Nadie llega a la calle de un día para el otro. Se llega perdiendo, de a poco, todo lo que se daba por sentado: el trabajo, la casa, la rutina, la gente que contaba con vos”. Una publicación reciente de la Fundación Cultura de Trabajo comienza con algunas de estas reflexiones la presentación de un estudio en el que condensaron diez años de acciones orientadas a la inclusión laboral de personas en situación de calle o en peligro de estarlo. De los más de 2.400 casos atendidos en sus encuestas de admisión, el 44% declaró tener hijos a cargo. Y advierten que cada vez hay más en estas circunstancias.
Los resultados de este relevamiento reflejan también que el 17,8% de estas personas contaba con un título universitario o terciario, y que casi el 70% venía de trayectorias laborales informales. Sobre cómo ha cambiado en los últimos años la realidad de las personas que acuden a la fundación, su directora y cofundadora, María Eugenia Sconfienza, resaltó a PERFIL que han notado que tienen mayor grado de calificación, además de un incremento en la cantidad de casos con empleos formales a los que se les dificulta comer y pagar el alquiler. Según datos oficiales, el ingreso promedio de los asalariados formales fue de $1.375.143 en el primer semestre del año, y de $731.150 para los empleos precarios. La canasta básica total de una familia tipo en julio fue de $ 1.564.716.
Paralelamente, según el Indec, también aumentó la informalidad: 2,2 puntos porcentuales entre los primeros semestres de 2025 y 2026 (44,2%).
“Si sigue en estos niveles el círculo podría seguir reproduciéndose”, opinó Sconfienza. Y este círculo es mucho más cerrado para las personas que ya están en situación de calle y que enfrentan obstáculos “invisibles”, destacó. “Puedo nombrarte desde que no tener la ropa adecuada, no tener una dirección para poner el currículum, no tener dónde postularse porque no tenés celular, no tener carga en la SUBE y llegar tarde a una entrevista o muy temprano y desprolijo porque vas caminando”.
La organización prefiere hablar de “sinhogarismo ampliado” o exclusión residencial, conceptos mucho más amplios que el de situación de calle, porque incluyen a un grupo de personas que “combina estancias en la calle, pasos por hogares de tránsito y periodos en hoteles-pensión o piezas alquiladas en el mercado informal”.
El documento señala que, si bien estas no son estadísticas acabadas sobre la realidad en el país, sí ofrecen una caracterización profunda del sinhogarismo y su vínculo con el mercado de trabajo.
Existen otros análisis, como el de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, que en su trabajo más reciente explicó que “se observa una diversificación alarmante de perfiles”, incluidas familias enteras y personas que “nunca habían estado en calle”.
El Ministerio de Capital Humano realizó un relevamiento, que determinó que había un total de 9.421 personas en situación de calle en el país. Pero el estudio incluyó a 19 provincias (Buenos Aires quedó afuera) y no hay detalles ni acceso al documento completo. Desde la cartera respondieron ante la consulta de PERFIL que lo que hay es lo que se dio a conocer públicamente: un dato que cuestionan organizaciones como Proyecto Siete, que considera que la cantidad de personas sin techo en Argentina podría pasar los 370 mil.
