En la tarde de ayer, después de haber terminado las deliberaciones de las XX JornadasCientíficas de la Magistratura Argentina en El Calafate, un grupo de jueces intentaba hacertrekking sobre el glaciar Perito Moreno. En eso estaban, cuando el guía que los conducía por sobreesa superficie escabrosa y difícil simuló recibir una llamada. Los intrépidos hombres de laJusticia detuvieron, entonces, su marcha. Sobrevino, pues, un simulacro de conversación telefónicaen la que el guía respondía a su supuesto interlocutor con una serie de sí, para finalmente cerrarla comunicación diciéndole: “Quédese tranquila, Sra. Presidenta, que de aquí ninguno de estossale vivo”. Allí todos cayeron en la cuenta de la broma que les estaba gastando el guía encuestión –sin duda bien al tanto de la realidad nacional– y comenzaron a reír acarcajadas. Claro que la real situación de tensión entre el Gobierno y la Justicia lejos está depromover la risa.
La marcha a Tribunales del martes pasado, a fin de presionar a la Corte con el objetivo deevitar un pronunciamiento adverso a los intereses del Gobierno en lo referente al artículo 161 dela Ley de Medios –el artículo que da un plazo de un año para llevar adelante la cláusula dedesinversión por la que, principalmente, el Grupo Clarín deberá vender varios de sus medios, cuyatenencia fue prorrogada por Néstor Kirchner poco antes de dejar la presidencia– convocada através de la pantalla de Canal 7 durante las transmisiones de los partidos de fútbol, así comotambién las brutales expresiones de Hebe de Bonafini, tratando de “turros” a los juecesy amenazando con tomar el Palacio de Justicia –expresiones a las que el matrimoniopresidencial respondió con un sonoro silencio cómplice– han tensado al máximo las relacionesentre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Dos hechos más han agregado tensión a la yaexistente: una es el pedido de juicio político al juez de La Plata Elvio Sagarra por haber ordenadola suspensión del cambio de grilla de los canales de televisión; la otra es la decisión de nootorgar la extradición al ciudadano chileno Garvarino Sergio Apablaza Guerra, sospechado de haberparticipado en el asesinato del senador transandino Javier Guzmán en plena democracia.
Esta última determinación del Gobierno tiene su historia y ya está teniendo susconsecuencias. Es una extradición que ha sido pedida por todos los gobiernos chilenos anteriores alactual. Hay que recordar que dichos gobiernos fueron encabezados por los líderes socialistasRicardo Lagos y Michelle Bachelet.
Durante todo ese tiempo, el Gobierno argentino se escudó en que no podía dar curso a ese pedidohasta que la Corte no se expidiera. Tal vez la Presidenta supuso, equivocadamente, que la Corteiría a denegar ese requerimiento. El fallo del alto tribunal fue adverso a los deseos de Apablaza ydel Gobierno. Fue, además, contundente: expresó que no había elementos para considerar al crimendel senador Guzmán como “delito político”.
La Dra. Fernández de Kirchner había tomado la decisión de no otorgar la extradición de Apablazaantes de partir hacia la ciudad de Nueva York para asistir a la Asamblea General de la Organizaciónde Naciones Unidas. Pero, consciente de las consecuencias negativas que ello traería en la relaciónentre la Argentina y Chile, decidió postergar la oficialización de su determinación hasta suregreso del periplo norteamericano. Lejos imaginó, entonces, que el destino le depararía una deesas carambolas que la pondría en una situación particularmente incómoda. Pero eso fue lo que, alfinal, ocurrió: la opinión de la Comisión Nacional de Refugiados emitió su recomendación contrariaa la extradición de Apablaza el mismo día en que, debido al intento de golpe de Estado que puso enjaque al gobierno del presidente Rafael Correa de Ecuador, los presidentes de la Unión de NacionesSuramericanas (UNASUR) se dieron cita en Buenos Aires a fin de condenar esa asonada.
La negativa de la Presidenta a cumplir con la sentencia de la Corte, ordenando la extradición deApablaza, ha complicado al gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, que está analizandotomar una serie de medidas para demostrar, en forma concreta, su disgusto por esta situación. Aestas horas se consideraban tres posibilidades, a saber:
Una fuerte declaración de protesta y una presentación ante la Comisión Internacional deDerechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El llamado a consulta del embajador de Chile en la Argentina.
El retiro en la ONU del voto de apoyo a los reclamos reivindicatorios de la soberaníaargentina sobre las islas Malvinas.
Otros de los efectos colaterales de esta postura del matrimonio Kirchner es el de debilitar losreclamos en pos de lograr que el gobierno de Irán acepte llevar a juicio a los ciudadanos de supaís sospechados de haber participado en el brutal, y hasta hoy impune, atentado contra la AMIA, el18 de julio de 1994.
El Gobierno sufrió esta semana dos derrotas significativas: una fue la votación en la CTA; laotra, en el Senado, cuando con votos de algunos de sus legisladores, entre ellos el del jefe delbloque del Frente para la Victoria Miguel Angel Pichetto, se aprobó la Ley de Glaciares que una vezsupo vetar la Presidenta. La otra alternativa inquietante para el oficialismo fue la aprobación encomisiones de la Cámara Alta del proyecto de ley para otorgar el 82% móvil a las jubilacionesmínimas. Esto ha encendido las alarmas en la Babel de Olivos.
Mientras tanto, el impacto social del asesinato de Matías Berardi ha complicado, una vez más, ala administración de Daniel Scioli. Como siempre sucede en estas circunstancias, el Gobiernonacional ha brillado por su ausencia. Estos casos cobran un relieve aún mayor cuando se producen enel marco de afirmaciones como las del ministro de Seguridad y Justicia de la Nación, Julio Alak,quien dijo que el delito había bajado en la Argentina, expresiones que fueron luego desmentidas porsu propio ministerio.
La Dra. Fernández de Kirchner habló, en las últimas horas, de los efectos desestabilizadoresde la mentira. La Presidenta tiene toda la razón de fastidiarse ante informaciones que no reflejenla verdad. El problema es que no parece mostrar el mismo fastidio cuando los que falsean larealidad son los organismos y/o los funcionarios oficiales.
Producción periodística:
Guido Baistrocchi
