La noticia del cierre del primer semestre con un déficit financiero de 1.734 millones de pesosmarcará el inicio y desarrollo de las discusiones entre el Gobierno, las provincias y los distintossectores económicos en el marco del publicitado diálogo.
Sería difícil para la Casa Rosada encontrar una combinación más desfavorable: un gobiernopolíticamente débil, después de una derrota electoral con quince puntos porcentuales de retrocesoen menos de dos años, deberá enfrentar sin recursos las demandas sectoriales que en conjunto, deser atendidas, representan decenas de miles de millones de pesos.
Para tener una dimensión de la catástrofe fiscal que Carlos Fernández le dejó de herencia aAmado Boudou, la diferencia entre el superávit financiero del primer semestre de 2008 y el déficitdel mismo período del presente año fue de 15.119 millones de pesos. Como señaló un economista, eltándem Kirchner-Moreno (verdaderos conductores de la política económica del Gobierno) se limitó acambiar al gerente de Relaciones Institucionales del Palacio de Hacienda. En su primera conferenciade prensa, Boudou perseveró en la línea oficial de presentar como buenas las malas noticias ydestacó que el superávit primario fue de 909,7 millones de pesos. La cifra esconde una caída del65,6 por ciento y, también, la realidad que todos los secretarios de Hacienda que en vida han sidose encargaron de disimular. Computar el resultado fiscal como si los pagos de intereses de la deudano hubieran existido (en definitiva, eso es el resultado primario) es tan ilusorio como presentarcomo despejado al cielo si no se tienen en cuenta las nubes. Con el agravante que, en medio de lapuja distributiva que se avecina, la lluvia no será pasajera.
Más allá de las puestas en escena de las reuniones y sectores convocados y no convocados, lo quese avecina se asemeja a la peor de las pesadillas que Boudou y Pezoa sospecharon tener, conreclamos de aumentos salariales, rebaja de retenciones, reintegros atrasados, mejoras en laCoparticipación y hasta suspensión de cobros de impuestos nacionales y provinciales para afrontarlos perjuicios económicos de la Gripe A. Todos los pedidos tienen su debida justificación, pero lacaja ya no es la de antes. Y lo que es peor, los gobernadores y la dirigencia sectorial viene dandomuestras de haber perdido el temor reverencial a un kirchnerismo que viene entregando jirones depoder de manera inversamente proporcional.
Por si fuera poco, las disputas internas en la CGT prometen una carrera entre "moyanistas" y"gordos" para encontrar una mejor posición de cara a una eventual renovación de autoridades.Carrera en la que la moderación en los reclamos salariales no es lo más recomendable para resultarvictorioso. Con un aditamento para la Nación y las provincias: los dos gremios estatales conrepresentación nacional (ATE en la CTA y UPCN con los "gordos") no responden a la conduccióncegetista. Un coctel en el que deben terciar los gobernadores, que a su vez empiezan a levantar lavoz en sus pedidos de una mayor coparticipación.
En esta negociación, las provincias juegan un papel similar al de los consorcistas en lasparitarias de porteros, ya que no participan de las discusiones ni deciden los porcentajes deaumento, pero a la postre son las que deben pagarlos mes a mes. Pero si en los edificios elproblema puede resolverse con una suba de las expensas, los gobernadores están sometidos a unadistribución de la coparticipación que desde hace más de un año crece a un nivel inferior al de lainflación, variable que los trabajadores tienen en primer lugar para discutir las recomposicionessalariales. A grandes rasgos, el esquema de debate salarial en el sector público se repite año trasaño con la siguiente característica básica: el Estado nacional fija la pauta salarial, pero son losprovinciales los que deberán hacer frente a las erogaciones, toda vez que desde hace tres décadasson responsables de la mayor parte de los servicios de Salud y Educación. Para expresarlo con laclaridad de los números: por la diferente participación de las remuneraciones en el presupuestototal, a las provincias el pago de aumentos salariales le representa un esfuerzo hasta cuatro vecesmayor que a la Nación.
La tensión que genera este desfase jurisdiccional entre recaudación y gasto causó más de unproblema en tiempos de bonanza (el ex ministro de Economía bonaerense Gerardo Otero puede dar fe deello) y con más razón representará muchas complicaciones en situaciones como la actual, en la quese prevé que por lo menos veinte de los veinticuatro distritos concluirán 2009 con déficit (inclusoprimario), algunos hasta con dudas acerca de la continuidad de sus autoridades.
Resulta paradójico que el principal problema pase por protagonistas que no forman parte delConsejo Económico y Social, como son los gobernadores. Pero en tiempos de déficit fiscal,disimulado cada vez con menos elegancia, las finanzas provinciales afectarán de lleno al resultadoconsolidado. En cuanto a los que sí tendrán una silla en el Consejo, las demandas ya señaladas noson menores. En el frente rural, una eventual rebaja en las retenciones al trigo no tendrá unefecto significativo por razones más matemáticas que económicas: cualquier porcentaje de cero, dapor resultado cero. No es lo mismo en el caso de la soja y el girasol, con miles de millones dedólares en danza. En el caso de los reintegros a los exportadores industriales, los reclamos rondanlos 1.500 millones de pesos de retrasos en los pagos en lo que va del año. Y si se hiciera caso alpedido de postergar el pago de impuestos de los comercios mientras dure la gripe A, el problema yano será el déficit sino directamente la imposibilidad de hacer frente a las erogaciones máselementales.
Boudou y Pezoa hacen las cuentas conscientes de que los tiempos de la caja generosa han quedadoen el recuerdo. Y que, más allá de las consideraciones políticas, desde el antipático rol deresponsables de la hacienda pública no les queda más remedio que reforzar el cierre de losbolsillos con doble costura.
(*) Agencia DYN
