La Fiscalía Federal de Bariloche pidió revocar la prisión domiciliaria otorgada al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de liderar una organización con fines de trata de personas, y cuestionó con dureza la decisión judicial que todavía no se cumplió.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la resolución fue producto de una “valoración parcial, fragmentada y errónea de los elementos de convicción” y advirtió que incurre en una “clara y manifiesta arbitrariedad fáctica y normativa”. En ese sentido, insistió en que persisten riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga, y recordó que el imputado ya había intentado escapar en el pasado.
Del otro lado, la defensa del imputado, que todavía sigue alojado en la Unidad 6 de Rawson, defendió la decisión judicial y apuntó contra el núcleo de la acusación.
El abogado Martín Sarubbi sostuvo que la medida “comienza a corregir una situación que venía siendo claramente desproporcionada” y negó la existencia de riesgos procesales. “Hablar de fuga en este contexto es más una hipótesis que una realidad jurídicamente demostrable”, afirmó.
El letrado fue más allá y cuestionó la solidez del caso. “Después de más de un año de investigación, no existe una sola prueba directa que vincule a Konstantin Rudnev con los hechos imputados”, señaló, y agregó: “Sin prueba concreta, la acusación pierde sustento”.
En esa línea, destacó el testimonio de la mujer considerada víctima en la causa. “Afirmó que no fue víctima de ningún delito ni de ninguna persona. Sin víctima, la estructura del delito se vuelve insostenible”, sostuvo.
En cuanto a la demora en aplicarse la medida dispuesta, la defensa presentó un habeas corpus señalando que el atraso vulnera derechos básicos del detenido.
