus valores artísticos (sea eso lo que fuere), nohay duda de que los ejecutivos de la televisión porteña o del cable de mi pueblo, puestos en ladisyuntiva de invertir dinero en un guión, tenderán a elegir el producto que les asegure másrating.
¿No hay aquí una doble imposición o un impuesto camuflado? ¿No sería justo mantener la excepcióny apuntar a una mayor diversidad? ¿Es lógico que los empresarios televisivos decidan qué cine seproduce? ¿No es mejor usar ese dinero con fines educativos o culturales más amplios? ¿No sedeberían compatibilizar las dos leyes que se ocupan del fomento cinematográfico? Esas y otraspreguntas requerirían un debate mucho más profundo y mucho más prolongado de lo que supone el señorMorales y de lo que el oficialismo concedió. Y estamos hablando de un solo artículo, tal vez uno delos menos conflictivos entre los 157 que contiene la ley.
*Crítico de cine.
