Venezuela parece encontrarse en una suerte de vertiginosa carrera, en la cual el gobierno deHugo Chávez va poniendo a prueba las diferentes resistencias democráticas de la sociedad. Enmateria de libertad de expresión, por ejemplo, un punto de quiebre fue el cese del canal RCTV en laseñal abierta, en mayo de 2007. Hoy parece existir una nueva estrategia, si nos guiamos por loshechos recientes que han afectado al canal crítico Globovisión; la orden de detención de supresidente o la intervención del banco de uno de sus accionistas, reflejan que las acciones noestán conducidas directamente contra los medios, sino que se apelan a mecanismos para presionar,chantajear o vilipendiar a propietarios o directivos de aquellas empresas periodísticas incómodas.
Tratemos, sin embargo, de que un árbol no nos impida ver la totalidad del bosque. Cuando sehace un balance general en materia de libertad de expresión, la Venezuela gobernada largamente porHugo Chávez no parece pasar la prueba, si nos guiamos por un reciente indicador con diez aspectosesenciales para el desarrollo de este derecho humano fundamental. Los ítems emanaron de una reuniónde relatores de la libertad de expresión, entre los cuales estaban representantes tanto de la OEAcomo de ONU. Repasemos estos aspectos y su relación con Venezuela.
En primer lugar aparece el uso de “mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobrelos medios de comunicación”, y es justamente una materia en la cual el gobierno venezolanopodría dar lecciones de cómo ir achicando la libertad de acción de los medios a través de diversosesquemas de restricción, por ejemplo con el manejo discrecional de la publicidad oficial y laentrega y revocatoria de concesiones de radio y televisión.
La existencia de la “difamación penal” es el segundo aspecto de la lista, y nopuede obviarse que este recurso no sólo fue ratificado por la actual Asamblea Nacional en 2005,sino que también se ampliaron las penas de cárcel al aprobarse la reforma del Código Penal. Elpasado 11 de junio un juez del estado Carabobo, al centro de Venezuela, dictó una singularsentencia, amparándose en dicho instrumento. De esa forma, el juez inhabilitó política yprofesionalmente a Francisco “Pancho” Pérez, un columnista con una trayectoria de 40años, porque éste denunció la presencia de la esposa y del hijo del alcalde en la nómina de laAlcaldía de la ciudad de Valencia.
Una tercera categoría de evaluación está en la “violencia contra periodistas”,aspecto que ha tenido este país, a lo largo de una década, incontables expresiones de lo quepodríamos denominar como violencia de baja intensidad, pues no tiene como objetivo asesinar a loscomunicadores, tal como ocurre en México, sino que son hechos –igualmente violentos- pero quepersiguen amedrentar a sus víctimas. De acuerdo con diversos estudios, se registraron más de 600hechos de esta naturaleza contra periodistas en el lapso 2002-2009.
Un cuarto punto en el cual Venezuela sale reprobada es en relación a los “límites alderecho de acceso a la información”. Se trata de que los ciudadanos cuenten con laposibilidad de acceder a la información en manos de los poderes públicos, sin ningún tipo derestricción. En este campo se han registrado notables retrocesos, incluso llegando al punto denegarle el acceso de periodistas a las ruedas de prensa oficiales. Un quinto ítem tiene que ver conla “discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, y acá cabeacotar que pese a un discurso gubernamental que en teoría busca la inclusión social, en materia deexpresión y acceso a los medios no hay cambios sustantivos: mujeres, minorías, refugiados, personasindígenas y minorías sexuales, siguen sin ejercer plenamente sus derechos comunicativos, incluso enlos medios del Estado.
El punto seis de la prueba se refiere a las “presiones económicas” contra losmedios, para variar sus líneas editoriales. Es un punto que tradicionalmente se ha identificado conlos consorcios privados, pero en Venezuela tales presiones provienen hoy fundamentalmente delsector oficial que aplica decisiones políticas para favorecer o castigar a los medios con laasignación de la publicidad del Estado.
En séptimo lugar aparece el “apoyo a emisoras públicas y comunitarias”, que enVenezuela sí se produce en términos económicos, pero condicionado por la agenda política, con locual la mayoría de estos medios, que debería servir a comunidades, en realidad están al serviciodel gobierno. En el documento seguidamente aparece la relación entre “seguridad ylibertad de expresión”, pues históricamente se ha colocado como excusa la seguridad nacionalpara restringir la expresión, cuestión que ha cobrado fuerza en Venezuela en los últimos meses, conalgunos procesos judiciales.
En los dos puntos finales de la lista, del deber ser, “libertad de expresión enInternet” y “acceso a tecnologías de información y comunicación” la valoración deVenezuela puede tener visos positivos, aunque con riesgos especialmente en materia de libertades.Ha habido ciertamente una expansión en el uso y acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, y enello el gobierno de Chávez ha hecho esfuerzos, pero al mismo tiempo importantes funcionarios dejanentrever la necesidad de que haya más controles sobre lo que se opina e informa en la red.
Al evaluar estos diez aspectos, en su conjunto, caben pocas dudas: Venezuela está reprobada.El gran perdedor es el ciudadano que se ve privado de ejercer a plenitud este derecho humano quecomprende tanto la posibilidad individual de expresarse sin temores como la libertad de la sociedada informarse sin ataduras.
(*) Coordinador del Programa "Comunicación Política y Libertad de Expresión" de la UniversidadCatólica Andrés Bello (UCAB, Venezuela) y Miembro del Consejo Académico de CADAL.
