Tras las elecciones del 28 de junio, llegaron los tarifazos en la luz y el gas y, con ellos(que implican aumentos de entre el 500 y el 700 por ciento), no sólo llegaron cientos de quejasdiarias a la Defensoría del Pueblo de la Nación, sino que el organismo realizó múltiples acciones judiciales por considerar ilegales las normativas que hicieron efectivaslas subas.
"Desprolijidad, improvisación y falta de criterio aparecen aunados en el tratamiento de losusuarios de los servicios de gas y electricidad. Aclarados tales extremos, cuadra indicar que el actual escenario en los servicios de gas y electricidad es crítico. Ello todavez que nos encontramos frente al peligro de inminentes cortes ante una eventual modificación de lasituación judicial y existe una situación de desconcierto e incertidumbre que provoca reclamos permanentes por parte de losusuarios", destaca el informe de la Defensoría.
Los aumentos fueron aprobados el año pasado,pero habían sido congelados hasta las elecciones legislativas. Con las boletas de energía deeste mes, llegaron las primeras sorpresas, sobre todo para aquellos usuarios que consumieron 1.000Kwh o más, gracias a la resolución 628/08 del ENRE, con el que se aprobaron los nuevos cuadrostarifarios de las empresas Edenor, Edesur y Edelap.
Más grave aún es lo que sucede con el aumento del gas, que responde a un nuevo impuesto para cubrir la inyección de combustible del exterior cuando sea necesariogarantizar el abastecimiento interno, sea a través de Bolivia o del gas natural líquidoque llega por barco a Bahía Blanca. Lo pagan los hogares que consuman más de 1.800 metros cúbicosanuales y quedan excluidas las industrias y los comercios.
"La aplicación de tales normas derivaron en desmesurados aumentos en los valores de las facturas de los servicios de electricidad ygas, arrojando montos irrazonables desde el punto de vista económico; constituyéndose, enconsecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos ennuestra Constitución Nacional", destaca el informe de la Defensoría nacional.
Por esta razón, el organismo promovió acciones judiciales cuestionando estas normativas.“Puntualmente, el cargo tarifario impuesto en el servicio de gas es inconstitucional toda vez quevulnera el principio de reserva de ley garantizado por la Carta Magna en la creación de tributos,competencia que está exclusivamente en cabeza del Congreso de la Nación en el ejercicio de lafunción legislativa”, informó en un comunicado.
Por otra parte, la Defensoría destacó que “existen fallos dictados por la JusticiaFederal de las provincias de Salta, Jujuy, Chubut y Tucumán que habilitan a los usuarios a pagarlas facturas del servicio de gas natural excluyendo el cargo cuestionado”. Y agregó:“Así las cosas, existe claramente una situación de desigualdad en el universo de usuarios delservicio de gas natural por redes”.
La Defensoría también presentó una medida cautelar por el incremento eléctrico y, según señaló en el informe,“la Justicia ordenó a las distribuidoras del servicio se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la faltade pago de las facturas emitidas en base a las Resoluciones discutidas en el pleito, hastatanto se pronuncie la sentencia definitiva”.
