El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni viene sosteniendo, en diversos seminarios yentrevistas periodísticas, su posición favorable a la inconstitucionalidad de la penalización de latenencia de drogas en cantidades adecuadas para el consumo personal. Uno de sus argumentos es elmismo que hace tiempo está agitando el ahora jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: no criminalizar alconsumidor. Pero el ministro del máximo tribunal agrega, como fundamento, que la Constituciónprotege las acciones privadas de las personas. En ese sentido, distingue –por ahora– elconsumo que se lleva a cabo en una casa, respecto del consumo que es ostentado en una plazapública, por ejemplo.
La protección de las acciones privadas es un objetivo loable y el argumento podría haber sidoválido, si la misma cláusula constitucional que el magistrado invoca no aclarara que se refiere a“las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moralpública, ni perjudiquen a un tercero”. Y, también, si el propio juez Zaffaroni –en suobra jurídica– no considerara inimputables a quienes cometen un delito mientras sufren algunaalteración transitoria de su conciencia, como la que provoca el alcohol o una intoxicación–¿por qué no los narcóticos?– aunque esa perturbación la cause el propio delincuente así mismo, con el objetivo específico de estimularse para matar, robar, violar o herir a otraspersonas.
La sociedad debería conocer la situación de impunidad que se generará, a partir del triunfode esta posición, no sólo para el tráfico de estupefacientes, sino para delitos contra la vida ycontra la integridad física y sexual.
La tenencia para consumo no será penalizada y el delito que se cometa mientras el autor estédrogado también podría llegar a quedar impune, a causa de estas teorías. ¿Cómo puede entonceshablarse de acciones privadas que no ofenden el orden público?
Por otro lado, llama la atención el interés de emitir, a toda costa y con urgencia, unasentencia contra la penalización de la tenencia de drogas para consumo.
En un reciente reportaje de Página/ 12, una periodista preguntó al juez Zaffaroni por qué laCorte cambió el caso sobre el cual iba a dictar un fallo de esas características, ya que primerotenía previsto decidir sobre la situación de dos jóvenes a quienes sorprendieron con cigarrillos demarihuana en el bolsillo y, después, el tribunal se dedicó a otro caso que involucraba a gentefumando en una casa.
El magistrado respondió que, como la ley establece una pena muy corta, casi todas las causasque llegan a la Corte están prescriptas. Entonces, tuvieron que demorar la sentencia hastaencontrar una causa que les permitiera decidir sobre el fondo de la cuestión.
Por tanto, está claro que, al menos para el entrevistado, el objetivo no era resolver un casodeterminado que le había llegado, sino encontrar uno que le permitiera fijar una política que teníade antemano.
Esta impresión se refuerza cada vez que el juez Zaffaroni deja trascender que no se irá a laactividad política sin antes dictar una sentencia que, de hecho, signifique la despenalización dela droga para consumo.
¿Cuál es el interés de decir “despenalizo la droga –en ciertas condiciones–y después, quizá, me voy a la política”?
Algo no muy diferente preguntó la periodista de Página/12: “Entonces ¿cuál es lanecesidad de pronunciarse sobre el tema?” (ya que prácticamente no hay condenas). Y ahí, eljuez Zaffaroni reveló el fondo de la cuestión: la necesidad de evitar la intervención policial–y habría que decir también judicial– en un ámbito privado; impedir allanamientos,secuestros de tóxicos e interrogatorios.
¿Cómo hará un juez para saber, de antemano, si en una casa hay 10 gramos de cocaína o unatonelada? ¿Esto no tendrá el efecto, de amedrentar a los jueces y a la Policía para investigar eltráfico de drogas? ¿Y qué ocurre con el tráfico “hormiga”?
Demasiadas dificultades para tanto apuro.
*Abogado y escritor.
