Los sectores más progresistas del kirchnerismo siempre se entusiasmaron con la salida del Centro de Arbitraje de Diferendos de Inversión (Ciadi) y de los tratados bilaterales de inversión. Anteayer, mientras el Gobierno anunciaba por lo bajo el acuerdo con cinco empresas para el pago de sentencias en el tribunal arbitral del Banco Mundial, en una reunión del Plan Fénix, el grupo de economistas que sirvió de base para ‘el modelo’, insistían con ese pedido.
Entre las debilidades para la próxima década, el científico Diego Hurtado enunció –en el marco de los cien años de la Facultad de Ciencias Económicas– la necesidad de cortar con los 54 acuerdos bilaterales de inversión “que atan al país al Ciadi”. A él se sumó la economista Marta Bekerman, especialista en industria y microcréditos, que también reclamó “la revisión” de los acuerdos bilaterales y la permanencia en el Ciadi, con el ejemplo de Ecuador como país que abandonó los tribunales arbitrales.
Con las negociaciones del Gobierno, atrás quedó el discurso de la ‘extorsión’ del Ciadi, al que adhieren las bases del kirchnerismo que ahora se reconvierte y plantea que hay que analizar “la relación costo-beneficio”.
Ayer, el establishment local apoyó “la plena normalización de las relaciones financieras internacionales para consolidar el acceso a los mercados y fomentar la inversión”, según un comunicado firmado por la Unión Industrial, la Asociación de Bancos y las cámaras de Comercio y Construcción.

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