Como un balde de agua fría cayó la noticia de que una jueza norteamericana del Estado de NuevaYork (Ruth Ginsburg), ayer lunes suspendió temporalmente el plan que hace tiempo sevenía tejiendo para salvar a la Chrysler, que incluía la intervención del Estado Federal y la compra de los principales activos por parte de laitaliana Fiat.
Un Fondo de pensión de Indiana, que representa a policías y maestros, presentó una medida deamparo ante el juzgado neoyorkino por los 42 millones de dólares que éste tiene en juego y logró que la jueza ponga elacuerdo en el freezer, elevando el caso para que decida la Corte Suprema. Las quejas de losafectados tienen que ver con los bonos de deuda asegurada que tenía emitidos la Chrysler de más de 7 mil millones de dólares.
Si el máximo tribunal decide intervenir, es posible que el acuerdo se postergue por mucho tiempo. Si esto ocurre, la Fiat podría retirar su oferta y obligar algobierno a liquidar a la empresa, cerrando sus plantas. La compañía italiana había dado un plazohasta el 15 de junio para que la Chrysler solucione los problemas con los sindicatos y con losbonistas. Asimismo de intervenir la Corte, sus decisiones jurisprudenciales también podrían tenerimplicancias para los acuerdos anunciados para salvar a la General Motors.
Pero no solo en la Corte se discute el tema. También hay otros afectados que estánreclamando en el Congreso, especialmente las concesionarias de autos que se pretenden cerrar conlos planes anunciados. Las mismas están solicitando un cambio en la legislación para situacionesespeciales como esta crisis.
En el supuesto evento que la Corte no acepte la apelación, la jueza podría levantar lasuspensión y el acuerdo con la Fiat seguiría adelante, aunque la magistrada podría también dictaralguna norma adicional al respecto. La Chrysler se había presentado en concurso de acreedores elpasado 30 de abril, mientas que la General Motors hizo lo propio el 1º de junio.
Es claro que los planes de reestructuración propuestos por la Secretaría del Tesoro con laaprobación presidencial, ahora podrían chocar de frente con la Corte Suprema, si ésta decideintervenir para defender los derechos de varios de los inversores y tenedores de bonos de ambascompañías que ahora luchan a través de la justicia, para defender sus intereses.
(*) Especial para Perfil.com
