Uno de los deportes preferidos de la política argentina es el reclamo por una nueva ley deCoparticipación. El dirigente que lo realiza -por lo general autoridad provincial o candidato a uncargo de relevancia- lo puede hacer con la certeza de no correr el menor riesgo: sabe que ladeseada ley no va a salir (hace doce años que se está violando un mandato constitucional en esepunto y nadie se inmuta) y, además, queda ante su electorado como un defensor de los derechosfederales.
Pero los tiempos que corren dan motivos más que valederos para insistir con el reclamo. Paradecirlo en términos más que claros: la distancia entre los porcentajes de coparticipación fijadosen la ley de 1988 y los vigentes en la actualidad marca la diferencia entre el déficit y elsuperávit en las cuentas públicas. Las de las provincias y las de la Nación.
Diez de los doce meses del año pasado transcurrieron en medio de una puja sobre lasretenciones a los granos y sus múltiples derivaciones. Una de ellas apuntaba al corazón de lasrelaciones fiscales argentinas: las retenciones no sólo no se coparticipan, sino que a su vezafectan a la base imponible de Ganancias, que sí se distribuye entre Nación y provincias. Quizásesa sea la razón principal del mantenimiento de un esquema tributario que pasó a constituirse en lagarantía del más acérrimo centralismo de las últimas décadas: en veinte años, el porcentaje derecursos a repartir entre las provincias cayó del 57 a menos del 30. Y ese centralismo cobró nuevosbríos con la decisión del Gobierno nacional de declarar la Emergencia Agropecuaria pero sin cederni un milímetro en las retenciones. Como se señaló, estas últimas no se coparticipan, cualquierrecorte afecta exclusivamente a las arcas nacionales. No es el caso de los tres impuestoscomprendidos por la Emergencia (Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales), de losque las provincias deberán costear el 46 por ciento de los 5.000 millones de pesos de pérdida derecaudación. "A nivel provincial, Buenos Aires recibirá 337,7 millones de pesos menos producto dela reforma, seguida por Santa Fe ($191,1 millones) y Córdoba ($188,3 millones), de manera que estas3 jurisdicciones afrontarían cerca del 35 por ciento de la pérdida de recursos provinciales porcoparticipación", destacó al respecto la consultora Economía y Regiones.
Los números de ese sesgo centralista muestran la existencia de un país con dos realidadesdiferentes, como ser un Estado nacional superavitario (con los consabidos "pero...", massuperavitario al fin) y provincias que año tras año profundizan su déficit. Las proyecciones que alrespecto elaboró la ER&R dan cuenta de un déficit financiero de 600 millones de dólares en 2007que pasó a 3.040 millones en 2008 y, en el mejor de los casos, llegará a 6.300 millones alfinalizar el presente año. Más allá de las malas administraciones que pudieron haber en variasprovincias, la duda que tienen varios gobernadores pasa por saber cómo habrían evolucionado esascuentas si se hubiesen respetado los porcentajes de distribución primaria del régimen deCoparticipación.
Para no caer en un análisis de corto plazo, debe tenerse en cuenta que los tironeos alreparto de recursos entre la Nación y las provincias no comenzaron con el kirchnerismo. Mucho antesdel 25 de mayo de 2003, el régimen de coparticipación había tenido tantas modificaciones que susdisposiciones originales quedaban absolutamente desvirtuadas. Cualquier consulta a un archivomostrará una realidad invariable, consistente en una reunión de gobernadores en la sede del ConsejoFederal de Inversiones, un acuerdo con el Gobierno nacional que supuestamente pone fin a lasdiscusiones y quince días después se reinician los reclamos, lo que da pie a un nuevo encuentro degobernadores y a la continuidad del círculo vicioso. Que la puesta en escena se haya modificado noimplica que los motivos de reclamo hayan desaparecido. Simplemente, las formas de acuerdo hancambiado. Si es que se puede llamar "acuerdo" a una relación entre un Estado nacional cada vez máspoderoso y provincias cada vez más dependientes de la "caja".
Y ese es el verdadero talón de Aquiles de todos los regímenes de coparticipación que sesucedieron desde 1935 hasta la actualidad: no hay posibilidad de que todas las jurisdiccionesparticipantes queden conformes porque el mecanismo es intrínsicamente negador del federalismo, apesar de su pomposa denominación. En la medida que quienes participen del debate lo haganconvencidos de que federalismo es repartir recursos desde Plaza de Mayo, sólo queda por acordar silo que se distribuye es mucho o poco, sin ir al meollo de la cuestión: el ABC del federalismoindica que son las provincias las facultadas para establecer y recaudar impuestos.
La provincia de Buenos Aires viene mostrando por estos día la consecuencia de un esquema quepor más de siete décadas la condenó, más allá del subibaja de los porcentajes obtenidos, a recibirmenos de lo que aporta. Es la necesaria contrapartida de otras provincias en la que se da lasituación inversa, pero en ningún caso se puede asegurar que es reparto les haya dado a estas mayorsolvencia financiera e independencia económica del poder central. Apenas transcurrido el primer mesdel año, desde la provincia gobernada por Daniel Scioli ya se hicieron notar algunos reclamos enlos que subyace el señalado desfase entre lo aportado y lo recibido. El ministro de Justicia,Ricardo Casal, reclamó que la recaudación del impuesto al cheque se coparticipe conforme a loestablecido en la ley 23.548.
El pedido apunta a necesidades financieras de una provincia con dimensiones geográficas yeconómicas superiores a muchos países del planeta, pero que periódicamente debe recurrir a laasistencia financiera de un Estado nacional que se apoderó de sus recursos.
De eso pudieron dar fe hace dos años el entonces gobernador Felipe Solá y su ministro deEconomía Carlos Fernández, virtual interventor de emergencia ante el creciente déficit de laprovincia. Seguramente Scioli no tendrá que esperar al final de su mandato para pedir un auxiliosimilar.
Una provincia que reclama asistencia financiada con los recursos que ella misma aporta.Cualquier semejanza con una persona que para comprar un automóvil o un calefón debe solicitar uncrédito financiado con sus aportes jubilatorios, es pura coincidencia.
(*) Agencia DYN
