Con la convocatoria presidencial a los gobernadores afines para este lunes en Olivos, lapolítica impositiva volverá a colocarse en el centro de la escena, como lo viene siendo en lasúltimas semanas desde diferentes frentes, con distintas motivaciones y de una manera absolutamenteinconexa.
Para un contribuyente, el peso de los impuestos nacionales y provinciales más las tasas ycontribuciones municipales es uno solo, pero a los dirigentes que toman las decisiones sobre esosgravámenes parece costarles entender una realidad tan evidente y prefieren encarar -si es que loencaran- un análisis limitado a un impuesto o una jurisdicción en lugar de ver a toda la estructuratributaria en su conjunto.
La coparticipación parcial o plena del impuesto al cheque enfrenta a oficialistas yopositores, que hasta el momento discuten el problema en todos los ámbitos menos en el quecorresponde, falta de quórum mediante. Como si estuvieran en otra dimensión, en el Gobierno de laCiudad de Buenos Aires se intenta imponer un nuevo aumento en el ABL, sumado al que Mauricio Macriacordó con su predecesor Jorge Telerman antes de asumir. Por otro lado, el ministro Amado Boudoudesairó a la Corte Suprema y a la provincia de Santa Fe al no concurrir a un audiencia por ladetracción del quince por ciento de la coparticipación, dispuesta hace casi dieciocho años parafinanciar la transición hacia un sistema previsional que ya no existe. El cuarto elemento de estacomedia de enredos la dio el presidente del PJ, Néstor Kirchner, convocando a los gobernadoresafines a discutir, en algún momento del año, una nueva ley de Coparticipación, para lo que seformaría una comisión especial.
No hace falta recordar qué decía el fundador del Justicialismo sobre el sentido de lascomisiones. Simplemente alcanza con señalar que ya en mayo de 2003, poco después de ser electopresidente, Kirchner convocó a la misma (no) discusión. Y que nadie se inmuta por vivir en un paísen estado de violación constitucional desde hace más de trece años, si se tiene en cuenta que ladisposición transitoria sexta de la Carta Magna de 1994 obligaba a aprobar una nueva ley deCoparticipación "antes de la finalización del año 1996".
Tampoco es agradable repasar la infinidad de cursos, seminarios, jornadas y congresos deeconomistas, funcionarios y legisladores que desde entonces lanzaron mil y una propuestas en esesentido: siempre se plantea el tema como si nada hubiera ocurrido.
El viejo debate entre "lo urgente y lo importante" atraviesa desde siempre todas lasmodificaciones de la estructura tributaria argentina. ¿Hace falta aclarar que la urgencia se impusosiempre? La historia parlamentaria ha dejado más de un ejemplo en que aumentos en alícuotastuvieron que aprobarse en tiempo récord para que la ley se publicara en el Boletín Oficial antes defin de mes, por no hacer referencia a los impuestos "transitorios" que se eternizan porgeneraciones. No es una exageración, Ganancias -nacido como impuesto a los Réditos- surgió hace 78años como gravamen transitorio. El mes que viene, el impuesto al cheque cumplirá sus primeros nueveaños en su segunda versión. La primera había sido derogada en 1992 por ser considerada "distorsiva"por Domingo Cavallo, el mismo ministro que lo relanzó nueve años después. Quizás ningún otroimpuesto resuma como este el triunfo de la urgencia sobre la importancia. Nació con una alícuotadel 0,25 por ciento y como pago a cuenta de Ganancias. Al poco tiempo la alícuota subió al 0,6 porciento y dejó de ser tomado como pago a cuenta. Todos, absolutamente todos los que participan de ladiscusión sobre su coparticipación, reconocen que el impuesto desalienta la bancarización y laformalidad, pero nadie propone su derogación.
Pero al margen de la conveniencia o no de establecer determinado impuesto, la desconexión entrela Nación y las provincias a la hora de debatir la política impositiva lleva a situacionesabsurdas. En una sociedad que soporta la carga tributaria más alta de su historia y que, sinembargo, no parece ser suficiente para financiar el gasto consolidado, ¿se puede hablar demodificar impuestos provinciales sin tocar la estructura nacional, o viceversa? La pregunta apuntadirectamente a la falta de conexión en las discusiones sobre el ABL porteño y la coparticipación delos impuestos nacionales. Como rezago de otro debate inconcluso (el de la autonomía) el ABL hacelas veces del equivalente al inmobiliario urbano de las provincias, si bien desde el punto de vistadel Derecho tributario no es exactamente lo mismo. El debate se puede hacer extensivo a cualquierprovincia en la que se plantee un incremento de los impuestos propios, algo que ya pasó a fines delaño pasado en varias jurisdicciones y volverá a pasar en tanto no se resuelvan los apremiosfinancieros de los estados del interior.
En este punto hay que tener en cuenta que, por sus diferentes modalidades de cobro, hayimpuestos que parecen tener mejor "prensa" que otros. Los contribuyentes del Inmobiliario, ABL oPatentes saben cuánto tienen que pagar, porque el importe está impreso en las boletascorrespondientes. No es el caso del IVA, por ejemplo, que se paga en diferentes operacionescomerciales sin que se discrimine cuánto del precio total corresponde al impuesto. Asimismo, losprimeros impuestos son valores fijos y la alícuota del IVA es un porcentaje, por lo que surecaudación aumenta en forma automática y proporcional a la de los precios del bien o serviciogravado.
El lector podría obviar esta engorrosa y tediosa explicación con la simple tarea de comprobarcuánto paga en cada caso. Las diferencias varían según la jurisdicción y el valor de los inmuebles,pero más de uno se llevaría la sorpresa al observar que paga casi veinte veces más de IVA que deABL o Inmobiliario.
La dos discusiones, pues, no pueden abordarse por separado. Un aumento del Inmobiliario no puedeaprobarse sin plantear una rebaja equivalente de los impuestos nacionales. Pero como esto a su vezafectaría el financiamiento del Estado nacional, los dos debates deben realizarse dentro de unomayor y englobador, que es el de la coordinación de la estructura impositiva nacional con las decada una de las 24 jurisdicciones. Una discusión que siempre se anuncia y nunca se lleva acabo.
(*) Agencia DYN
