El miedo siempre generó buenos negocios. Y la última novedad son las cámaras de seguridad que secolocan en las calles para vigilar a la gente, cada vez más temerosa de ser víctima de algúndelito.
Este nuevo rubro de la vigilancia viene creciendo mucho en Argentina. Sobre todo desde marzo,cuando el Gobierno nacional anunció que instalará cinco mil cámaras en todo el país y que pagaráunos 200 millones de pesos. La mayor parte de ese dinero se está girando al conurbano de BuenosAires, que registra los índices más altos de delitos, y es a la vez un bastión electoral deloficialismo.
El problema es la manera que se elige para otorgar este negocio millonario. Algunosmunicipios bonaerenses lo entregaron a empresas privadas sin realizar licitación, lo que significaque no se cumplió con el mecanismo habitual de contrataciones y se eligió de manera directa a lascompañías beneficiadas. En otros casos se hicieron licitaciones del tipo “llave enmano”, donde se adjudica todo el sistema dentro de un gran paquete y no se buscan los mejoresprecios por separado.
Esta situación está levantando una polémica que recién parece empezar. Un sector de laoposición critica estas metodologías y reclamó “mayor transparencia en los contratos”.PERFIL también consultó a tres empresas dedicadas a esta actividad, que defendieron lasadjudicaciones y recordaron que son organizadas por el Estado. El único empresario que aceptóhablar de manera abierta fue Mario Montoto, que argumentó que la contratación se hizo de esa maneraporque “había una emergencia de seguridad y era la forma más rápida” (ver recuadro).Una justificación similar brindan las municipalidades. Este diario se comunicó con el Ministerio deSeguridad provincial, pero al cierre de esta edición los voceros no habían respondido a ningunapregunta.
Negocio redondo. La instalación de cámaras de vigilancia se convirtió en un negociomillonario en Argentina. PERFIL averiguó con las empresas consultadas sobre el mercado local, paraindagar cuánto dinero le está costando al Estado.
Ya habría al menos unas quince firmas que se dedican o que están empezando a entrar en estenegocio. Están colocando cámaras fijas y también se están apostando los llamados“domos”, que cuentan con más ventajas tecnológicas. Por ejemplo, se pueden movermediante un control electrónico que tiene una capacidad de giro total: 360 grados en formahorizontal y 180 grados en vertical. Incluso tienen una función llamada “autotrack”,que permite seguir a las figuras que están en movimiento.
Las imágenes son transmitidas a través de una red que puede ser de fibra óptica o de enlacesaéreos. Y todo el circuito desemboca en una “sala de monitoreo”, donde se observan losvideos en modernos televisores de plasma. Según datos brindados por las compañías, todo el sistematiene un costo promedio de 10 mil dólares por cámara. Esto significa que si un municipio deseacolocar apenas 25 cámaras, deberá gastar alrededor de un millón de pesos.
Pero estos sistemas de seguridad se convirtieron en un negocio todavía más redituable cuandoel Gobierno nacional decidió gastar millones para instalarlos.
El 27 de marzo, la Casa Rosada anunció que iba a colocar cinco mil cámaras de vigilancia entodo el país y que para cumplir ese objetivo iba a desembolsar una jugosa cifra: 203 millones depesos.
La idea es parte del llamado Plan de Seguridad Ciudadana, una iniciativa kirchnerista parabajar el delito, que fue lanzada poco después de una manifestación en Plaza de Mayo contra lainseguridad.
La presidenta Cristina Fernández hizo este anuncio en la residencia de Olivos, cuandofaltaban sólo tres meses para las elecciones. ¿Dónde se iban a instalar esas cámaras de seguridad yquiénes iban a recibir esos fondos millonarios? El Gobierno informó que se firmarían acuerdos conprovincias y municipios. Y en el mismo acto de lanzamiento adelantó que ya estaban incluidos unostreinta distritos del Conurbano bonaerense.
Polémica. Existe consenso sobre la necesidad de integrar los avances tecnológicos, como lascámaras, al combate contra el delito. La polémica gira en torno al sistema de adjudicación.
Varios municipios no hicieron licitaciones para colocar estos sistemas de videovigilancia. Esdecir, no eligieron la oferta más conveniente y contrataron compañías de manera directa.
Dentro de ese grupo se encuentran municipalidades como las de Campana y Lomas de Zamora.Según los convenios que pactaron, la firma contratada debe financiar, mantener y operar la red devigilancia. Pero también queda como propietaria de toda esa infraestructura y cobra un canonmunicipal todos los meses. La suma de dinero depende del tamaño de la red: el partido de Tigre, quecuenta con mas de 200 cámaras, abonaría más de 100 mil pesos mensuales.
Un empresario que se benefició con estos convenios directos es Mario Montoto, un ex dirigentede Montoneros que se recicló en hombre de negocios. Empezó en el año 2006 en la Ciudad de BuenosAires con la empresa Codesur y luego siguió en territorio bonaerense con la firma Global View.“Esos acuerdos se hicieron porque los municipios necesitaban las cámaras de manera rápida, yhoy vemos que muchas licitaciones están avanzando a paso lento”, justifica.
Además, varios distritos están realizando licitaciones similares a la modalidad “llaveen mano”. Esto significa que no se licitan por separado la cámaras, las redes, los monitoreso demás equipos. Todo es incluido dentro de un gran paquete que se adjudica a una sola empresa.Esta forma de contratación suele aplicarse para acortar los tiempos, pero entraña el riesgo de noconseguir los mejores precios o productos para todos los ítems. Entre los distintos municipios queutilizaron este método se encuentran lugares como Zárate y Avellaneda.
Hay otras zonas donde el sistema de cámaras sí se está licitando por partes, como en Morón.“Es cierto que con esta modalidad no avanzamos de manera tan rápida, pero tendremos un totalde 158 cámaras, toda la red queda en manos del Estado municipal y nos aseguramos de pagar el costomás conveniente”, asegura Diego Spina, de la Jefatura de Gabinete moronense.
Esta manera de ajudicar el negocio ya empezó a generar controversia y ya dispara críticas dela oposición.
“No caben dudas de que se tendrían que realizar los procedimientos de licitaciónnormales”, dice Maricel Etchecoin, diputada provincial de la Coalición Cívica (CC).“Los contratos directos y los concursos ‘llave en mano’ no alcanzan paragarantizar que el Estado elija la oferta más conveniente”, asegura la legisladora.“Debería existir mayor transparencia, porque estos métodos de contratación siempre generansospechas sobre la relación que podría existir entre funcionarios y empresarios”, agrega.
“No hay excusas para que no se hayan llevado a cabo los procesos regulares delicitación”, se suma el diputado Carlos Raimundi, dirigente bonaerense del partidoSolidaridad e Igualdad (SI). “Estos mecanismos son importantes para asegurarse de que se estáeligiendo el mejor servicio y el mejor costo”, explica. “Y en el caso de que unaemergencia obligue a contratar rápido, se pueden buscar caminos alternativos, como llamar a unalicitación con plazos abreviados”, sugiere.
Este diario consultó a municipalidades que no realizaron licitaciones o que hicieronadjudicaciones “llave en mano”. En ambos casos, la explicación fue similar: “Lainseguridad es un problema urgente y queremos instalar rápido las cámaras”.
PERFIL también se comunicó con el Ministerio de Seguridad bonaerense, para consultar por quéno realizaron una licitación provincial y si acordaban con la manera que los municipios estánllevando a cabo las contrataciones. A pesar de insistentes llamados durante dos semanas, losvoceros no respondieron ni una sola pregunta.
