La Presidenta llamó al diálogo. No es la primera vez que lo hace, pero seguramente será laúltima. Sin el ánimo de exagerar, es probable que si fracasa en esta nueva convocatoria, no le seaposible terminar su mandato de una manera decorosa, si es que puede hacerlo.
Este es un desafío no sólo para el kirchnerismo gobernante, sino para el peronismo que lo llevóal poder y que ahora no lo reconoce como propio; para la oposición no peronista, que tendrá unaparticipación protagónica en el Congreso; para los gobernadores, en medio de su propia crisisfiscal, y para la dirigencia empresaria y la sindical en general, que tienen un mayor margen demaniobra, desde la debilidad del poder surgida después de las elecciones.
Pero lo primero que tendrá que entender la Presidenta y, fundamentalmente, su marido, es que, eneste caso, como nunca antes, “diálogo” tiene que ser sinónimo de“negociación”.
Ahora bien, que todas las partes entiendan sus responsabilidades relativas, y que esténdispuestas a negociar en ese marco, es condición necesaria pero no suficiente para una transiciónrazonable hasta 2011.
Conviene repasar algunos de los elementos que tiene que tener la mencionada negociación.
Empiezo por lo más fácil, y lo más difícil: el Congreso. Allí se dirimen los temas másimportantes para el futuro de mediano y largo plazo: los vinculados con la reconstruccióninstitucional. En los últimos años, el kirchnerismo, en una asociación ilícita con sus socios yaliados, se encargó de destruir elementos claves de la institucionalidad republicana: lalegislación delegada, el Consejo de la Magistratura, la capacidad de asignar recursospresupuestarios discrecionalmente por parte del Ejecutivo (entre 2003 y 2008, Néstor y Cristinaasignaron por su cuenta, y sin control, nada menos que el equivalente a 15% del PBI, unos US$ 40mil millones), el INDEC; las medidas “no escritas” de funcionarios sin atribucioneslegales, que traban el comercio exterior y el normal funcionamiento de la economía, entre otrascosas. Todo ello deberá ser tratado y modificado en forma urgente.
En ese Congreso, además, habrá que discutir el Presupuesto Nacional y el marco tributario de lospróximos dos años, incluyendo algún esquema de relación Nación-provincias diferente.
Allí, junto a los legisladores, y el Ejecutivo Nacional será clave el papel de losgobernadores.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que tanto quienes ganaron las elecciones como quienesperdieron carecen de la legitimidad necesaria (casi ninguno surgió de internas o eleccionesdemocráticas dentro de sus respectivas agrupaciones) como para plantear cambios de fondo en materiade ingresos y gastos.
Esa discusión deberá postergarse hasta el próximo gobierno, reforma política mediante, para quelos nuevos elegidos sean verdaderos representantes de los votantes. Por lo tanto, lo que habrá quenegociar es un esquema fiscal de emergencia que permita llegar a 2011, sin más default que losactuales y sin más expropiaciones y, a la vez, solucionar los temas más urgentes del sectoragropecuario y las distorsiones de todo el aparato productivo introducidas en los últimos años.
Y esto se complementa con el armado, por parte del Ministerio de Economía, del programafinanciero 2010-2011.
Un programa fiscal mínimamente coherente y un esquema financiero sin expropiaciones, ni estafas,le permitiría a la Argentina moderar la fuga de capitales y acceder, paulatinamente, afinanciamiento externo, aliviando el ajuste. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que nadie nosva a prestar plata para seguir gastando a un ritmo que duplica los ingresos. O para subsidiar a losricos, o para derrochar en sobrecostos y corrupción.
Se requiere recomponer el contexto institucional, donde la reforma política es la frutilla delpostre. Y negociar un programa fiscal y un esquema financiero que aleje el riesgo de másarbitrariedades y expropiaciones. Y, en paralelo, desarmar gradualmente la maraña de distorsionesque traban la economía, con la excusa de un “intervencionismo salvador”, y que no esmás que una serie incoherente y contradictoria de discrecionalidades sin rumbo.
Así le será mucho más fácil al Banco Central explicitar una política monetaria y cambiariacompatible con el escenario internacional y regional.
Con este marco definido, el sector privado estará en condiciones de negociar salarios y fijarpolíticas de inversión y producción, sin necesidad de sentarse en un ámbito corporativo yanacrónico.
Los K tienen la última oportunidad. Han perdido ya muchas. ¿Perderán ésta también?
