Pronto, periodistas y medios de Venezuela pensarán dos veces antes de informar. El Congresovenezolano, que cuenta con mayoría automática oficialista, estudia desde el jueves la propuesta dela fiscal general de la Nación para sancionar “delitos mediáticos”. La iniciativa deLuisa Ortega Díaz, aplaudida por el presidente Hugo Chávez, contempla penas de prisión de hastacuatro años para quienes divulguen información “falsa” que produzca un “perjuicioa los intereses del Estado”. Y ya se sabe con la justicia chavista todo lo que puede sertildado de "falso".
El debate seguía abierto mientras miles de venezolanos se concentraban alrededor de las 34radios que fueron sacadas del aire por el gobierno. Las emisoras dejaron de transmitir ayer, luegode que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anuló sus licencias alegando motivosadministrativos. “Pueblo, madura, esto es dictadura”, gritaban los manifestantes, altiempo que rechazaban que “Venezuela sea la segunda Cuba”.
Bautizado como “ley mordaza” por sus críticos, el proyecto de la fiscalíacriminaliza la “manipulación o tergiversación de la noticia, generando una falsa percepciónde los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubierelesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moralpública”.
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