Mientras el país se conmociona por el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, en la localidad de Copiapó, el gobierno chileno comenzó aavanzar contra otros yacimientos con irregularidades, para evitar que el accidente se repita.
El Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) ya clausuró 18 minas en la región deAtacama por falta de medidas de seguridad. Según el diario chileno El Mercurio , entre las irregularidades se cuentan: falta de proyecto de explotación, ausencia dechimeneas de ventilación, refugios subterráneos y de al menos dos vías de evacuación.
"Hay un antes y un después luego del derrumbe en la mina. Y ahora, como sector,estamos en el ojo del huracán", dijo al matutino Jorge Pavlevic, presidente de la Asociación Minerade Taltal. Unos 300 mineros ya quedaron sin trabajo por los cierres. Mientras tanto, elvicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería afirmó que hubo una "sobrerreacción" de parte del gobierno.
Por su parte, Hernán Cood, vicepresidente de la Asociación Minera de Caldera, explicó queantes del accidente, el Sernageomin daba plazos generosos para corregir las irregularidades, yraramente llegaba a cerrar una mina. "La idea era que el trabajo fuese progresivo y no una 'caceríade brujas'. Aunque me parece muy bien la preocupación por la seguridad, ahora al empresario que noesté cumpliendo a cabalidad las normas del Código de Seguridad Minera se le cierra la faenainmediatamente", agregó el dirigente a El Mercurio.
Los empresarios mineros ya comenzaron a reclamar recursos estatales para solventar las medidas de seguridad. "Una minapromedio requiere una inversión mínima de $20 millones; y para solventarlos, necesitamos acceder acréditos flexibles, además de recibir parte de los recursos del royalty minero que se han destinadoprincipalmente a innovación en tecnología", afirmó Pavlevic.
"Debieron haber cerrado la mina en 2008". La frase la pronunció el ex subdirectorde minería de Sernageomin, Patricio Leiva, en su declaración ante la comisión investigadora deMinería y Energía que se instituyó en el parlamento chileno.
La mina de San José ya había sufrido un accidente en 2007 que obligó a cerrarla. Al añosiguiente, se solicitó su reapertura y Leiva consultó si se cumplían los requerimientos deseguridad. Ante la respuesta afirmativa, el entonces funcionario autorizó la medida, informó eldiario La Tercera .
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