Respecto a la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil vía Argentina, ayer Diego Santilli tuvo que defender este asunto argumentando que acá no hubo ninguna clase de delito. Pero no se refirió específicamente a la participación de sectores del Gobierno.
Ahora aparece un nombre nuevo, aunque todo esto es relativo, por supuesto: Jason Miller, un funcionario del área de comunicación de Donald Trump que, según versiones publicadas en los diarios argentinos, habría participado junto con Santiago Caputo de esta operación de “extracción” de Flávio Bolsonaro desde Brasil, pasando por la Argentina, rumbo a Estados Unidos.
Trump, por su parte, encontró una explicación para cuestionar la elección brasileña. Está bastante ambiguo. Incluso dijo que va a hablar con Lula. Parece mentira que Trump hable con Lula y Milei no.
Trump planteó que había que mirar cómo reaccionaron los mercados después de la elección. Y, naturalmente, los mercados reaccionaron. Confían más en Bolsonaro que en Lula y, además, todo el mundo sabe que Lula va a enfrentar un problema económico importante.
Tiene un agujero fiscal considerable y va a tener que negociar con el bolsonarismo en el Congreso cómo ajustar la economía.
Brasil se suma así a una lista de países con problemas de déficit fiscal, como Estados Unidos o Francia. Pero acá aparece la Justicia argentina. Y esto empieza a convertirse en una cuestión muy política.
Una investigación llena de especulaciones
La jueza María Eugenia Capuchetti está investigando la asistencia que eventualmente pudo haber recibido Bolsonaro para salir hacia Estados Unidos. Hay todo un debate respecto de si existió algún delito o no.
Y después aparecen una serie de especulaciones imposibles de verificar. Que Lula sabía. Que Lula no sabía. Que cómo podía no saber que Bolsonaro estaba viajando hacia Iguazú. Que lo dejó escapar. Que se le escapó.
También se dice que Lula estaba molesto porque Alexandre de Moraes le había quitado los pasaportes y eso podía convertir a Bolsonaro en una víctima. Hay muchísimas versiones. Pero, por ahora, son especulaciones sin fundamento verificable.
La Justicia federal ordenó preservar las imágenes relacionadas con los movimientos de Bolsonaro y de quienes lo acompañaban, y le pidió al Gobierno que las conservara.
Al mismo tiempo, desde la Justicia de Misiones se entiende que no existía ningún impedimento para permitirle el ingreso a la Argentina. Y probablemente sea cierto.
Una cosa es una prohibición de salida dictada por un juez brasileño y otra es que esa prohibición estuviera formalmente notificada en la frontera argentina. Si no existe una notificación específica, presumo que Migraciones lo deja pasar.
Ahí aparece una situación bastante extraordinaria. Porque el perseguido es un personaje muy cuestionado y el perseguidor, Alexandre de Moraes, también lo es. Entonces uno puede construir prácticamente cualquier interpretación. Moraes le prohíbe a Bolsonaro salir del país. Bolsonaro sale. Por lo tanto, habrá incumplido una disposición brasileña.
Pero si la Argentina no tenía una notificación concreta que le impidiera ingresar, la cuestión desde este lado de la frontera es diferente.
La interna dentro del Gobierno
Después de la defensa que hizo Santilli, de la aparición del nombre de Jason Miller y de estas investigaciones judiciales, aparece además una interna dentro del propio Gobierno. Porque hay una comisión del Congreso que pretende investigar lo ocurrido. Particularmente, el eventual papel de la SIDE. Y ahí aparece una situación bastante curiosa.
La Comisión Bicameral de Inteligencia está presidida por Sebastián Pareja, un dirigente muy cercano a Karina Milei. El peronismo pidió detalles sobre el operativo que supuestamente facilitó la salida de Bolsonaro. Y esa investigación parlamentaria queda, entonces, bajo la conducción de Pareja.
Pero Pareja es adversario interno de Santiago Caputo. Y Caputo fue señalado como uno de los protagonistas de esta supuesta operación de “extracción”. Díganme si no es extraordinario.
Es decir: aparece una investigación sobre una eventual participación de organismos del Estado en el traslado de Bolsonaro y la comisión que tiene que analizarlo está presidida por un dirigente perteneciente a otro sector de la propia interna oficialista.
Habrá que ver cómo se dirimen estos conflictos dentro del Gobierno. Porque, hasta ahora, tenemos una investigación judicial, una investigación parlamentaria, versiones sobre la participación de funcionarios argentinos, el nombre de un hombre ligado a Trump y, al mismo tiempo, una interna doméstica alrededor de quién hizo qué.
Y muchas de esas cosas, por ahora, siguen siendo difíciles de verificar.
