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Ladrillos con sello oficial: qué compraron los funcionarios beneficiados con los créditos del BNA

Más de mil “personas expuestas políticamente” accedieron desde 2024 a créditos hipotecarios preferenciales del Banco Nación. Entre ellos, funcionarios del “team” Caputo, diputados de LLA y el community manager de la Casa Rosada. Departamentos en CABA, una casa de 900 metros cuadrados en Tucumán y un lote en un country de Pilar fueron algunas de las compras. La causa por presunto tráfico de influencias sigue bajo secreto de sumario.

Ladrillos con sello oficial: qué compraron los funcionarios beneficiados con los créditos del BNA
Arriba: Juan Carreira, Federico Furiase, Felipe Berón, Felipe Núñez. Abajo, Mariano Campero, Pedro Inchauspe y Sharif Menem.
06-09-2026 | 04:16

Las nuevas declaraciones juradas de los políticos siguen generando noticias y análisis. Desde quién es el más rico, pasando por quién ganó y quién perdió frente a la inflación, ahora se suma el dato de qué compraron los funcionarios que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) a tasa preferencial. No son pocos: el programa “+Hogares con BNA” otorgó entre enero de 2024 y marzo de 2026 más de mil créditos hipotecarios a personas expuestas políticamente (PEP), una categoría que incluye a funcionarios, familiares directos y allegados con capacidad de decisión en el Estado.
La lupa judicial sobre este reparto de fondos públicos se activó tras una denuncia penal de la diputada Mónica Frade, quien acusó presunto tráfico de influencias y administración fraudulenta en el otorgamiento de los préstamos. La causa quedó radicada en tribunales federales bajo el juez Ariel Lijo, quien solicitó informes a la Auditoría General de la Nación (AGN) para revisar cada préstamo entregado a un PEP. Sin embargo, la Cámara Federal intervino para unificar las denuncias y desplazó a Lijo, delegando el expediente en la jueza María Romina Capuchetti. El pase de manos congeló la investigación, que hoy está bajo secreto de sumario: no hay imputados formales ni fechas de indagatorias, y tampoco se conoce cuándo la AGN entregará su informe final.
A raíz de esta investigación, cuyo puntapié inicial dio el sitio Letra P, sabemos que el primer beneficiado que salió a la luz fue Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, quien lo despidió al conocerse la noticia. El funcionario había recibido $198.723.538 para comprar un departamento de 93 metros cuadrados en CABA, valuado en $225.990.000. Pettovello luego cambió la versión y dijo que la salida se debía a cambios internos en el equipo y no al préstamo hipotecario.

Juan Carreira, alias Juan Doe en X y director de Comunicación Digital de la Casa Rosada -noticia esta semana por atribuir el alud en Nepal al comunismo chino, lo que le valió un correctivo diplomático de China-, compró en diciembre de 2025 el 50% de un departamento de 44 metros en CABA. Lo cotizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) en $96.200.000, aunque el préstamo del BNA fue por $170.332.299. Su patrimonio pasó de $23 a $120 millones en 2025: un salto del 421,74%, muy por encima de la inflación acumulada en ese período (31,5%).
El BNA también prestó $357 millones a Sharif Menem, sobrino del presidente de Diputados Martín Menem y director de su Secretaría Privada, quien compró en enero de 2025 un departamento de 60 metros en CABA por $339.522.273. A sus 24 años y sin experiencia laboral previa, su patrimonio saltó de $57,5 a $363,8 millones (+532%) en un año.
Entre los diputados de La Libertad Avanza, el radical Mariano Campero (Tucumán) compró en mayo de 2025 una casa de 992 metros en Yerba Buena por $301.932.800, con un desembolso inicial de $275 millones que, por la indexación UVA, ya figura como una deuda de $322 millones en el Banco Central. Lorena Villaverde (Río Negro), que no pudo asumir como senadora por su vínculo con Fred Machado, el empresario extraditado por narcotráfico, declaró una deuda de $223.349.030 con el BNA, aunque no incorporó ninguna propiedad nueva a su patrimonio en la última presentación.
En el entorno del ministro de Economía Luis Caputo también hubo créditos. Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Caputo, recibió $373 millones y declaró la compra de una casa de 389 metros en San Isidro por $191.599.800 en noviembre de 2024, aunque no la había registrado en su balance patrimonial de ese mismo año. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, obtuvo $367 millones a una tasa aproximada del 8%, pero su declaración jurada aún no figura en la OA. Aunque denunciaron la compra de una tercera casa. El subsecretario de Servicios Financieros, Felipe Berón, recibió $362 millones y compró en abril de 2025 un lote de 3.000 metros en el country “La Retama”, en Pilar, por unos 275.000 dólares. Y Pedro Inchauspe, director del BCRA, recibió $510 millones a una tasa del 12% y compró en enero de 2025 un departamento de 133 metros en CABA, valuado ante la OA en apenas $55.326.922: los $454 millones restantes quedaron como pasivo declarado.

Caputo no tomó ningún crédito del BNA, pero salió a defender a sus funcionarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo en una entrevista hace cinco meses, donde también opinó “bárbaro” de Adorni. En la Argentina de hoy, cinco meses equivalen a un siglo.
El programa “+Hogares con BNA” fue lanzado por el Gobierno en enero de 2024 para otorgar créditos hipotecarios a tasa preferencial en un mercado inmobiliario históricamente golpeado por la falta de financiamiento. Según el expediente judicial, la AGN debía auditar la totalidad de los préstamos otorgados a Personas Expuestas Políticamente, tarea que quedó suspendida tras el traspaso del caso de Lijo a Capuchetti. Por el momento, no se difundió la nómina completa de los más de mil beneficiarios.
El programa “+Hogares con BNA” fue lanzado por el Gobierno en enero de 2024 para otorgar créditos hipotecarios a tasa preferencial en un mercado inmobiliario históricamente golpeado por la falta de financiamiento.
Según el expediente judicial, la AGN debía auditar la totalidad de los préstamos otorgados a personas expuestas políticamente, tarea que quedó suspendida tras el traspaso del caso de Lijo a Capuchetti. Por el momento, no se difundió la nómina completa de los más de mil beneficiarios del programa ni el detalle de cuántos de ellos ocupan cargos públicos.

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