El abogado argentino Damián Loreti fue convocado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil para ser uno de los patrocinantes legales de una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff.
Hace una semana, la CIDH planteó su preocupación ante la destitución de la ex mandataria en un juicio político sobre el que “se plantearon cuestionamientos por irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso”, y avisó que la cautelar presentada seguirá bajo su análisis. En diálogo con PERFIL, Loreti afirmó que “el juicio a Rousseff violó la Convención Americana de Derechos Humanos”.
—¿En qué consiste su participación en la denuncia?
—Fui convocado para ser uno de los tres patrocinantes, junto a dos abogados brasileños, de los peticionantes ante la CIDH, que son tres diputados del PT. A su vez, ellos presentan como víctima a Dilma Rousseff, quien firmó su conformidad.
—¿Qué dice la presentación que llevaron a la CIDH?
—La presentamos antes de que se concretara la condena firme en el juicio político. Denunciamos violaciones a los principios de legalidad, a las garantías de debido proceso y a los derechos políticos, e interpusimos una cautelar para la restitución de Rousseff en el cargo. En ese momento ya había indicios claros de que el impeachment violó la Convención Americana sobre DD.HH.
—¿Existen antecedentes de una restitución así?
—Sí, ocurrió con el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La CIDH exigió que volviera a su cargo porque se habían violado garantías.
—¿Por qué ustedes dicen que se violaron las garantías de debido proceso?
—Entre otros elementos, por falta de motivación: muchas de las razones invocadas por los diputados que votaron la destitución no tenían nada que ver con los hechos juzgados. Eso se llama desviación de poder. También se violó el principio de legalidad: fueron objetados decretos que ya habían utilizado otros presidentes sin ser juzgados por ello.
