A pesar de crear un fondo de asistencia por $500 millones, la ley sancionada para atender laemergencia agropecuaria por la sequía será recordada por el veto que recibió la quita de lasretenciones para los productores más castigados de 37 distritos bonaerenses establecida en sucuarto artículo.
En rigor, la exención total o la disminución del 50% en los derechos de exportación de esoschacareros, según su encuadre de explotación en zona de desastres o emergencia, tenía un costo bajopara el Gobierno y por un tiempo limitado. Se calcula un monto de u$s 200 millones en los seismeses de duración que hubiera tenido la medida excepcional, acotada sólo a una determinadaubicación geográfica, contra una recaudación semanal promedio sólo por retenciones a la exportaciónde granos y subproductos de u$s 85 millones. Esa es la cifra que dejaría de percibir el Estado tras ladecisión de la Mesa de Enlace de decretar un nuevo paro, en cuanto dejen de llegar productos a losacopios y las cerealeras.
Prolongada en el tiempo -algo que se teme pueda volver a suceder tras el antecedente del añopasado del largo paro por tiempo indefinido- en menos de tres semanas el Gobierno dejaría de recaudar lo mismo que le acaba de negar alsector en la provincia de Buenos Aires.
La nota completa puede leerse en laedición impresa de la Revista Fortuna.
