Desde septiembre de 2008, el juez español Baltasar Garzón está investigando los crímenesocurridos en su país durante la Guerra Civil y la dictadura del general Francisco Franco. Se tratade 114.000 desaparecidos o asesinados entre 1936 y 1937. El magistrado al principio argumentó que,por considerarse crímenes de lesa humanidad, no podían prescribir. Luego se excusó al reconocer quetodos los responsables ya estaban muertos y la Justicia se opuso a la investigación amparándose enla ley de amnistía de 1977
Si bien Garzón -célebre por perseguir a violadores de los derechos humanos como el fallecidodictador chileno Augusto Pinochet- recibió críticas por su intento de investigar el franquismo, noesperaba que la causa se volviera en su contra. El juez de la Sala Penal del Tribunal Superiorde Justicia de Madrid, Luciano Varela, lo acusó de " prevaricato", un delitoequivalente al incumplimiento de los deberes de funcionario público, por intentar juzgarcrímenes que ya habían sido amnistiados.
El juez Garzón pidió que la causa sea archivada y hasta reclamó que juristas internacionales acudan en su defensa. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Madrid tildó de "prematuro" el recurso del magistrado ydio via libre para que Varela l o siente en el banquillo de los acusados, ya que considera que "ni hay certezasobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificaciónacusatoria por prevaricación", según informó el diario español El País.
Ahora, Varela debe decidir si abre un juicio oral contra Garzón, contra lo cual el juezpodría presentar un último recurso. Si el juicio oral se lleva a cabo, Garzón sería automáticamente suspendido en sus funciones por el Consejo Generaldel Poder Judicial.
Como si fuera poco, Garzón sufrió un duro revés en el llamado Caso Gürthel, unainvestigación por presunta corrupción que involucra al derechista Partido Popular español y alempresario Francisco Correa. El juez había ordenado escuchas sobre los sospechosos, y el TribunalSuperior de Madrid dictaminó que las mismas fueron "ilegales" por vulnerar el derecho fundamental ala defensa, según el diarioespañol El Mundo.
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